Algunas encuestas ya lo habían revelado. Para la población de nuestro país, tanto en zonas urbanas como rurales, el gobierno de Dina Boluarte es peor que el de Pedro Castillo. Así lo reportó el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), en junio 2023. Para el 78% de personas encuestadas en esa ocasión, Boluarte era peor o igual que Castillo; a noviembre de 2024 la percepción ciudadana es más crítica aún con la autoproclamada “mamá de todo el Perú”. 

Si en esos tiempos la presidenta tenía una aprobación de 12% y su desaprobación era del 80%, ahora la aprueba apenas el 5%, y la desaprueba más del 90% a nivel nacional. 
Por eso no sorprende que el ex primer ministro de su gobierno, y corresponsable de las matanzas perpetradas entre diciembre 2022 y febrero 2023, Alberto Otárola, sostenga que el gabinete y gobierno de Boluarte “está peor que el de Castillo”. Aunque para el defenestrado premier la causa de los problemas de la presidenta es la existencia de un tinglado que la aísla y le hace creer que todo está bien, la verdad es que su decadencia empezó prácticamente al momento de asumir el gobierno, cuando Otárola era pieza principal en ese tinglado. 

Las acusaciones conocidas más recientemente tienen todos los visos de un ‘ajuste de cuentas’, pero nos equivocaríamos si creemos que el enfrentamiento se reduce a facciones corruptas del entorno de Dina Boluarte en las que destacan, de un lado, personajes mediocres como el ministro de Educación, Morgan Quero, su hermano, Nicanor Boluarte, y el ministro de Justicia, Eduardo Arana; y del otro lado, ladinos e inescrupulosos como Alberto Otárola y Karelim López. No, las hostilidades involucran a actores más poderosos, responsables también del pésimo gobierno que hoy tenemos. 

A estas alturas nadie puede negar que el desastre se lo debemos también, y creo que principalmente, a los grupos políticos que controlan el Congreso de la República. Si les conviniera, Boluarte sería echada en 48 horas, pero han decidido conservarla porque les garantiza seguir medrando del Estado al tiempo que avanzan en su propósito de envilecer las instituciones democráticas, metamorfoseándolas a su imagen y semejanza. 

Rehúsan investigar a Dina Boluarte no por pereza, sino por complicidad. Fuerza Popular (FP), Alianza Para el Progreso (APP), Acción Popular (AP), Perú Libre (PL), Bloque Magisterial (BM) y otros, protegen a la presidenta, aunque la detesten. Lo hacen para resguardar sus intereses. 

Que se le haya negado a la Comisión de Fiscalización del Congreso, presidida por el congresista Juan Burgos, de Podemos Perú, facultades para investigar el “cofre” y la presunta complicidad de Dina Boluarte en la fuga del líder de Perú Libre y condenado por corrupción, Vladimir Cerrón, es una muestra del descaro y doble rasero de dirigentes políticos que consienten a Boluarte lo que condenaron tratándose de Pedro Castillo. 

No es este un alegato a favor de Castillo, que sin duda fue un presidente inepto y corrupto, sino un razonamiento que apunta a visibilizar la responsabilidad de partidos políticos como FP, APP, AP, PL, BM, y otros, que sostienen a Boluarte pese a que su gobierno es peor que el de su predecesor. 

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