En Perú pervive fuerte, nada escondido, un salvajismo cultural abominable, está en nuestra raíz, nunca atendida, confrontada ni menos resuelta, es producto colonial y también una “heredad” prehispánica, hecha costumbre en nuestra era republicana; es un salvajismo cultural teñido de racismo y discriminación, pero, sobre todo, es cabal expresión de un etnocentrismo estructural e histórico.

La Reforma Agraria de Velasco, la agenda pendiente en América Latina- 24 de junio, día del campesino

Un día de octubre de 1975, sólo dos meses después que el General EP Francisco Morales Bermúdez desalojó de la presidencia del Perú al General Juan Velasco Alvarado, estábamos en el despacho del ministro de Agricultura, el General EP Enrique Gallegos Venero, una delegación de campesinos costeños y el suscrito, director general de Comunicaciones y Relaciones Públicas del Ministerio de Agricultura, cuando timbró el teléfono del despacho ministerial.

En las últimas semanas se han dado una serie de opiniones acerca de la situación que atraviesa la economía peruana. El punto de partida es el bajo crecimiento en los últimos años, que ronda en promedio alrededor del 2.5% del PBI -con una tasa negativa de -0.6% en el 2023-, lo que va a continuar en los próximos años. 

En días recientes ha circulado un comunicado titulado “La emergencia de un pacto de unidad”, firmado por destacadas personalidades nacionales, tanto de Lima como de las regiones. Es importante que las personas se manifiestan, en especial si dicen tener preocupaciones sobre la aguda deriva autoritaria de la política en el Perú. Sin embargo, cada manifestación establece una determinada relación entre táctica y estrategia.

En el silencio de los medios de comunicación occidentales, la semana pasada se han producido dos acontecimientos de significativa importancia planetaria. El primero es la decisión -histórica y de enormes implicaciones- de Arabia Saudí y del complejo de países Opec+ de abandonar el acuerdo económico suscrito con Estados Unidos en los años setenta (presidencia de Nixon), que preveía la compra del suministro de petróleo en dólares.

En un acto de insólita irresponsabilidad, dos ministros de Estado han emitido declaraciones que han dejado al país en un estado de perplejidad e indignación. Primero, el ministro de Educación y sus lamentables argumentos al señalar que las violaciones sexuales a menores de edad de la comunidad awajún, son “prácticas culturales”, en lugar de condenar un delito. Segundo, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, quien debería ser la principal aliada de las víctimas, terminó repitiendo los mismos términos de su colega momentáneo. 

La Constitución de 1979 consagró el fin de la censura en el Perú. Eso significó, entre otras cosas, el cierre definitivo de la Junta de Supervigilancia de Películas, que no era otra cosa que una oficina oficial dedicada a censurar en parte o por completo las obras cinematográficas cuyas imágenes y contenidos pudieran afectar “la moral y las buenas costumbres”, así como “evitar que se comprometa la defensa nacional, las buenas relaciones del Perú con otros países y/o la seguridad interna” (Ley de la Junta de Supervigilancia de Películas de 1974).

La política peruana hace tiempo se perdió en un laberinto complejo, peligroso y taponeado en sus salidas, sus promotores gozan de los acuerdos y enfrentamientos de los actores políticos encerrados en el mismo, es su circo; los líderes políticos se encuentran fuera de la estructura gubernamental nacional, pero mandan, dirigen y gobiernan mediante sus bancadas desde el congreso nacional. Nuestros gobernantes son los dependientes de los verdaderos gobernantes que son los dueños de sus partidos políticos.

A casi un año de la realización de la “Cumbre Presidencial Amazónica de Belém do Pará, considero que se indispensable hacer un balance de lo que se acordó y qué de todo ello se ha cumplido hasta ahora. Aquí presento algunas líneas incompletas para este balance necesario.

Una de las leyes que probablemente aprobará el Congreso de la República en esta semana es aquella ya dictaminada en la Comisión de Relaciones Exteriores que contempla fortalecer el rol de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para, supuestamente, contribuir con la transparencia y la supervisión de la ejecución de los recursos económicos que reciben las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y otras entidades de la cooperación internacional.