La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de ratificar las decisiones del juez Griesa de Nueva York que obligan a la Argentina a pagar a su valor nominal más intereses, aproximadamente 1,300 millones de dólares,

La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de ratificar las decisiones del juez Griesa de Nueva York que obligan a la Argentina a pagar a su valor nominal más intereses, aproximadamente 1,300 millones de dólares, de los títulos de la deuda de ese país que tienen los fondos buitres, es un gravísimo atentado contra la economía argentina  y contra los intentos de reestructuración de su deuda que ha hecho en la última década.

No se trata de una deuda contraída por los gobiernos de Néstor ni de Cristina Kirchner como quieren hacernos creer los medios en nuestro país, no. Se trata de una deuda de anteriores gobiernos y específicamente en estos casos de bonos emitidos por los gobiernos de Menem y De la Rúa, fieles cumplidores de las recetas del FMI y de los mercados que llevaron a la debacle argentina de 2001. Por el contrario, los gobiernos de la última década reestructuraron esta deuda en bonos, con una importante reducción a favor del gobierno, en el 93% de los casos.  Quedaron solo 7% por aceptar la propuesta de pago del gobierno argentino y un 1% en manos de fondos buitres que demandó a la Argentina en Nueva York.

Es este 1%, que compró bonos por 48 millones de dólares, de un valor nominal aproximadamente 10 veces mayor, el que ahora con intereses quiere que le paguen 1,300 millones. La Argentina, como ya lo ha dicho su Presidenta no puede pagar porque si lo hace los demás bonistas, hayan o no entrado en arreglos anteriores, pedirían el mismo trato. La situación entonces se torna imposible.

Pero ¿cuál es el problema de fondo? Que los gobiernos de los Kirchner optaron por  reestructurar la deuda externa sin seguir las recetas del FMI, es decir, sin ajustar su economía para priorizar el pago del íntegro de la misma sobre las necesidades de la población. En el momento en el que empezaron con estas políticas, año 2003, era muy difícil cuestionarlas por la precaria situación económica del país hermano y la necesidad de políticas que impulsaran la producción y el empleo. En otras palabras, no había qué ajustar. En ese contexto Argentina implementó programas de desarrollo de su mercado interno, creación de puestos de trabajo y recuperación del valor del salario, para poner al país en condiciones de pagar saludablemente sus obligaciones internacionales. Se puede o no discrepar en los detalles, pero durante siete años al menos estas políticas les dieron niveles de crecimiento e inversión que pusieron al país nuevamente a trabajar.

Además del arreglo con el 93% de los bonistas Argentina también produjo canjes de deuda en el 2005 y 2010, así como el pago de la deuda al FMI y de las sentencias del CIADI (organismo de arbitraje del Banco Mundial). Por último, hace pocos días consiguió algo muy inusual: un arreglo con el Club de París para el pago de una deuda que se remontaba a la década de 1950. Sin embargo, lo hizo sin la intervención del FMI que es casi una obligación en estos casos. Es esta actitud soberana como país y heterodoxa en el manejo de su economía la que no perdona el sistema financiero internacional.

Ahora bien ¿cómo interviene el juez Griesa y la justicia de los Estados Unidos? Por una abdicación de la soberanía jurídica de nuestros países, a la que no fue extraña la Argentina, que se hizo moneda corriente durante la crisis de la deuda en la década de 1980. Efectivamente, con los planes llamados “Baker” y “Brady” por los funcionarios norteamericanos que los hicieron para reestructurar las deudas de la época, se obligó a los países que se acogieron a ellos a abdicar de su soberanía y someterse a las cortes de algún país desarrollado - Japón, Estados Unidos o el Reino Unido  en la mayoría de los casos- para juzgar las diferencias que pudieran surgir en el proceso de pago. Esta abdicación de la soberanía jurídica continuó en posteriores arreglos hasta llegar a los actuales TLC que también la exigen como condición sine quanon para entrar en ellos. Esta abdicación de la soberanía es la que permite a jueces como Griesa entrar en el juego de los fondos buitres y fallar en contra de un país teóricamente soberano.

A tal punto ha llegado la situación que Argentina ya no podrá seguir pagando a los bonistas que arreglaron con ella porque lo hacía en Nueva York y si gira el dinero sería embargado por la sentencia de Griesa. Entramos en un nuevo capítulo de la ya larga crisis de la deuda, en la que se enfrenta nuevamente un país como la Argentina con el sistema financiero y sus jueces que le quieren imponer soluciones económicas ajenas a las necesidades de sus pueblos. Por ahora, oposición y gobierno parecen estar juntos frente a esta sentencia absurda, el futuro es por demás incierto. Nunca antes un país ha estado en esta situación.

Nuevamente, de nuestro gobierno peruano, que nos hace vivir en el ajuste permanente, no podemos esperar nada al respecto. Sobre todo en un tema tan sensible en el que saben que cualquier gesto puede molestar muy seriamente a los amos de las finanzas internacionales. Especialmente cuando el Perú tiene totalmente sometida su soberanía jurídica al sistema financiero internacional por la cadena de los TLCs y otros acuerdos y tratados firmados en las últimas dos décadas de hegemonía neoliberal.