¿Se resuelven estos problemas quitándole poder y plata a las regiones para reconcentrarlos en manos de la elite política en Lima?

Si se le prueba a Cesar Alvarez en Ancash, o a Gregorio Santos en Cajamarca, o a cualquier otra autoridad regional o local, las acusaciones que hoy se les hacen, deberán pagar sus culpas en la cárcel, igual que cualquier otro funcionario público al que se le pruebe corrupción o peor aun el asesinato de enemigos políticos.

Pero, no seamos inocentes. Lo que estamos viendo no es una campaña para moralizar al país, sino una campaña para tirarse abajo la descentralización, reconcentrando en el gobierno central las competencias y los recursos fiscales que han sido transferidos a los gobiernos regionales y locales a lo largo de la última década. Y, de paso, desviar la atención de la opinión pública de los graves problemas de corrupción que afectan al íntegro del aparato del estado peruano, comenzando por las más altas instancias del gobierno central.

Lo de Alvarez se sabía y se denunciaba desde hace tiempo. Sin embargo, el Congreso de la República desestimó pedidos de investigación y de protección a Ezequiel Nolasco y su familia; el Poder Judicial dejo libres a los sospechosos de haber participado en el primer intento de asesinato; la Contraloría General de la República nunca antes le encontró nada; la Fiscalía no lo acusó de nada; y la Policía Nacional le brindaba protección. Y todas estas son instancias del poder central, que resultan totalmente corruptas o totalmente ineficientes, o ambas cosas a la vez.

¿Se resuelven estos problemas quitándole poder y plata a las regiones para reconcentrarlos en manos de la elite política en Lima?

Resulta que el Ministro Castilla fue vice Ministro de Economía de Alan García cuando AGP y Aurelio Pastor montaron una fábrica de indultos a narcotraficantes; que sindicatos organizados por las mafias en construcción civil se legalizan como bases de la CTP aprista; que Alvarez apoyó a Luis Castañeda en la primera vuelta electoral del 2011 a cambio de llevar a Heriberto Benítez al Congreso en las filas de Solidaridad Nacional, y después apoyó a Ollanta Humala en la segunda vuelta del 2011; que el nuevo Fiscal de la Nación Carlos Ramos está sometido a investigación por el Consejo Nacional de la Magistratura por actuaciones dudosas relativas a Ancash; que se han denunciado relaciones entre Freddy Otárola, congresista ancashino del PNP y actual Presidente del Congreso, con Cesar Alvarez y su gente en Ancash.

Un segundo problema de fondo que tampoco se arregla reconcentrando el poder en tan distinguidos personajes es el fracaso de la Ley de Partidos en su objetivo de recomponer el sistema de representación política en crisis desde hace un buen tiempo.

Esta ley estableció la existencia de organizaciones políticas locales, movimientos políticos regionales y partidos políticos nacionales, para generar un canal de organización y acción a las elites políticas locales y regionales en el marco de la descentralización, en vista de la crisis de los partidos políticos nacionales. Pero el resultado es que caudillos locales y regionales arman organizaciones y movimientos para ganar elecciones, sin institucionalización ni representación de intereses que no sean los del grupo mismo en el corto plazo. No se ha logrado pues partidos nacionales más fuertes que antes.

Hay entonces una crisis institucional del Estado en todos sus niveles. Pero quienes están en el nivel central y son parte del desastre institucional que nos ha heredado el neoliberalismo, buscan concentrar las culpas en la descentralización y plantean como solución reconcentrar en sus manos las competencias y los recursos que se han transferido a las regiones y municipios en estos 10 años.

¿La salida? Profundizar la descentralización corrigiendo sus muchas limitaciones. Algunos elementos de esta propuesta: relanzar el proceso de creación de regiones sobre la base de la integración de dos o más departamentos; reformar la Ley de Canon y relanzar la descentralización fiscal para distribuir todos los recursos públicos entre los sectores y niveles de gobierno en función de sus responsabilidades y sus metas y sobre la base de criterios consensuados y predecibles;  definir las competencias de los gobiernos regionales y locales en relación con los grandes proyectos extractivos, energéticos y de comunicaciones que hoy generan la mayor conflictividad social; definir las competencias de los gobiernos locales en la provisión de los servicios de educación y salud; reformar los ministerios del Poder Ejecutivo  para adecuarlos a la descentralización.

Y claro, en paralelo, diseñar y poner en práctica las reformas necesarias para que la Contraloría controle, la Fiscalía investigue y acuse, el Poder Judicial juzgue, y la Policía Nacional proteja a los ciudadanos.

En suma, hay que proteger e impulsar la descentralización corrigiendo sus defectos de diseño y de puesta en práctica, y al mismo tiempo hay que atacar los graves problemas de corrupción que atraviesan al gobierno central y que hoy se quieren ocultar achacando todos los problemas a la descentralización.