Perú retrocedió en el ranking mundial de igualdad de género en el año 2013, bajando del lugar 73 al 80 en un total de 135 países, formando parte de la minoría de países africanos y muy pocos latinoamericanos que retroceden en esta materia mientras la inmensa mayoría del mundo y la región avanzan.

En el Perú aumentaron este año, que aún no termina, los asesinatos de mujeres, con 99 feminicidios, sólo hasta octubre de 2013, frente a los 82 cometidos en 2012.

En el Perú ocurren miles de casos anuales de embarazos con riesgo mortal para las madres, con fetos sin posibilidades de sobrevivir tras el parto, muchos de ellos terminados en muertes innecesarias e irracionales de las madres, porque no se da un Protocolo legal para el aborto terapéutico, establecido originalmente en ley penal de 1924 y recogido en la de 1991.    

Con estos y otros tristes datos públicos, el Perú recibe este nuevo Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El Perú oficial, majadero en la propaganda de las cifras macroeconómicas (esas que cuando dos personas tienen tres panes, una se come los tres y la otra ninguno, señalan que el promedio es un pan y medio para cada una) y de crecimiento de los grandes negocios, guarda un silencio sepulcral de estas aceleradas subidas en los rankings internacionales, logradas en el corto lapso del último año.

Y estos datos no son más que la punta del iceberg. Este mismo año 2013, un pre dictamen en el Congreso sobre el nuevo código de niños/as y adolescentes establece el predominio absoluto de los derechos del concebido, lo cual niega el aborto terapéutico y ratifica la condena a muerte de las madres en embarazos de alto riesgo y sin posibilidades de sobrevivencia del feto. En ese mismo Congreso, este año, a pesar de que es evidente que las personas que ejercen su derecho a la diversidad de orientación e identidad sexual, LGTB, son de las que más sufren crímenes de odio, se negó la incorporación de este motivo como agravante en la ley que busca prevenir y sancionar este tipo de delitos.  Se suman a ello las brechas de género en educación y salud, que lejos de disminuir han crecido este año. Y en fin… La lista de incumplimientos y retrocesos en esta materia sería demasiado larga, demasiada triste, demasiado vergonzosa.

Lo que importa es entender la razón de fondo de esta terrible ineficacia en garantizar los derechos de género. El limitado y ya fracasado mercantilismo asistencialista, que piensa que todos los problemas y desafíos se reducen a aumentos de programas sociales de asistencia mínima para los más pobres. Para decirlo con una metáfora, es algo así como que la única herramienta con que se cuenta es un martillo, no importa si se trata de un tornillo, de un plástico, o de lo que sea.

Las buenas medidas, que las hay, quedan en el papel por falta de presupuestos. Es que en nuestro país la clase dirigente se ha convencido que el único Estado responsable es un Estado avaro, tacaño a la hora de garantizar derechos de su población, mientras es dadivoso y tolerante con los grandes poderes económicos, únicos a quienes se atribuyen todos los derechos y prerrogativas. 

Finalmente, está el poder fáctico conservador, estrechamente ligado al poder económico, que desde diferentes vertientes, sectores de iglesias, políticos y de los monopolios mediáticos retrógrados, ha visto la oportunidad única para imponer casi sin contrapesos su agenda negadora de derechos y sus discursos discriminatorios y excluyentes.

Nada que celebrar, pero sí una gran oportunidad para reflexionar y tomar consciencia de que no cumplir las promesas electorales, no sólo es una forma de negación de la democracia, sino que  también es una de las formas más dañinas de violencia contra las mujeres.