La discusión sobre una nueva ley universitaria ha dado un vuelco en los últimos días.

La discusión sobre una nueva ley universitaria ha dado un vuelco en los últimos días. La propuesta de un ente regulador o superintendencia del sistema, quizá la innovación más importante del dictamen promovido por el Congresista Daniel Mora, ha sido gravemente deformada en otro proyecto reciente presentado por el Ministro de Educación Jaime Saavedra, y esto pone las cosas en una perspectiva radicalmente diferente.

No nos gustó desde el principio el nombre “superintendencia” y no eran temores infundados, este hace alusión a vigilancia en el sentido represivo del término. Preferíamos el nombre “consejo”, por Consejo Nacional de Universidades, que hace alusión a acuerdo y entendimiento, conceptos más cercanos al espíritu universitario.

Originalmente el ente regulador había sido entendido como una institución del sistema universitario, que surgía de las propias universidades, incorporaba miembros de la sociedad civil y algún representante del gobierno y tenía, por lo tanto, la capacidad y legitimidad para ejercer las funciones de planificación y evaluación de las universidades. La autonomía no se vulneraba porque se trataba de una nueva institución dentro del sistema y la democracia tampoco porque era una institución formada, en mayoría,  por los mejores entre pares para cumplir las funciones señaladas.

La protesta de la ANR en los últimos meses frente a este dictamen ha sido porque la elimina por inútil, tal como lo ha demostrado a lo largo de varias décadas. La de las universidades con dueño ha tenido otro cariz, se debe a que no quieren la fiscalización a la que las obliga el dictamen en debate. En ambos casos levantan la bandera de la autonomía pero para ocultar sus falencias.

No es así con la propuesta del Ministro Saavedra. Esta plantea un ente ajeno a la Universidad, dependiente del Ministro de Educación y con funciones de fiscalización de tipo policial. Se dice que la misma superintendencia definirá los estándares para fiscalizar y que realizará su función a través de una “unidad de ejecución coactiva”, nada universitaria por cierto. Se trata de una institución no sólo extrauniversitaria sino hasta antiuniversitaria.

Según su propia declaración a Saavedra no le interesan ni la autonomía ni menos la democracia universitaria, lo único que se cuida de recordar es la iniciativa privada y la necesidad de no limitarla de ninguna manera. Sin embargo, no por gusto sucesivas constituciones mencionan la autonomía como un pilar central del quehacer académico, porque la autonomía crea las condiciones para el ejercicio de las libertades de cátedra e investigación. El que se hayan cometido excesos al amparo de la autonomía no implica eliminarla, sino proceder a reformarla como plantea el dictamen original del proyecto de ley universitaria. Las libertades, además, son posibles si hay gobierno democrático de la universidad, opuesto a la idea de la superintendencia como la plantea Saavedra.

Falsamente Saavedra pretende comparar la regulación universitaria con la que se realiza con los bancos, confundiendo a la universidad con las instituciones financieras. No, Señor Saavedra, se trata de instituciones de diferente carácter, los universitarios no somos cosas, ni nos movemos con la lógica de las ganancias y pérdidas, sino académicos que nos desarrollamos en la lógica de la producción de conocimientos. En otras palabras, entre las universidades empresa y ministros como Saavedra,  nos encontramos en la antesala de que la palabra libertad sea borrada de los claustros universitarios.

¿Qué sentido tiene poner esta bomba de tiempo en el debate en este momento? Ningún otro que frustrar la aprobación de una ley universitaria progresista que sea una herramienta para avanzar en el proceso de reforma universitaria que urge en el país. Al final de la jornada lo que buscan, es que queden una ANR debilitada y el DL 882, para negociar con la mediocridad y mantener el lucrativo negocio de la educación sin calidad.Esta iniciativa me recuerda la “ley gorila” (1969) del gobierno de Velasco (el DL 17437) que instituyó el CONUP, también desde fuera de la universidad, convirtiendo los campus en campos de batalla y paralizando el quehacer académico hasta su derogatoria en 1972.  Y eso que detrás de ese DL estaba la frustración de académicos de fuste como Augusto Salazar Bondy  y Walter Peñaloza, mientras que ahora las luces brillan por su ausencia.

Pero el intento de bloquear una ley progresista tiene un brazo más largo. Busca terminar con lo que queda de pensamiento crítico, especialmente en las pocas universidades que todavía lo practican. El pensamiento crítico que asume como su función universitaria  la creación de conocimientos para el desarrollo del país. Hasta ahora nos enfrentábamos, en desigualdad de condiciones es cierto, con las mafias y los mediocres de todas las layas, hoy agregamos a estas especies a la tecnocracia, también mediocre, que quiere regimentarnos.