Este panorama de injusticia e impunidad se parece y cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia

En el año 1991, una comisión presidida por la oposición inició una investigación por supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y contra la fe pública cometidos durante el primer gobierno de Alan García. La acusación resultante llegó al Pleno y fue aprobada de manera abrumadora con 95 votos a favor, 57 en contra y 26 abstenciones, evidentemente fujimoristas, en la Cámara de Diputados. El Senado la aprueba, también mayoritariamente y era turno ahora de la Corte Suprema ejercer justicia ya que de ella dependía que Alan García fuera sancionado. Sorprendentemente, el Vocal Supremo Instructor excluyó de la investigación los casos más temidos por el ex mandatario y la Sala Suprema respectiva hizo lo mismo.

Este panorama de injusticia e impunidad se parece y cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia, ya que Alan García no sólo ha repetido el plato presidencial, sino también el de impunidad. Para lograrlo por segunda vez la estrategia es muy parecida: colocar a sus aliados en los espacios de justicia decisivos. En el año 91 el hombre designado fue Salas Gamboa, ex profesor de García y simpatizante aprista. Ahora sería Mateo Castañeda.

Esto explica las polémicas movidas que han ocurrido con la intención de cubrir la plaza de Fiscal Supremo Titular. El organismo encargado de dicha designación es el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que luego de seis votaciones ratificó, por unanimidad en la sexta, que Mateo Castañeda no fuera designado fiscal. ¿Por qué seis votaciones? Pues el sujeto en cuestión apeló reiteradas veces al Tribunal Constitucional (TC) con la intención de lograr a toda costa ocupar dicho puesto. Sin embargo, luego de seis negaciones el asunto parecía concluido.

El miércoles de la semana pasada, el TC, en una actitud que escapa de sus funciones y atenta contra el Estado de Derecho en el sistema de justicia, decidió anular las designaciones de las dos fiscales supremas elegidas por el CNM y nombrar como fiscal supremo a Mateo Castañeda. Ahora bien, más allá de los evidentes problemas de forma en esta designación que van desde la falta de quórum hasta la usurpación de funciones, hay datos de fondo que resultan preocupantes.

El cargo de Fiscal Supremo es fundamental ya que, de ser aprobadas las denuncias presentadas por la Megacomisión Investigadora en el Congreso de la República, Alan García Pérez, luego del antejuicio en el hemiciclo y de recibir la sanción política correspondiente, estaría a merced del Fiscal Supremo. Por otro lado, todos los altos funcionarios que no tienen derecho a antejuicio y que son el grueso de los acusados por la Megacomisión, podrían ver sus casos archivados en una fiscalía donde notamos una mayoría partidaria que busca la impunidad para sus amigos.

Frente a todas estas arbitrariedades hay dos recursos de nulidad contra la resolución del Tribunal Constitucional que colocó a Mateo Castañeda como Fiscal Supremo y dos denuncias constitucionales contra los tres magistrados que votaron para que esto ocurriera. Debido a estas acciones, el día de ayer el Tribunal Constitucional ha rectificado parcialmente su resolución; sin embargo, aunque esta constituye una buena señal, no es suficiente ya que queda pendiente la designación de Mateo Castañeda para cuando haya plaza. Además, el TC habría actuado al margen de la constitución. Hace falta, por ello, una explicación de estas acciones ya que la descomposición de la institucionalidad, termina por perjudicarnos a todos los ciudadanos.