La salida del ahora ex primer ministro, César Villanueva, es la mayor burla a la institucionalidad del Estado que se haya visto en los últimos tiempos. No solo por la anulación del cargo político que implica el premierato sino porque se deja claro el poder de la Primera Dama, Nadine Heredia, en las decisiones políticas del gobierno. Esto se da con el agravante de que un ministro, Luis Miguel Castilla de Economía y Finanzas, usurpa el rol de otros funcionarios, insistiendo en el rol de mensajero de los poderes de hecho en el Perú.

Villanueva ingresó cuando estallaba la crisis López Meneses con el reto de empujar las investigaciones sobre lo sucedido y, además, escuchar las diversas demandas populares postergadas. Sin embargo, se crearon ciertas dudas respecto a su nombramiento cuando ni siquiera ingresó con un gabinete propio. Lo único que logró “negociar” Villanueva fue la designación del Ministro del Interior, Walter Albán. Después de eso, su presencia pasó más que desapercibida. El detonante de su salida fue el entredicho con Nadine Heredia sobre el aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV), un punto sensible para el MEF. Para Villanueva el aumento debía darse de acuerdo a ley, es decir, usando la fórmula y cumpliendo con la periodicidad correspondiente. Para el dúo pareja presidencial-MEF, el sueldo mínimo simplemente no estaba en discusión. De esta manera, el premier Villanueva se vio prácticamente renunciado.

Que el detonante sea el desinterés del gobierno por un tema económico y laboral, nos dice del rumbo cada vez más de derecha que va tomando el gobierno de Ollanta Humala. Las comparaciones son lamentables cuando se trata de salarios, sobre todo cuando los que gobiernan hablan de aumentos progresivos para unos y “aumentazo” para otros. En la actualidad, el salario mínimo mensual del Perú (267 dólares), que se mantiene inamovible hace 20 meses, es el segundo más bajo de la región sudamericana. Solo le ganamos a Bolivia (206 dólares). Además, con el reciente “aumentazo ministerial”, un ministro ganará 40 veces un salario mínimo, la brecha más amplia en la región.

En un país donde existe más de un millón de jóvenes desempleados, mientras cerca de 2 millones de ellos viven con salario mínimo, resulta penoso que nuestras autoridades no cumplan la normatividad respecto a la RMV, el cual debería ser evaluado cada dos años. Aquí la institución encargada de proponer los cambios en el salario mínimo es el Consejo Nacional del Trabajo (CNT) que lo constituye el sector empleador, los trabajadores y Gobierno. ¿Por qué no se respalda el trabajo del CNT? ¿Por qué no se hacen reformas de fondo a nivel laboral? ¿Para cuándo una Ley de Trabajo con reglas claras para los trabajadores peruanos?

Finalmente, ¿qué escenario tenemos por delante? El incumplimiento del compromiso de revisar el aumento de la RMV y la minimización del premier, que pasa de cargo político de Estado a servidor de los intereses de la pareja presidencial y del MEF, nos muestra el grado de peligrosa debilidad institucional a la que está llegando el gobierno. Una papa muy caliente para el nuevo premier designado, quien ya debe tener claro el papel casi de adorno que jugará en lo que queda del gobierno.