SJL es uno de los distritos donde la percepción de inseguridad (el miedo a ser víctima de un delito) llega al 78.6%, uno de los más altos en Lima Metropolitana.

“Yo veía a mis hijos que ellos estaban en el colegio Fe y Alegría y yo iba a recogerlos y les veía que afilaban cuchillos, machetes, lo cual era incontrolable el problema de la delincuencia y el pandillaje, por otro lado, la droga”. Este crudo testimonio de una dirigenta de la zona de Mariscal Cáceres de San Juan de Lurigancho (SJL), retrata el panorama delincuencial que vive el distrito, cuyo caldo de cultivo son la precariedad económica, el desempleo y la falta de oportunidades.

SJL es uno de los distritos donde la percepción de inseguridad (el miedo a ser víctima de un delito) llega al 78.6%, uno de los más altos en Lima Metropolitana. Es también uno de los distritos con mayor índice de victimización, donde 5 de cada 10 vecinos confesaron haber sido víctimas de un delito. Debido a las dimensiones del distrito, los actos delictivos que se reportan corresponden al 12% de los que ocurren en toda Lima. La División Territorial Este de la Policía Nacional señaló que el 80% de los problemas de inseguridad se refiere a violencia familiar, pandillaje y, sobre todo, a peleas por invasiones de terrenos; viéndose también incrementado la formación de bandas de marcas y secuestradores.

En el distrito más poblado del Perú, la delincuencia se confunde con el mundo de bandas criminales ligado al tráfico de terrenos y la extorsión. La muerte del hijo del controvertido Alcalde de SJL, Carlos Burgos Gonzales, de 23 años de edad, en manos de sicarios, es tan solo un campanazo de lo que viene ocurriendo al este de Lima. Según las primeras pesquisas, las mafias dedicadas al tráfico de tierras que operan en Jicamarca y el anexo 22, habrían tenido en la mira a Burgos Gonzales porque no habría mediado para la adjudicación de terrenos a unos invasores. Asimismo, ya se van conociendo sus vínculos con hampones de la peor calaña.

La situación de inseguridad llega al extremo cuando las autoridades elegidas se ven inmersas en denuncias de corrupción y demás ilegalidades. Actualmente, el Alcalde de SJL, Carlos Burgos Horna, está siendo investigado por enriquecimiento ilícito (según La República, los bienes personales de Burgos sumarían unos 10 millones de soles lo que incluye una costosa casa de 8 pisos con piscina,  bar, mesa de billar y parrillas y una casa de verano de 248 metros cuadrados en la Playa Totoritas), pero también por el delito de lavado de activos. Algo más. El año pasado, pobladores de Jicamarca denunciaron que Burgos Horna habría comprado terrenos en esta zona a precios irrisorios para construir colegios, desalojando a los dueños con ayuda de la fuerza pública y unos matones contratados. ¿Coincidencia la vinculación de la muerte de su hijo con traficantes de terrenos y matones a sueldo?

De esta manera, los vecinos de SJL se ven sumidos entre “dos fuegos”, por un lado la delincuencia que campea en los barrios más humildes y por otro una creciente inseguridad centrada en el accionar de mafias y bandas organizadas en complicidad con las autoridades públicas elegidas con el voto popular. ¿Este es el futuro que le depara a nuestros distritos? ¿Una convivencia de dos formas de ilegalidad? Estamos advertidos.