Las cifras demuestran fehacientemente que durante los últimos años, el Grupo El Comercio (GEC) ha aumentado el tiraje de sus diarios, su lectoría y su publicidad, comparativamente frente a sus competidores. Ello puede ser motivo de análisis, pero no de censura o crítica despiadada, por la sencilla razón que han demostrado ser más eficientes. Ese éxito empresarial no es argumento para criticar su reciente adquisición del Grupo EPENSA; nada de estúpidas envidias.

La adquisición, que trae una indudable concentración en el ámbito periodístico, debe ser analizada desde otra perspectiva: la de los valores y prácticas democráticas a la luz del Artículo 61 de la Constitución Política. Pero aquí deseamos referirnos a las posibles causas y efectos de ese éxito empresarial, y para ello tengamos presente dos elementos esenciales: los ingresos por la venta de los diarios y, lo más significativo, los ingresos por publicidad. Sin ellos, los medios de comunicación privados no podrían existir.

En primer término, lo elemental: hacer publicidad cuesta y hay que pagarla. Por tanto, quien tiene los medios e instrumentos para que los mensajes publicitarios lleguen al público consumidor, para seducirlo con ofertas de productos o servicios, cobra por tal trabajo; y las tarifas las determina el mercado de acuerdo a un conjunto de variables que no es del caso aquí citar. Lo que sí es un dato importante, es saber en que proporción la publicidad privada proviene de empresas  multinacionales o de capitales extranjeros, porque sigue presente la interrogante, más allá de la realidad del capitalismo globalizado, de en qué medida la publicidad de algunas de esas empresas son operaciones básicamente especulativas, transitorias, lejanas a los intereses permanentes de un país y de su población. Y si los programas basura de televisión que algunos auspician lo hacen en igual medida en sus países de origen.

Hay mucho pan por rebanar en la relación entre la publicidad, mercado y desarrollo. En este aspecto el GEC lleva a todos los demás grupos de medios una inmensa delantera, porque contrata la publicidad más numerosa, incluso antes de su adquisición a EPENSA. Bien por ellos, pero nos preguntamos ¿habrá influido esa realidad en sus análisis y opiniones?, ¿condicionara  en alguna medida esas preferencias la formación de una opinión pública libre e informada?, ¿las fobias pre-electorales y la promoción de gente indigna opinante en los medios son acaso fruto de esas presiones sin registro  o resultado de una  arraigada convicción  ideológica?

Considero que lo más importante es preguntarnos en qué medida y proporción ha sido la publicidad o propaganda estatal -durante los últimos años y gobiernos- palanca esencial para el éxito empresarial de GEC. En este territorio, se terminan las ingenuidades y aparecen los derechos ciudadanos. Hemos tenido y seguimos teniendo mucha oscuridad y malicia, falta de escrúpulos y de coraje, e incontrolable afán de notoriedad por parte de la inmensa mayoría de nuestros políticos. Por tanto, nos preguntamos ¿cuánto han dispuesto los gobiernos de nuestro dinero, del aún muy pobre pueblo del Perú, para favorecer o apoyar a determinada familia en sus aventuras empresariales?, ¿ha sido esta tan virtuosa y sacrificada que nuestros gobernantes han debido apoyarlos y fortalecerlos, digamos como se hizo con los próceres de la independencia a quienes se les pago por su valentía y coraje frente a los enemigos, con predios y haciendas?

Las dádivas del príncipe son el fruto de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo, no es maná caído del cielo. Es por tanto exigencia radical el que se nos informe los montos dinerarios y las ocasiones en las que el Estado peruano contrato publicidad o propaganda con los medios privados de comunicación o celebró contratos de impresión, distribución o de otra índole. Porque si se tratara de cifras cuantiosas, quizás fuera de la realidad o exorbitantes, el éxito empresarial ya no sería fruto del esfuerzo creador, sino de un subsidio encubierto, arropado bajo el manto de la libertad de empresa y la realidad del mercado.

Que lo sepan todos los príncipes temporales: los ciudadanos en una democracia estaremos siempre, siempre sobre ellos, porque reposa en nosotros la soberanía y la legitimidad de su mandato. Así, pues, el tema del acaparamiento quizá no sea solo el fruto de una legítima o discutible operación mercantil, sino una antigua operación de enclave, en este caso familiar, que tanta mala memoria tiene en nuestra triste historia republicana.