La demanda de amparo, interpuesta por un destacado grupo de periodistas vinculados la mayoría de ellos al diario “La República”, solicita  que se repongan las cosas a su estado anterior a la violación del derecho constitucional a las libertades de expresión e información, y que se declare nulo el acto que ha impedido el pleno ejercicio de ese derecho, como consecuencia de la adquisición que el Grupo El Comercio (EGC) ha hecho de otro grupo periodístico – EPENSA - , lo que ha determinado una altísima concentración en el tiraje de diversos diarios  y en la contratación de la publicidad. Los aspectos económicos, además de los estrictamente jurídicos, son citados en la demanda y comentados por algunas revistas especializadas (Semana Económica, 25.XI, 2013).

Nadie puede negar la importancia que tiene el periodismo en nuestros días, pero hay que decir en cuanto a las personas que lo ejercen que ellas tienen tantas fortalezas o debilidades como cualquier otro mortal en otras profesiones. La diferencia se encuentra en la reiterada  defensa corporativa de sus intereses, en el desconocimiento practico de lo que significa auto corrección y en la falsa afirmación de que los medios en que trabajan se autorregulan, simplemente porque tiene un papelote que así lo dice o una declaración gremial internacional que así lo afirma.

En cuanto a los medios escritos, en el Perú hay que examinarlos más que por sus columnas de opinión por sus titulares, que es lo que lee y entiende la mayoría de la población en los kioscos de la ciudad, pero también por sus persecuciones cainitas a cualquiera que piense y afirme públicamente, aunque lo haga sólo moderadamente, conceptos o visiones diferentes a los intereses de sus propietarios. Y en cuanto a la TV es mejor callarse; pues hay basura, entretenimiento saboteador de los ideales y la virtud que deben regir la vida en común.

El periodismo, con la importancia que puede tener, no es el único medio para “fiscalizar” a los poderes del Estado. Hay otros medios, sean familiares, gremiales, institucionales, académicos, que también lo pueden hacer. Y por cierto la representación popular expresada en los gobiernos de cualquier nivel. La opacidad que se percibe es porque en los medios no suelen ser atendidas las diversas propuestas de los ciudadanos o de sus grupos organizados sino coinciden con los intereses y pareceres concretos de los propietarios de los medios. Quizás algún día se comprobará que hay más escándalo en lo que se oculta, se tergiversa y se silencia que en lo que rimbombantemente se afirma, sin otro fin que aumentar la lectoría y destruir al que piensa diferente. Se trata de una vieja estrategia peruana para aprovechar y gozar mediante un chantaje blanco de las prebendas del Estado, al frente de gobernantes mediocres y lejanos a los intereses permanentes del Perú.

La verdadera batalla del periodismo en el Perú no esta en interponer una demanda de amparo para que el sistema judicial decida cuando hay o no acaparamiento en los medios escritos. Puede, claro esta, como lo ha hecho, interponerla y luchar para que su posición triunfe, pues no es descartable que los jueces podrían darles la razón. Pero tengo dudas al respecto. En primer termino, porque no existen limitaciones para fundar diarios y revistas y acceder al mercado, aunque será más difícil hacerlo con la concentración antes señalada y con los costos de distribución que parecen responder a prácticas discriminatorias a favor de los más poderosos.

En segundo lugar, porque en la materia que estamos tratando es mejor tener lejos al Estado. Nuestro sistema judicial esta desprestigiado en buena medida y nos parece que solo algunos jueces tienen la solidez de carácter para enfrentarse a un poder fáctico como es la prensa y en especial al ya ahora poderosísimo GEC.

Su decisión será siempre cuestionada, porque la operación de compraventa fue al parecer en si misma legitima, tanto para quien la consiguió (GEC) como para el que infructuosamente la perdió (GLR).

El periodismo debe luchar en lo que es su campo de acción, pero la gran mayoría de sus integrantes no quieren hacerlo, porque si lo hicieran  se les iría en ello muy probablemente el trabajo. Cómodamente instalados es sus escritorios determinan la agenda, los asuntos públicos a tratar, frente a una clase política mediocre cuando no corrupta. Pero viven en buena medida de los escándalos que esa clase genera y la comentan, apoyados en noticias descartables, crímenes y accidentes, porque al parecer “eso es lo que le gusta a la gente”. Hay que preguntarles cuales han sido sus intentos y campañas para construir ciudadanía.

Hay que preguntarles si han tratado con cariño y comprensión a los niños de nuestras ciudades y han buscado protegerlos de las inmundicias que los medios promueven, para convertirlos en ciudadanos de verdad. Me parece que es el silencio lo que prevalecerá.

La batalla de los periodistas es al interior de los medios, no en los juzgados. Los excesos de la libertad de expresión, de la concentración de propiedad y las fobias de todo tipo se combaten dentro, generando opiniones y defendiendo derechos fundamentales. Y también promoviendo proyectos legislativos, iniciativas, sobre el control o la `prohibición a la propiedad cruzada (prensa, radio, tv, etc).  Que me disculpen los buenos periodistas, pero no creo que sus colegas hayan hecho muchos esfuerzos en el Perú de nuestros días en ese particular sentido. Y más bien se han sumado a campañas corporativas de defensa buscando impedir la aplicación de la legislación penal, incluso en casos clamorosos de abusos reiterados, donde no ha existido protección a las personas, a sus proyectos de vida y a su intimidad, tal como lo exige de forma prioritaria y central la Constitución política.

Lima, 29 de noviembre de 2013