El lunes que pasó, mientras los medios de comunicación centraban su atención en el fallo de la Haya, un grupo de mujeres realizaba un acto simbólico en la Fiscalía de la Nación.

El viernes pasado, el fiscal Marco Guzmán Baca, quien asumió el caso de esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenara al Estado peruano la reapertura del caso, decidió que este caso de grave atentado contra los derechos humanos de miles de mujeres no merecía mayor investigación.

Durante el gobierno de Fujimori se realizaron aproximadamente 300 mil esterilizaciones a mujeres. Como señaló en su momento Rafael Rey, no precisamente un defensor de derechos humanos ni mucho menos un personaje opositor al fujimorismo, estas esterilizaciones fueron publicitadas en muchos casos como "ferias". Además, miles de testimonios de mujeres afectadas señalan que asistieron a los centros de salud por dolores diversos y que, sin explicarles de qué se trataba, les realizaron una esterilización. Por si fuera poco, dieciocho mujeres perdieron sus vidas luego de que las esterilizaran forzadamente por las pésimas condiciones en que se llevaron a cabo estas operaciones. Hay, a la fecha, 2074 de estos casos denunciados en el Ministerio Público. El viernes que pasó el mismo Ministerio Público decidió archivarlos.

Para el fiscal Guzmán estas cifras no significan nada. Se detiene únicamente en un caso, el de María Mamérita Mestanza, quien falleció ocho días luego de ser esterilizada y por lo cual se señala que existe el presunto delito de exposición al peligro y homicidio culposo, pero solo acusa al grupo de médicos y operadores de salud involucrados en esta operación. Los otros 2073 casos quedan en la impunidad, en el olvido, en los archivos del Poder Judicial.

Así como no se trata sólo de un caso, tampoco se trata únicamente de casos de negligencia médica. Estas operaciones se dieron en el marco de un Programa Nacional de Salud Reproductiva y Salud Familiar ideado desde las esferas más altas del gobierno de Alberto Fujimori y el Ministerio de Salud. Este programa buscó "acabar con la pobreza" como han señalado varios especialistas, para lo cual, la opción del gobierno era "eliminar" a los pobres. Los múltiples testimonios de las mujeres afectadas dan cuenta de los maltratos a los cuales se vieron sometidas por parte de los médicos y operadores de salud, pero no sólo por parte de ellos. En el año 2002, desde una comisión del Congreso de la República se afirmó que para realizar estas esterilizaciones sin el consentimiento de las agraviadas se empleó “violencia psicológica, presión o incentivos alimentarios y/o económicos”. Se trató pues, de una apuesta estatal que atentó contra miles de mujeres y destinó recursos para ello.

Por ello, cuando el fiscal Guzmán habla de violaciones de derechos humanos y considera un sólo caso, pero evita mencionar la responsabilidad política por estos atropellos a Alberto Fujimori y a sus exministros de salud Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong, Marino Costa, Jorge Parra y Ulises Jorge, nuevamente, está apostando por la impunidad. La pita se rompe, una vez más, por el lado más débil y esto constituye un segundo atropello a las miles de mujeres que ven cómo campea la impunidad y cómo personajes como Aguinaga, involucrados en la injusticia a la que se vieron sometidas, aparecen en medios como voceros del fujimorismo y defendiendo candidaturas que refuerzan la impunidad y la amnesia.

Pero no todo está dicho. El martes, DEMUS, IDL y otras organizaciones civiles y de víctimas presentaron un recurso de queja para que el caso sea revisado por un fiscal superior y se incluya en la acusación tanto a Fujimori como a los demás responsables políticos. Se espera que esta queja llegue a buen puerto y se reivindique a estas víctimas. Para ello, hace falta que los medios de comunicación ventilen este caso, aun cuando las agendas prioricen otros temas. La justicia no puede postergarse. El Perú no puede seguir siendo un país de impunidad.