Luego de que el paro minero artesanal en Madre de Dios fuera levantado, queda por analizar cuál es la posición política del gobierno respecto a la actividad minera en el Perú.

El discurso sobre la problemática de los mineros artesanales, cuya actividad goza de legitimidad legal y social porque el Estado lo ha venido permitiendo, pone al descubierto una posición maniquea del gobierno frente a una minería “artesanal/ ilegal”, que sería la que daña el medioambiente, versus una “gran minería” responsable, quienes serían los buenos de la película.

El discurso del presidente Humala en el reciente Perumin 2013 fue, sin duda, un espaldarazo a la gran minería, donde se comprometió a agilizar los trámites burocráticos para destrabar los proyectos mineros y garantizar el diálogo con las comunidades. Asimismo, en su reciente participación en el foro “Hacía un desarrollo sostenible en el Asia-Pacífico”, Humala señaló que el Perú se ha convertido en un “país con una minería de alto rendimiento, de alto estándar, donde las altas corporaciones del mundo están invirtiendo y están desarrollando minería responsable”. De esta manera, el presidente olvida que la gran minería también ha sido responsable de contaminar el medioambiente y de generar conflictos sociales en el país.

El crecimiento de la minería artesanal sin una verdadera regulación ha generado una situación donde a “todos” los pequeños mineros, formales e informales, se les mete en el mismo saco. La especialista en temas mineros, Julia Cuadros, señala que, en los últimos tres años, el área otorgada por el Estado en concesión a la minería artesanal creció en 20%, pasando de 3.5 millones a 4.2 millones de hectáreas, por lo que resulta urgente ordenar, separar la paja del grano, y trabajar con aquellos 70 mil mineros informales que quieren formalizarse.

Por otro lado, si bien la gran minería es indispensable para el desarrollo nacional, alrededor de ella también se han originado actividades ilegales que se deben enfrentar. No solo porque parte de los mineros ilegales vivirían de la explotación de las grandes concesiones mineras, para luego vender su “producción” a los dueños de las concesiones, sino también porque la gran minería suele convivir con esta ilegalidad por temor al conflicto social.

En el Perú se necesita una nueva minería con reglas de juego claras para todos, se trate de pequeña o gran minería. En primer lugar, los mineros artesanales que quieren formalizarse ya están identificados y con ellos se debe trabajar hacia una pequeña minería responsable. En segundo lugar, respecto a la gran minería, que permite muchas divisas y una gran recaudación tributaria, el gobierno no debería olvidar los graves conflictos sociales que se han generado por la falta de consulta con las comunidades y debe mostrarse firme en cuanto a las exigencias ambientales y sociales.

Lamentablemente, la ilegalidad en el sector extractivo no solo se expresa en la depredación de los ecosistemas naturales, situación que todos condenamos, sino también cuando se incumple, por ejemplo, el marco de consulta previa con las comunidades indígenas. Asumir ambas banderas es el gran reto de la “nueva” minería en el Perú.