Después de un silencio prolongado de casi un mes, la flamante Ministra de Trabajo, Nancy Laos, brindó una seguidilla de entrevistas a diarios locales (9/01/13), en las que adelantó algunas iniciativas y objetivos que, entendemos, concitarán la atención de su gestión.

Fueron básicamente tres los temas tratados con El Comercio, Gestión y La República: el combate a la informalidad (o promoción de la formalización); la reforma del Servicio Civil (empleo en el sector público) y la Ley General del Trabajo (regulación de los conflictos laborales). Cada uno de ellos expresa los grandes retos que en materia social y laboral enfrenta el Estado peruano. En un contexto, hay que decirlo, donde la mesa está dispareja en desmedro de los trabajadores.

Si la Ministra Laos se plantea como “meta disminuir la informalidad y avanzar hacia la inclusión social” (El Comercio), no puede desconocer que veinte años de flexibilización laboral han estado bastante lejos de generar empleo adecuado, como señalan informes del Sector. Por lo que la fórmula “mágica” para promover la formalización debe ser más imaginativa que el simple recorte de derechos. ¿Estará dispuesta a encarar proactivamente iniciativas orientadas a promover las capacidades productivas y organizacionales de las micro y pequeñas empresas? Tremendo chambón intersectorial –que involucra a Trabajo, Produce, Agricultura, Comercio Exterior, y otros sectores–, para lo cual hace falta no sólo voluntad política sino también recursos. ¿Los tiene?

Donde sí tendrá que invertir bien es en la Superintendencia de Fiscalización Laboral, una propuesta del Ejecutivo que el Congreso deberá aprobar y reglamentar este año. Por lo pronto, fuentes de la Dirección General de Inspecciones de Trabajo del MTPE advierten que se necesitarán 40 millones de soles adicionales a los 24 millones anunciados por la Ministra, para hacer medianamente efectiva una reforma sobre la que existen expectativas diversas, tanto del sector empresarial como laboral.

La reforma en el Servicio Civil será sin duda el tema caliente del año. El Gobierno anuncia con bombos y platillos la publicitada reforma del empleo público. Esto en un contexto signado por el embalse contenido de reivindicaciones sindicales y salariales, y la desconfianza que genera el reiterado sonsonete de la “meritocracia” y las evaluaciones de capacidades. Si bien esta reforma está anunciada para la segunda legislatura y no supondrá ceses colectivos –a decir de la Ministra Laos: “La norma no está concebida para despedir, sino para cambiar el régimen y unificar los regímenes” (Gestión)-, al Gobierno le conviene manejar este tema con transparencia y humildad; la mejor forma de facilitar un entendimiento entre el Ejecutivo y los gremios profesionales y sindicales afectados.

Por lo demás, la ministra Laos no ha tenido empacho en adelantar que durante su gestión no saldrá la Ley General de Trabajo. Si no, ¿cómo entender que un proyecto de Ley discutido durante más de una década, consensuado casi en su totalidad por los actores participantes del Consejo Nacional de Trabajo y revisado por una comisión de ex Ministros de Trabajo de ideologías diversas, sea devuelto precisamente a la “congeladora”, en lugar de refrendarlo y enviarlo al Congreso para su aprobación? Mala señal para los trabajadores que esperaban que la cancha se equilibre con un gobierno nacionalista, tal como prometió tantas veces el candidato Humala en campaña.