El pasado 26 de mayo, un hecho indignante se dio en nuestro país. El Fiscal Jaime José Schawrtz Azpur resolvió archivar definitivamente las investigaciones sobre las esterilizaciones forzadas realizadas durante el gobierno de Alberto Fujimori, dejando de lado las denuncias penales pertinentes. En su argumentación, el Fiscal entiende estas esterilizaciones como delito común y señala que más de 2 mil denuncias fueron hechos aislados que no correspondieron a una política sistemática, al no encontrar relación entre los responsables políticos y quienes realizaron estos actos. Se esperaba que esta Fiscalía Especializada en Delitos contra los Derechos Humanos considerase la responsabilidad política en estos hechos y determinara que fueron delitos de lesa humanidad, pero con este archivamiento los delitos han prescrito.
Lo cierto es que estos hechos se dieron como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar aplicado entre los años 1990 y 2000. Es así que, como señala el Dr. Ronald Gamarra, “estos delitos respondieron a un patrón establecido y constituyeron una política de Estado, siendo por tanto Fujimori responsable real y formal de estos hechos, como también lo fue en los casos de Barrios Altos y La Cantuta”.
Las investigaciones se venían dando desde hace 8 años. Se trata de 2074 mujeres afectadas irremediablemente por intervenciones quirúrgicas realizadas sin su consentimiento y 19 de ellas fallecidas a consecuencia de esta operación. Una vez más, las víctimas son en su gran mayoría mujeres indígenas, campesinas, quechua hablantes y pobres, tal como sucedió en los casos de violencia política ocurridos en el Perú en la última década.
Algo más que añade gravedad a este hecho. Con esta acción el Estado peruano incumple un Acuerdo de Solución Amistosa firmado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso de la señora Mamerita Mestanza, fallecida a consecuencia de una esterilización en Cajamarca. En este Acuerdo el Estado reconoció su responsabilidad en el hecho y se comprometió a reparar a los familiares así como a realizar la sanción penal correspondiente, esto último queda en nada. Pero esta es solo una de las 2074 denuncias por los delitos ocurridos principalmente en las zonas rurales de Huancavelica, Cusco, Cajamarca y Piura.
Con este archivamiento quedan sin ventilarse las responsabilidades de los ex Ministros de Salud del régimen fujimorista Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga, Jorge Parra, entre otros involucrados. Los organismos de Derechos Humanos han presentado un recurso de queja contra esta resolución y esperamos que esta apelación sea atendida favorablemente y se apliquen las sanciones a los responsables, como corresponde.