Hoy, en algunas horas, el Congreso de la República tendrá la posibilidad de votar por una terna de candidatos a cargos importantes como son la Defensoría del Pueblo, el Banco Central de Reserva y al Tribunal Constitucional.Sin embargo, el grupo propuesto presenta a algunos personajes que no sólo están lejísimos de ser idóneos para los mismos, sino que obedecen a un cuoteo oportunista entre partidos políticos que antes que velar por el mejor desarrollo de estas instituciones, ha priorizado su cuota partidaria a la hora de colocar nombres. Esto nos perjudica a todos.

Votar por el grupo no tendría que ser necesariamente malo si es que el mismo hubiera sido definido en función de un consenso en el que no primen los intereses partidarios y los candidatos no fueran militantes. En ese escenario, hipotético y hasta utópico, un “combo” de candidatos podría ser medianamente aceptable. Sin embargo, el “combo” de momento no hace sino provocar indigestión. Esta disputa por un cuoteo interesado tuvo su primer momento en el 2007 cuando Rolando Sousa (actual candidato al Tribunal Constitucional) integró la comisión parlamentaria presidida por Aurelio Pastor (APRA) e impulsó la designación de Javier Ríos Castillo, un abogado cuestionado cuya candidatura se cayó por ser “ampayado” en un restaurante reunido con Agustín Mantilla y Oscar López.

Lo que ocurre ahora, es también lamentable. No sólo el método de elección de los miembros del TC, presidente del BCR y Defensor del Pueblo ha sido cuestionado, sino que ciertos personajes contradicen con sus antecedentes, el carácter de estas instituciones. Ese es el caso, por ejemplo, del mismo Rolando Sousa quien es socio del Estudio Sousa & Nakazaki que es defensor de diversos procesados por corrupción y violaciones de derechos humanos, contando entre sus clientes al condenado Alberto Fujimori. Asimismo, existen sospechas de que este personaje utilizó su cargo durante el período 2006-2011 para intereses particulares. Pero, sobre todo, ¿cómo es posible que se considere a personajes que han justificado (y justifican) el golpe de 1992 y las violaciones a derechos humanos cometidas en dicho periodo para interpretar la Constitución? Queda claro que el criterio ha sido, simplemente, la repartija política de estos cargos.

Caso similar ocurre con la candidatura de Pilar Freitas al cargo de la Defensoría del Pueblo, no sólo porque al ser ella regidora en funciones (cargo irrenunciable) de la Municipalidad de Lima no puede desempeñar otro cargo, sino que sobre ella pesan una serie de denuncias por actos de corrupción que evidencian que no es la candidata ideal, tampoco.

Desde Otra Mirada, lamentamos la politiquería con la cual se viene desarrollando la nominación a cargos tan importantes para el desarrollo democrático del país y defendemos la necesidad de elegir de manera individual y en votación a los miembros tanto para el TC como para el BCR. Del mismo modo, solicitamos una candidatura de ética intachable para el cargo de Defensor del Pueblo.

Somos enfáticos en rechazar las declaraciones de ciertos congresistas que consideran que el grupo propuesto es el “mal menor” producto de “negociaciones democráticas”, toda vez que lo que notamos es una repartija irresponsable de cargos y no una distribución “democrática”. Asimismo, consideramos que el verdadero “mal menor” sería mantener estas instituciones en manos de quienes ahora desempeñan los cargos de manera provisional hasta que una real discusión política pensando en los intereses del país y no los políticos se realice.