Como sucedió con varias de las banderas levantadas durante la campaña, la agenda laboral del candidato nacionalista quedó prontamente relegada de las prioridades del gobierno de Gana Perú.

En la actualidad, con excepción del proyecto de Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral [SUNAFIL], poco o nada se discute sobre cómo democratizar el sistema de relaciones laborales –hoy por hoy la forma más segura de reducir la brecha de ingresos y trabajo decente que persiste a pesar del crecimiento económico. Es tal el nivel de orfandad de iniciativas y políticas por parte del Ejecutivo, que transcurridos dos años de gobierno el Premier Jiménez sigue destacando el aumento del salario mínimo –aprobado en agosto del 2011– como la principal medida en materia de empleo implementada por la actual gestión.

En cuestiones de trabajo y empleo el candidato Humala hizo varios ofrecimientos; sin embargo, el más importante estuvo relacionado con la aprobación de la postergada Ley General de Trabajo [LGT]. Este compromiso –asumido por los principales actores políticos y sociales del país, en el marco del proceso de transición a la democracia iniciado el 2000– fue incluido por el candidato Ollanta Humala como parte de su Programa de la Gran Transformación, convirtiéndolo en una consigna clave en su relación con el movimiento laboral y sindical.

No se trataba de cualquier medida. Al incluir la LGT como parte de su plan de gobierno, Humala postulaba la necesidad de equilibrar el sistema de relaciones de trabajo a fin de hacerlo más inclusivo y democrático. En esa línea, durante la gestión de Rudecindo Vega como Ministro de Trabajo se conformó una comisión de expertos –compuesta por cinco ex ministros y un viceministro– que tuvo el encargo de analizar el proyecto consensuado en el Consejo Nacional de Trabajo [CNT]. En julio del 2012 dicho grupo presentó un informe con recomendaciones de actualización del proyecto consensuado, dejando la definición de algunos componentes sin consenso a los actores políticos a cargo de su aprobación. Esto es, al Congreso de la República.

Fue durante la gestión de José Villena, segundo ministro de trabajo de la actual administración nacionalista, que el proyecto de LGT entró, una vez más, en la dimensión desconocida. Villena decidió conformar, en agosto del 2012, un grupo de trabajo interno para que elaborara un informe jurídico y económico sobre el proyecto de ley y su eventual impacto en los costos laborales. El plazo para presentar sus recomendaciones era, de acuerdo a Resolución ministerial RM N° 138-2012-TR, diciembre del mismo año; luego de lo cual el MTPE asumiría una posición institucional que sería la que sustentaría el proyecto de ley del Ejecutivo ante el Congreso. Sin embargo, a la fecha dicho informe no existe. Y según fuentes internas, nadie apura para su concreción.

Queda claro, en ese sentido, el poco interés del Sector –y del Gobierno en su conjunto– para atender este “pendiente” medular del proceso de transición a la democracia. Las implicancias de esta demora [que lleva más de diez años] no pueden ser más graves: de acuerdo a información del propio MTPE [Sistema de Alerta Temprana, 2012], los factores que explican la conflictividad laboral a nivel nacional –fracaso de la negociación colectiva (59%), despidos o amenazas de despidos (18%) e incumplimiento de las normas sociolaborales (15%)– responden, en gran medida, a las limitaciones que impone la institucionalidad vigente para que los trabajadores ejerzan una efectiva defensa de sus derechos colectivos.  Ni más ni menos.

Si a esto sumamos la precaria situación institucional y económica de las instancias encargadas de fiscalizar, a nivel nacional y subnacional, el cumplimiento de las normas laborales y de prevenir los conflictos laborales; el pobre financiamiento que recibe el MTPE como parte del Presupuesto General (con las justas el 2%); las huelgas periódicas de los inspectores (23 de setiembre), entre otros problemas internos, el panorama para el sector Trabajo aparece bastante sombrío.