“Protestan contra la reforma universitaria”, “marchan por mantener el statu quo” o “la izquierda le sigue el juego al fujimorismo” son algunas de las frases que han sido utilizadas por diversos medios para referirse a la jornada de lucha llevada a cabo el 4 de julio a nivel nacional y que sólo en Lima logró movilizar a 20 mil personas aproximadamente.Si bien cada quien puede leer subjetivamente la realidad, hay giros de 180 grados que no alcanzan ningún nivel de veracidad y sobre los cuales hay que decir aquello que algunos convenientemente disfrazan.

La jornada encabezada por los sindicatos, pero que tuvo en sus filas a representantes de organismos diversos, partidos políticos, movimientos estudiantiles, trabajadores, sociedad civil, etc. no tuvo como puntos únicos la protesta contra la ley de reforma universitaria impulsada por el congresista Daniel Mora o la Ley del Servicio Civil. La plataforma de demandas y la movilización se fue gestando desde mediados de mayo y congregaba una serie de aspectos entre los cuales se encontraban también el rechazo a la Ley de Servicio Militar Obligatorio, las modificaciones en el Código del Niño y Adolescente, el rechazo al proyecto Conga, etc. Esta jornada significa, además, la unificación de múltiples luchas que venían desarrollándose en forma dispersa; así como la desilusión frente a la posibilidad de alguna negociación con el gobierno.

Resulta lógico, sin embargo, que debido a que la Ley Servir fuera promulgada la mañana misma de la jornada ocupe, además de primeras planas, la mayor indignación entre los manifestantes. Y aquí hay un detalle importante: creer que estar en contra de las leyes propuestas por el Ejecutivo o el Legislativo implica defender el sistema en el cual nos desarrollamos es una falacia notoria. No se trata de una oposición total a las reformas. Por ejemplo, los estudiantes universitarios presentes en la marcha indicaron en más de una ocasión que se oponen a la ley propuesta pues buscan una reforma universitaria de verdad que abra el debate sobre la problemática de la universidad pública y que los considere como actores protagónicos en la implementación de la reforma y la elaboración de la ley. De otro lado, no ha habido un rechazo a la reforma del trabajo en el estado, sino una lógica respuesta negativa frente al recorte de derechos en que esta ley incurre. Sólo la negativa frente a la “negociación colectiva respecto de temas salariales” es un aspecto suficiente para protestar contra  esa ley que, por cierto, fue aprobada y promulgada en tiempo récord.

Pero no sólo hay disfraces de la realidad, sino también oportunismos evidentes. Ese es el caso del fujimorismo que haciendo amnesia voluntaria y colectiva ha buscado  ponerse de lado de los trabajadores. De esos mismos a quienes dio la espalda en la década de 1990 precarizando el empleo, fomentando despidos masivos y recortando hasta lo más mínimo los derechos laborales. Por suerte, en el Perú, los trabajadores ejercen memoria y la bancada naranja no logró hacerse del protagonismo en esta protesta.

Quedan, sin embargo, algunas preguntas luego de la jornada que, como diversos analistas han coincidido, constituyó un punto de quiebre entre diversas organizaciones, las mismas que llevaron a Ollanta Humala a la presidencia, y el mandatario. ¿A qué costo Humala está decidido a mantener su ruptura con el programa que defendió en el 2011? Y, de mantener esta orientación como parece ser su intención, ¿por qué promulgó el mismo 4 de julio una ley que, sabía, desataría un fuerte rechazo? ¿Falta de cálculo político o, por el contrario, está jugando a mantener el ambiente en revuelta? A ello le sumamos que para tapar lo que fuera necesario tapar está Nadine Heredia quien ha ocupado las primeras planas con su negativa a postular en el 2016 desatando la obsesión mediática que de un tiempo a esta parte ronda en los medios.