Mientras que el senado brasileño convierte a cualquier delito de corrupción en “crimen atroz” o en España, el juez encargado del caso Bárcenas ordena su ingreso en prisión incondicional y sin fianza también por casos de corrupción, en el Perú, el ex presidente Alan García solicita una acción de amparo para que se deje sin efecto todo lo actuado con respecto a su persona por la comisión que investiga las presuntas irregularidades cometidas durante su segundo gobierno. De proceder este amparo, García sería borrado de todos los informes. Pero, ¿qué es lo que ha llevado al ex presidente a reaccionar con este evidente nerviosismo?

El sábado que pasó, Otra Mirada entrevistó a Sergio Tejada, presidente de la Comisión Investigadora. Si bien el caso de los narcoindultos constituye el hallazgo más serio en esta instancia, es preciso recordar que hay otras investigaciones en curso (colegios emblemáticos, caso BTR, etc.) que podrían verse también afectadas en caso de que la acción de amparo fuera aceptada.

El caso de los narcoindultos, como cualquier caso de corrupción, ha tenido un costo altísimo en desmedro del país. Se habla, por ejemplo, de 240 mil dólares para liberar a catorce cabecillas, pero también, según testimonio de Carlos Butrón Dos Santos, alias “Brasil”, de 200 personas condenadas por tráfico de drogas en forma agravada que habrían pagado entre 1000 y 10 mil dólares por conmutaciones. Asimismo, hay testimonios que indican que en el penal de Lurigancho se pedían hasta 10 mil dólares por año conmutado y, otros que señalan que algunos promotores pedían entre 800 y mil soles para iniciar el trámite. Estaríamos hablando, pues, de millones de dólares involucrados en los “narcoindultos”.

Lo cierto es que cada indicio resulta más elocuente que el anterior y todo apunta a que más de una red veía las conmutaciones de penas. Existe una serie de testimonios que señalan el compromiso del presidente de la comisión de gracias presidenciales de dicho momento, pero también los hay que señalan otras rutas que podrían llegar a personajes del más alto nivel. Algunos hacen hincapié en un indulto muy particular que, al parecer, nunca fue visto por los promotores, sino que tuvo otra ruta. Del mismo modo, existe un testimonio que da cuenta de una coordinación muy estrecha en este caso, y los cobros habrían sido directamente con el ministro. Esto indicaría que hubo un periodo en el que habría habido cierta concertación para brindar conmutaciones.

Entonces, aunque la cifra económica resulte escandalosa, no nos encontramos frente a un escándalo de corrupción donde consideremos únicamente el tema económico. No olvidemos que al margen de la cobranza estamos hablando de la constitución de una red de poder y  de una acción corrupta del Estado que debe combatir al narcotráfico en el Perú. Se permitió liberar a cabecillas internacionales, volviendo al Perú en una suerte de “narcoestado”, valiéndose de la comisión de gracias presidenciales como un instrumento de poder.

Pero además, estamos ante una estrategia política posterior del ex presidente García para evitar como sea posible una investigación congresal y otra judicial, toda vez que ha logrado evadir o escapar a ambas en el pasado. Asimismo, se ha valido de una fórmula antes empleada por él mismo, para que personajes vinculados a los escándalos terminen por inmolarse para liberarlo a él de las responsabilidades. Otrora fueron León, Nava, Mantilla, etc. y ahora tenemos a Miguel Facundo Chinguel haciendo de gran responsable de conmutaciones de penas a narcotraficantes que llevaban la firma del entonces presidente de la república, Alan García.

Toca ahora al Poder Judicial demostrar su imparcialidad y no obstaculizar la labor investigadora encomendada en el Congreso a esta comisión. Toca a las fuerzas políticas rechazar de manera tajante cualquier acto de corrupción y este en particular por la magnitud de que se trata. Pero nos toca a nosotros, a los ciudadanos, castigar desde nuestro fuero a un personaje político como Alan García quien, alegando ser víctima de una persecución, busca confundir a la opinión pública. A este personaje, así como la ley, debe caerle nuestro rechazo con todo su peso. Dejemos a la corrupción desamparada.