La posible compra, ahora descartada, de los activos de Repsol por parte de Petroperú levantó un debate encendido. Por un lado estuvieron aquellos que defendían la compra, pensando en el fortalecimiento de la empresa Petroperú y también enfatizando la necesidad de evaluar las condiciones en que esta debía llevarse a cabo. Por otro, quienes desde que asomó la idea de un posible fortalecimiento de la empresa pública levantaron la voz arremetiendo contra lo que, según ellos, constituía una propuesta aberrante, retrógrada, ridícula.

Antes que nada cabe una distinción. Estar a favor del fortalecimiento de Petroperú y de la presencia del Estado en el manejo energético y de hidrocarburos en el país no implica cerrar los ojos frente a los problemas de la operación. En ese sentido, la posibilidad de comprar activos de Repsol constituyó una iniciativa positiva respecto de la presencia del Estado en el sector, pero ello no impedía evaluar la pertinencia de participar en Repsol, siendo esta una empresa con deudas pendientes y cuya compra debía realizarse con total transparencia. Estos son dos aspectos que, convenientemente, unió aquel sector de la derecha que nos tiene acostumbrados a su limitación para distinguir los grises y que revive el cuco comunista siempre que la palabra “Estado” es tímidamente mencionada.

En los últimos días hemos podido distinguir dos reacciones. La primera podemos definirla como la estrategia del doble filo. Por ejemplo, al respecto de la compra de activos de Repsol hubo un sector que puso el grito en el cielo despotricando contra esta empresa estatal, señalando que era un desastre, imposible de manejar y que lamentaban no haberla privatizado durante la década de 1990. Ese es el caso de la columna de opinión de Pablo Secada publicada el lunes 29 de mayo en la revista VelaVerde con el sugerente título de “PeorPerú”. En esta, como resulta evidente, afirma que la empresa es obsoleta. Sin embargo, el discurso en el que basa esta opinión Secada, y quienes han indicado lo mismo, es el mismo que durante décadas ha buscado trabar el fortalecimiento de la empresa pública. Por un lado, han sido quienes han puesto obstáculos para que esta mejore y se fortalezca y ahora denuncian su debilidad. Doble filo voluntario, casi irracional, pero muy convenido.

La segunda estrategia es antes bien la de la “nueva hoja de ruta”. Así como lo leen. No han faltado liberales que, desde sus plataformas, han olvidado que quien ganó las elecciones llegó con un plan de gobierno bajo el brazo que en ningún momento señala, implícitamente siquiera, que el Estado no participará en las empresas públicas, que sólo fomentará la inversión privada ni que lo sectores estratégicos se encontrarán en manos de terceros por los siglos de los siglos. Nada más falso. Sin embargo, leyendo entre algo más que las líneas, han decidido marcar la nueva agenda al candidato que, recordemos, no fue aquel por quien votaron ellos.

De esta manera, han indicado que el presidente Humala “no debe confundirse” y antes bien debe priorizar lo que estos columnistas consideran indispensable para el desarrollo nacional. Envueltos por un hálito de “consejería gubernamental espontánea” hacen llamados para tratar los temas “realmente importantes” y si bien indican algunos puntos como la reforma educativa, la seguridad ciudadana, la erradicación de la corrupción, entre otros temas, resulta hasta cómica esta intención por marcar la agenda del presidente y, aún peor, creer que estos puntos importantes se excluyen del fortalecimiento de la empresa pública. Una falacia más.

Se entiende que con un presidente como Ollanta Humala, que en muchas ocasiones ha dado evidencias de un manejo contradictorio contra sí mismo y su plan inicial, la derecha se confunda. Sin embargo, habría que recordarles a los amigos liberales que existe una hoja de ruta, que no hace falta alarmarse ya que un Estado medianamente presente no significa el fin del mundo y que, sería bueno, que las grandes reformas propuestas en el plan de gobierno inicial se iniciaran.