El Perú es un país ancestralmente minero. Esta actividad ya era importante en la época pre-hispánica y hay muestras de ello en el arte y especialmente la orfebrería de nuestros antepasados. La actividad minera continuó durante la colonia pero su carácter cambió radicalmente.

Esta pasó a ser una explotación de materias primas para la exportación que abastecía la acumulación primitiva del naciente sistema capitalista, primero con oro y casi inmediatamente con el predominio de la plata. La producción minera se basó además en mano de obra semi esclava, a través de la mita, que fue uno de los sistemas de explotación de la población aborigen que contribuyó a la catástrofe demográfica de la época.

Desafortunadamente, las condiciones de la explotación minera colonial no cambiaron sustantivamente en el período republicano. La producción minera ha sido el eje de un modelo primario exportador más ligado a la división internacional del trabajo del mercado capitalista mundial que a las necesidades de desarrollo del mercado nacional. Si bien la minería ha sido un componente central del crecimiento del PBI en los últimos años y un importante contribuyente a las arcas fiscales, llegando a constituir casi la mitad de lo recaudado por impuesto a la renta,  ha sido también causante de la denominada “enfermedad holandesa” en nuestra economía que convierte a esta en  adicta a un dólar barato lo que afecta gravemente nuestra producción nacional.

Asimismo, el tipo de actividad minera que se desarrolla genera conflictos que afectan su viabilidad en los planos laboral, comunitario y medio ambiental. En el primero de los casos el conflicto con los trabajadores mineros es de larga data, promoviendo una de las respuestas de organización sindical más importantes del siglo XX que tuvo su punto culminante en la nacionalización de buena parte de la gran minería por el gobierno de Velasco en los años setenta. Las condiciones para el conflicto laboral no han cambiado, siendo hoy este sector, ya totalmente en manos privadas, gravemente afectado por la tercerización laboral que es una forma aguda de sobre explotación en medio de altísimas ganancias empresariales. Sin embargo, las dificultades de organización gremial impuestas por el neoliberalismo desde la época de la dictadura fujimorista, hacen muy difícil que el descontento se exprese sindicalmente por lo que los ingresos de los trabajadores mineros continúan deprimidos.  

Los conflictos que más resaltan en la actualidad son el comunitario y medio ambiental, que suelen darse entrelazados. Al igual que el conflicto laboral, la lucha de las comunidades viene desde hace más de un siglo y el ejemplo emblemático ha sido el de las comunidades del centro del Perú en defensa de sus pastos. En la actualidad la lucha es por la defensa de las tierras y del agua, indispensables para la ganadería y la agricultura, que se ven amenazadas por la expansión minera.

La alternativa frente a esta situación no es, de ninguna manera, terminar con la minería. Por el contrario, sobre la base de la experiencia obtenida hay necesidad de una política de nueva minería que sea sustentable, tanto económica como social y ambientalmente. Lo más importante en este camino es articular la actividad minera con la actividad económica en el resto del país, promoviendo que desarrollen actividades con valor agregado que multipliquen mercados internos y puestos de trabajo. Tomando en cuenta sobre todo a la gran minería, el punto de partida para ello es un ordenamiento territorial que permita definir dónde se puede hacer minería y dónde no, la consulta previa indispensable a las poblaciones involucradas para que influyan claramente en las decisiones a tomar, el respeto a los intereses de los trabajadores terminando con la tercerización y el respeto también al Estado de Derecho y a la autoridad pública, tanto a nivel local, como regional y nacional.

Al respecto, los actores involucrados: grandes empresas, Estado, trabajadores y comunidades, son los llamados a impulsar la agenda de la nueva minería en beneficio del país. Le toca una responsabilidad especial al actual gobierno que anunció buenas intenciones pero se ha quedado en ellas.