En medio de la vorágine revocadora que envolvió Lima en las últimas semanas pasó inadvertido un curioso comunicado publicado en el diario La República el día domingo 10 de marzo.En él un grupo de 7 empresas norteamericanas en su gran mayoría se dirigían al gobierno del Presidente Humala. En el Perú normalmente se esperaría que en este tipo de comunicados los empresarios se quejaran por los “altos costos salariales” que debían pagar, o por el contrario los engorrosos trámites burocráticos de los cuales serían víctimas, o la permanente extorsión que sufrirían a manos de algún grupo político retardatario que soliviante a sus trabajadores.

Sin embargo, el comunicado en cuestión fue todo lo contrario. En él empresas como New Balance, Nike y Life is Good al mismo tiempo que saludan el buen momento que vive nuestro país y su economía, subrayan que para que las políticas de inclusión social y el bienestar que genera el crecimiento económico lleguen a la población se deben cambiar un conjunto de dispositivos legales que atentan contra los trabajadores del sector.

Esta defensa de los derechos laborales de un grupo de trabajadores por las propias empresas que les dan trabajo indirectamente es por demás inusual en nuestro país. Las empresas que han decidido levantar su voz contra la política del cholo barato que gobierna nuestro país hace más de dos décadas, señalan que la actual normatividad viola un conjunto de reglas internacionales, así como sus propias políticas laborales internas.

En su comunicado señalan que el Decreto Ley Nº22342 o también conocido como “Ley de Promoción de Exportaciones No Tradicionales” viola los derechos de los trabajadores porque les impide el paso de una situación de contratación eventual a una de tipo de contrato indefinido. Con ello un trabajador textil no accede nunca a los derechos sociales de los que dispone un trabajador con contrato indefinido, sino que en la práctica está impedido de sindicalizarse y a través de esa vía mejorar sus condiciones. Debe recordarse que el Decreto Ley en cuestión fue promulgado por el gobierno militar de Francisco Morales Bermúdez en el año 1978 y formó parte del paquete legal con el que el gobierno castigó a los sectores obreros que se movilizaron en su contra.

Pasados más de 30 años conviene preguntarse si esa ley temporal no debe ser derogada. Estamos frente a un dilema con un mismo resultado: o bien la promoción de las exportaciones tradicionales ya se cumplió, o bien dicha promoción no se ha cumplido y por lo tanto conviene preguntar si el Estado debe seguir dando facilidades a un sector que no ha podido ser competitivo en 35 años. Según cifras del Banco Central, entre 1978 y el 2012 las exportaciones no tradicionales crecieron de 353 a 11 mil millones de dólares. Es decir que en 34 años estas se multiplicaron por 31. En el caso de las exportaciones textiles estas crecieron de 103 a 2157 millones de dólares en similar lapso. Es decir, se multiplicaron más de 20 veces.

Pareciera entonces que las exportaciones no tradicionales y específicamente las textiles se han desarrollado. En caso de que los empresarios del ramo afirmen lo contrario resulta lógico derogar un instrumento legal que luego de tres décadas no habría cumplido sus fines, impulsar al sector exportador no tradicional, y más bien pensar una alternativa.

Para no perder la costumbre los empresarios nacionales, específicamente aquellos agrupados en ADEX lanzaron también su comunicado. Sin embargo, a diferencia de las empresas transnacionales, los exportadores nacionales demandaron que continúen los beneficios que les da el mencionado Decreto Ley. Es decir, proclamaron que la política de los bajos salarios y los nulos derechos debe continuar en nuestro país.

En la misiva firmada por Juan Varillas y dirigida al Ministro de Comercio Exterior, los empresarios exportadores, envueltos con la bandera nacional y al grito de “Yankees go home” se quejan de que “firmas americanas pretendan inmiscuirse en políticas internas”.

La respuesta del Ministro de Comercio Exterior José Luis Silva, también empresario y expresidente de ADEX, no se hizo esperar.  Como no podía ser de otra manera el ministro del actual gobierno señaló que “la legislación laboral peruana se ajusta a la legislación internacional de la OIT, ya que los trabajadores gozan de los beneficios sociales que por ley les corresponde.” En un episodio de mimetización el funcionario público no sólo firma una a una las líneas del comunicado de su antiguo gremio sino que denuncia el complot de ONGs internacionales que cuestionan nuestras leyes nacionales.

Actualmente se está discutiendo en el Congreso de la República la derogación parcial de la Ley Nº 22342, es por ello que las firmas textiles norteamericanas se han pronunciado por la derogación de leyes que consagran la sobre explotación en el sector textil y que les impide a estas cumplir con sus accionistas. Es en esta misma coyuntura que un grupo de empresarios peruanos decide seguir apostando por la explotación de otros peruanos como ellos para seguir acumulando enormes ganancias o para compensar la competitividad que no supieron ganar en 35 años. Esperamos que los congresistas no caigan en esta maniobra y que la “inclusión social” llegue por fin a los trabajadores textiles. Esperamos saber también si es que la Ministra de Trabajo, Nancy Laos Cáceres tendrá algo que opinar sobre los TRABAJADORES TEXTILES o más como se dice popularmente no tendrá vela en este entierro y más bien la única opinión será la del ministro Silva.