Los trágicos sucesos de la “Curva del diablo”, ocurridos el 5 de junio del 2009, en Bagua, en el norte del país, fueron sin ninguna duda los acontecimientos que marcaron un hito, un parteaguas y una poderosa inflexión en la historia de los pueblos indígenas amazónicos en el Perú del siglo XXI.

Como hemos anotado y señalado en múltiples ocasiones, la resistencia indígena en Bagua  derribó al gabinete presidido por Yehude Simon, se erigió como la oposición más frontal y virulenta contra el régimen de Alan García Pérez, puso entre las cuerdas a la lotización amazónica y por primera vez colocó una agenda indígena en la política nacional, entre otros efectos e impactos.

Sin embargo, apenas un año después, toda la acumulación de fuerzas, la visibilización y la conversión de los indígenas en actores sociales y políticos pareció extinguirse. Ya en las vísperas electorales del 2011 los líderes indígenas, incluyendo a Segundo Alberto Pizango Chota, el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), fueron “ninguneados”, tal como el mismo Pizango acusó a Ollanta Humala por ubicarle en los últimos lugares de la lista parlamentaria de “Gana Perú”.

¿Qué había pasado? Además del implacable acoso judicial y policial del régimen alanista contra la mayoría de los líderes indígenas, de las pugnas interétnicas que se desataron al interior de las organizaciones, del enfrentamiento entre los llamados líderes “históricos” que fueron cooptados por el gobierno y los actores del “baguazo”, hubo algo mucho más grave: los líderes de Bagua se olvidaron de trabajar y consolidar la unidad de las organizaciones, de construir poder político y de formular  un plan orgánico de desarrollo económico, político, cultural y social de los pueblos indígenas, como un factor de unidad y también de negociación con el Estado y el gobierno.

Por su supuesto que el gobierno alanista aprovechó maquiavélicamente esta debilidad orgánica para infiltrar de “topos” las organizaciones indígenas, de generar paralelismos y de inaugurar una política de prebendas y asistencialismo. A toda esta ofensiva antiindígena habría que agregar el rol divisionista que juegan las empresas petroleras, gasíferas y forestales en la Comunidades, la complicidad del Estado con éstas multinacionales y un proceso de neoevangelización que penetra en los pueblos indígenas provocando inmovilismo político y la renuncia a las raíces identitarias.

Los pueblos indígenas andino-amazónicos se ilusionaron con el proyecto de “La Gran Transformación” de Ollanta Humala Tasso y votaron masivamente para llevarlo al gobierno. Incluso la aprobación de la Ley de Consulta Previa de los Pueblos Indígenas 29875 en setiembre del 2011 siguió alimentando sus esperanzas. Pero el desencantó llegó muy pronto y con el cuestionado reglamento de la referida ley y la onda extractivista que amenaza y pone en riesgo las tierras y territorios indígenas, para las organizaciones agrupadas en el llamado “Pacto de Unidad”, el gobierno de Humala es más o menos la edición corregida y aumentada del toledismo, fujimorismo y el alanismo del “perro del hortelano”.

Para no quedarse sólo en la crítica y la protesta, AIDESEP acaba de presentar el “Plan Nacional y Regional de Vida Plena Amazónico”, una suerte de nueva agenda amazónica indígena, que consta de 8 ejes: Seguridad Territorial, Producción Agroforestal, Acuícola y Bio-industrial, Manejo de Bosques y funciones ecosistémicas, educación y salud intercultural, Monitoreo y mitigación socioambiental, Promoción de Mujeres Indígenas, Derechos Colectivos e individuales indígenas y Comunicaciones e incidencia indígena.

Este plan, que está siendo presentado y expuesto a todos los ministerios, recoge sin duda los problemas cruciales y urgentes de los pueblos indígenas. Empezar a resolverlos es una obligación irrenunciable por parte del Estado.

Por su parte, AIDESEP anuncia que entre los días 9 y 10 de noviembre próximo realizarán un congreso para evaluar los avances logrados en la negociación y diálogo con el Estado.

Ojalá que esta vez se llegue a buen puerto. Ello dependerá en gran medida de la unidad de AIDESEP con sus 9 organizaciones regionales, sus 67 organizaciones locales, las 1300 comunidades que la integran y la articulación y consenso con los demás pueblos indígenas amazónicos.