La empresa REPSOL se encuentra vendiendo los activos de GNL en América y Perú por aproximadamente 3,000 millones de euros. Teniendo en cuenta que en esta venta se incluye uno de los negocios estratégicos más ambiciosos de esta empresa en América (el Gas Natural Licuado), es fundamental revisar cómo nos impacta esta venta y qué debemos hacer al respecto.
 
La crisis mundial ha obligado a REPSOL a deshacerse de diversos proyectos como es el caso del Gas Natural Licuado para el cual defendían un circuito integrado que les permitía la estrategia de “oportunidades de arbitraje” (comprar a un precio y venderlo a otro mayor). Sin embargo, por la crisis, se han visto obligados a deshacerse de activos para recapitalizarse. En el Perú, se retirarían de los grifos, de la refinería, etc.
 
Ante esta venta, la congresista Verónika Mendoza ha presentado una cuestión de orden para que los ministros Castilla y Merino (MEF y MEM respectivamente) expliquen en el Congreso las implicancias que tendrá para el país esa venta. Por lo pronto hay cuatro aspectos principales señalados por Manuel Dammert sobre los cuales debemos detenernos y que resultan muy elocuentes, tanto como el sospechoso silencio de ambos ministros lo cual se relaciona directamente con el proyecto de ley que defienden y que busca anular el Gasoducto y la Petroquímica del Sur.
 
El primero es el referido a los impuestos. Es inconcebible que el Estado aún no establezca la ley que indica el pago respecto a la venta de los activos y acciones de empresas en cualquiera de las fases de la industria del gas o de aprovechamiento de recursos naturales en general, localizados en nuestro país. Esta evasión tributaria es inaceptable.
 
En segundo lugar, el Estado debe actuar inmediatamente para que se pague los US$ 125 millones de regalías que ha estimado Petroperú que evadió el consorcio Camisea en 10 embarques que variaron su destino final. Además, en tercer lugar, reconociendo que REPSOL posee un liderazgo en el Consorcio Camisea que es un monopolio, se debe velar por el cumplimiento de la ley 29129 que declara de necesidad pública e interés nacional el Gasoducto y la Petroquímica del Sur y establecer que los 2,5 TCF del lote 88 sean destinados a este propósito.
 
Es fundamental retirar el proyecto de ley presentado en Agosto de este año mediante el cual se anula la posibilidad de competencia en el gasoducto del sur, se fortalece el monopolio y se fragmenta a esta zona de nuestro país. Además, se le impide el desarrollo industrial necesario para dejar de reproducir un modelo obsoleto basado en la exportación de materias primas. Esta es una deuda histórica y una promesa de campaña a la cual el gobierno no debiera traicionar.
Finalmente, cabe recordarle al gobierno que el tema de la exportación es tan controvertido que resulta importante considerar la renegociación o la concesión de una porción mayoritaria del mercado de la refinación del petróleo a Petroperú, entidad que debiera participar de todas maneras.