La salida de Villena del Ministerio de Trabajo y su reemplazo por Nancy Laos, admite algunas lecturas. Una primera es el afianzamiento de una tendencia que comenzó con el nombramiento de un ministro de centro (Rudecindo Vega) y un viceministro sindicalista (Pablo Checa), y que derivó, año y medio después, en el nombramiento de una abogada de empresas poco conocida más allá del ambiente de los estudios y las asesorías legales. Este movimiento termina de redondear el deslinde del gobierno con un movimiento sindical que lo apoyó en su primera etapa, pero que no hizo lo suficiente por preservar los pequeños espacios obtenidos  mientras los tuvo.

Un tema por aclarar son las implicancias del ingreso de Laos a la cartera. No es la primera abogada empresarial que ejerce el cargo, ni será la última. Su perfil bajo la puede llevar a tomar caminos diversos: uno primero es administrar sin mayores sobresaltos el sector, limitándose a pequeños ajustes en procedimientos y servicios que parezca que se avanza; puede también profundizar los procesos de flexibilización y desregulación laboral iniciados en los noventas, en una apuesta arriesgada por sus implicancias políticas y sociales; y finalmente, un escenario poco probable, puede implementar algunos puntos de la agenda laboral y sindical que ganó las elecciones del 2011, en un rapto de “progresismo” del gobierno por reencontrarse con sus bases populares. 

¿Y cuál sería esta agenda mínima que convendría mantener, asumiendo que el gobierno quiere preservar el apoyo de una parte de sus votantes? En principio, concretar la aprobación de la Ley General del Trabajo, la gran reforma institucional que ningún presidente, congreso o ministro ha impulsado seriamente desde el retorno de la democracia.  Otra forma de favorecer el ejercicio de los derechos fundamentales es aprobando el reglamento de la ley de relaciones colectivas de trabajo, demorado injustificadamente por Villena. 

Una demanda reiterada de los trabajadores es el fortalecimiento de las inspecciones de trabajo. La creación de la Superintendencia de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) es una iniciativa que, en principio, podría contribuir a mejorar un servicio profundamente deficitario en su impacto y defectuoso en su implementación. Sin embargo, esta medida ha sido fuertemente cuestionada por las direcciones regionales de trabajo. La consideran un enroque centralista que se les arrebata competencias y recursos.  El nombramiento de su responsable máximo será tan o más importante que la designación del propio ministro.

Un tercer elemento clave está relacionado con el fortalecimiento de las instancias regionales encargadas del sector. Con el proceso de descentralización, muchas Direcciones Regionales pasaron a depender de los Gobiernos locales, convirtiéndose en el patito feo del presupuesto regional (situación similar a la del propio Ministerio de Trabajo). Serán estas instancias las encargadas de gestionar, por ejemplo, los conflictos laborales. Sin embargo, su debilidad institucional y organizacional no augura un manejo oportuno y eficiente de los mismos. El desmantelamiento del equipo de profesionales del Viceministerio de Trabajo –peor aún: su reemplazo por personajes cuestionables del pasado reciente– puede interrumpir una serie de procesos orientados al fortalecimiento de las direcciones regionales, atentando contra la institucionalidad del sector. Mucho ojo, señor Presidente, no abandone del todo este frente.