A una semana de que el presidente electo, Ollanta Humala, asuma funciones, uno de los temas por abordar – y que ha sido criticado por la oposición – es la necesidad de contar con cuadros técnicos y gerenciales para gobernar. En ese sentido, la apuesta del presidente Humala de convocar a profesionales de diversas canteras políticas es una decisión positiva, que se explica por su interés de construir un gobierno de concertación.
Sin embargo, el aumento indescifrable de funcionarios públicos en los últimos cinco años, sobre todo del llamado “personal de confianza”, sugiere poner en marcha una reforma integral del servicio de administración pública del país.
Al respecto, algunas cifras presentadas por la Comisión de Transferencia de Gana Perú llaman a suspicacias. Un ejemplo es el incremento del gasto en sueldos de personal de confianza de ESSALUD, el cual habría aumentado, de 2006 a 2010, en S/. 50 millones de nuevos soles por año. Otro caso es la planilla del Ministerio de Agricultura, que habría crecido exponencialmente, pasando de 2,592 trabajadores en 2006 a 6,882 trabajadores en 2011. Estas cifras, sin embargo, no han ido de la mano con una lucha frontal contra los casos de corrupción. La Contraloría General de la República ha presentado un total de 2,477 denuncias que involucran en diferentes actos de corrupción a funcionarios del Estado, de los cuales la mayoría se refiere a delitos de peculado, negociación incompatible y abuso de autoridad.
¿Y la experiencia de SERVIR? ¿No era el gran proyecto para renovar el servicio público? SERVIR, a través del Cuerpo de Gerentes Públicos (CGP), ha tenido como única tarea seleccionar a un número de profesionales y técnicos para enviarlos a trabajar en las instituciones públicas que los soliciten. A mayo de 2011, se habían incorporado 137 profesionales al CGP, de los cuales 76 han sido asignados a 23 entidades públicas del Gobierno Nacional y de gobiernos regionales. ¿Eso es todo? Según la ex presidenta de Servir, Nuria Esparch, la experiencia de SERVIR todavía necesita consolidarse.
SERVIR, sin embargo, habría sido una suerte de parche y no una solución frente al caótico sistema de servicio público. En esa medida, no se agarró al toro por las astas, obviándose la promulgación de la Ley de Carrera del Servidor Público, norma necesaria para organizar la labor de por los menos un millón de empleados que se “calculan” trabajan para el Estado. Asimismo, no prosperó la creación de un sistema de remuneraciones, lo que es urgente tomando en cuenta que hoy existen 418 normas sobre este tema.
Por lo expuesto, habría que empezar elaborando un diagnóstico sobre cuántos son y bajo que modalidad laboran los empleados públicos del país. Asimismo, una segunda tarea podría ser recoger la experiencia peruana de la década de 1970 con la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), es decir, crear una entidad encargada de la capacitación de los empleados públicos. Si bien su concepción puede estar desfasada, podría servir como ejemplo para arribar hacia una reforma integral de la administración pública.