Como anunciamos en nuestro infodiario titulado “Alarmas de guerra sucia”, utilizando el cuco del terrorismo, ciertos miembros del gobierno de turno y sectores conservadores buscan justificar la mano dura y represión en el país.

Ahora es el turno del sector educativo pues desde el lunes de la semana pasada tiene vigencia el Decreto Supremo No 019-2010-ED mediante el cual se impide a los profesores condenados por el delito de terrorismo seguir dictando clases en aulas de las instituciones educativas públicas del país y permanecer en la institución educativa. Pero, además, el cuarto punto de este decreto afirma que el archivamiento de denuncia por parte del Ministerio Público o la Sentencia Absolutoria consentida o emitida por la autoridad judicial, no modifica ni deja sin efecto la sanción administrativa de destitución. A todas luces, es un decreto injusto y arbitrario.
Por un lado, cabe mencionar que la mayoría de docentes que cumplieron condena por cometer actos terroristas se acogió a la jubilación temprana. Esto quiere decir que la cantidad de docentes a quienes afecta este decreto no es tanta. Sin embargo, cabe la pregunta: ¿Existe alguna lógica detrás de este decreto o solo la intención de facilitar la labor fiscalizadora que el Ministerio de Educación debería realizar?
No existe lógica alguna en impedir que alguien que ya cumplió su condena (vale decir, que cumplió con la ley) trabaje. Por esta razón, el impedimento a los docentes resulta no solo ilegal, sino anticonstitucional. Este decreto constituye una salida fácil del Ministerio de Educación (MINEDU), entidad que debería encargarse de fiscalizar constantemente la labor de los docentes y evitar que se realice proselitismo de cualquier tipo en las aulas. Con este decreto no se logra combatir el problema del proselitismo, sino que se pone un parche claramente insuficiente.
Por otro lado, esta medida no hace sino reforzar el enfrentamiento constante entre el magisterio y el gobierno de turno que ha realizado una serie de acciones desde el inicio de este régimen que perjudican la confianza entre docentes y autoridades. ¿Cómo pretende así el Presidente García entablar un diálogo constructivo con los maestros?
Finalmente, esta medida de parche forma parte de un conjunto de iniciativas que este gobierno ha propuesto y que demuestran abiertamente su intención de alejarse de los cánones de respeto no solo a los derechos humanos, sino también a las leyes peruanas y los estatutos internacionales como el probable retiro “parcial” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, la pregunta es: ¿Contra quién está atentando el gobierno de turno disfrazado de defensor cuando viola las leyes?