El debate sobre la adquisición de las 24 aeronaves F-16 Block 70 por el Perú trasciende el plano técnico-militar, especialmente para un país de renta media, con limitaciones institucionales y claras brechas sociales. Se trata de una decisión de alto impacto estratégico que involucra compromisos financieros de largo plazo, definiciones de alineamiento internacional y riesgos asociados a la actual fragilidad institucional del Estado peruano. Este documento sostiene que, en el contexto político actual, avanzar en decisiones de esta magnitud sin un marco de legitimidad, transparencia y planificación estratégica integral compromete no solo recursos fiscales (US$ 3,500 millones), sino también márgenes de autonomía en política exterior y de defensa. Al momento de cerrar este artículo, el negocio ha sido completado, se ha realizado el primer pago de US$ 462 millones, y las primeras unidades llegarán al Perú el 2029(1). Esperemos que no tengamos que usarlos y sobre todo, que no impliquen limitaciones operacionales para nuestros pilotos.

1. El contexto: decisión estratégica en medio de fragilidad institucional

El Perú enfrenta una paradoja complicada: su entorno regional presenta desafíos crecientes en materia de seguridad tradicional que lo afectan directamente. Desde el 2015 enfrentamos una expansión de las actividades del crimen organizado asociadas al funcionamiento de diversas economías ilícitas, así como frecuentes tensiones fronterizas asociadas a ellas. Descartados parcialmente los escenarios de guerra exterior con nuestros vecinos, las amenazas son de otra índole, desde la protección de la Amazonía, situaciones de violencia producidas por el crimen organizado hasta un potencial enfrentamiento entre China y EE. UU, por los recursos en nuestra región. 

Por otro lado, la comunidad latinoamericana afronta un contexto internacional en condiciones desventajosas y periféricas, donde las grandes potencias mantienen una rivalidad que trasciende lo geopolítico e incluye los aspectos económicos y comerciales, la misma que se manifiesta en los territorios y mares de los países latinoamericanos: minerales de tierras raras, agua dulce, energías fósiles. Desde el año 2000, China inicia un proceso de expansión e influencia más allá de sus fronteras, que ha logrado posicionarse como el mayor socio comercial para muchos países de América Latina (Brasil, Perú). En el caso específico del Perú, su sistema político atraviesa uno de los momentos de mayor debilidad institucional de las últimas décadas. Desde el 2016, el Estado peruano enfrenta una colisión de poderes en los que su régimen presidencialista se ve sujeto a un ataque de parte de grupos políticos asentados en el Congreso que se han encargado de obstaculizar la gobernabilidad y el Estado de Derecho, subordinando su política exterior y la de defensa, a los intereses y visiones de los EE.UU. En este contexto, la adquisición de aeronaves de combate es una operación compleja que:

• Implica compromisos financieros multianuales de gran escala que tienen un impacto sobre el gasto público del país (el resto de peruanos).
• Define relaciones de dependencia tecnológica con proveedores externos. 
• Tiene efectos directos sobre la política exterior y el posicionamiento geopolítico del país. 

Desde que las negociaciones se ajustaron dejando de lado las propuestas sueca y francesa, se planteó el tema de la justificación de orden geopolítico (Doctrina Donroe, Estrategia de Seguridad Nacional de EE. UU, potenciales problemas con puerto de Chancay). Se suscribió un Letter of Agreement (intención de compra), que prácticamente definió la operación Por ello no sorprende que desde que se destapó el problema de la suscripción del contrato, diversos sectores empresariales, políticos, académicos y mediáticos peruanos expresaron su apoyo a la compra a los EE.UU. La pregunta central no es si el Perú necesita modernizar su fuerza aérea —lo cual es evidente—, sino en qué condiciones políticas e institucionales debe hacerlo.

2. Más allá del equipamiento: dependencia tecnológica y soberanía operativa

Las adquisiciones militares modernas no son transacciones aisladas. Constituyen ecosistemas de dependencia que incluyen:

• Mantenimiento y soporte técnico 
• Suministro de repuestos 
• Actualización de software y sistemas 
• Entrenamiento y doctrina operativa 

Esto genera lo que en términos estratégicos se conoce como “lock-in tecnológico”: una relación de largo plazo que puede limitar la autonomía operativa del Estado. En consecuencia, la elección de un proveedor no es solo técnica o económica. Es, fundamentalmente, una decisión geopolítica. Una gran duda que no ha sido descartada siquiera por las declaraciones del Embajador Navarro en el sentido que el Perú es dueño absoluto de esa flota, es sobre las prohibiciones, restricciones y limitaciones que se puedan imponer sobre determinados tipos de uso, por parte de la Fuerza Aérea. 

3. Riesgos de decisión en contextos de transición política

Adoptar decisiones de alto impacto estratégico en gobiernos con legitimidad limitada o carácter transitorio implica riesgos concretos:

• Déficit de legitimidad política: decisiones percibidas como impuestas o poco transparentes. 
• Falta de continuidad estratégica: riesgo de revisión o paralización en gobiernos posteriores. 
• Instrumentalización política: uso de adquisiciones como mecanismos de posicionamiento interno o externo. 
• Opacidad: mayor probabilidad de recurrir a mecanismos reservados bajo el argumento de seguridad. 

Estos factores erosionan la calidad de la política pública en defensa y debilitan la confianza institucional. Todo parece indicar que los acuerdos no contractuales (cronograma) fueron acordados con las autoridades norteamericanas durante el gobierno de Jerí.

4. Dimensión geopolítica: alineamientos y autonomía

La adquisición de sistemas de defensa implica, inevitablemente, algún grado de alineamiento internacional, como es la declaración del Perú como aliado extra OTAN. El Plan Estratégico, luego la normatividad de la Agencia de Compras de las FFAA y el cumplimiento del Manual de Contrataciones en el Mercado Extranjero. En el caso peruano, esto abre interrogantes clave:

• ¿Se está priorizando la interoperabilidad o alineamiento político? El hecho que el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional haya determinado escoger al F 16 sin haber tenido una oferta definitiva de todos los participantes en la lista corta (Saab y Dassault), y el hecho que el premier mencione en su comunicado del 22 de abril “compromisos pre establecidos” (2) hacen pensar en la existencia de un alineamiento más político. 
• ¿Qué márgenes de autonomía quedan frente al proveedor? 
• ¿Cómo impacta esta decisión en la relación con otras potencias o actores regionales? 

En un contexto global marcado por tensiones entre grandes potencias, estas decisiones adquieren un peso estratégico aún mayor.

5. Hacia una política de defensa basada en criterios estratégicos

Para evitar que decisiones de esta naturaleza respondan a coyunturas o presiones externas, se requieren al menos cuatro condiciones:

• a) Marco de legitimidad política. Las decisiones de largo plazo deben ser adoptadas por gobiernos con mandato claro y respaldo institucional. Lo que ha ocurrido en el país es un larguísimo proceso administrativo iniciado el 2012, que llevó por todos los procedimientos internos del sector Defensa, la obtención de los recursos a través de créditos otorgados por el MEF, la participación de otras entidades del Estado, incluida la Agencia Peruana de Compras, Contraloría. Luego, en medio de la crisis política del país que llevó a tres administraciones distintas (Boluarte, Jerí Balcázar), en menos de dos años, llevaron a esta situación de indefinición temporal.  Lo paradójico es como se resolvió el impase. Mientras el presidente Balcázar anunció de distintos modos que su gobierno no suscribiría el contrato y lo dejaría al próximo, ocurrió que el 20 de abril este había sido suscrito por el Ministerio de Defensa, aunque sin la emisión del Decreto Supremo autoritativo. ¿Fue publicado? El Decreto Supremo 001-2026-DE del 5 de marzo aprobó la lista general de contratación de bienes, servicios y obras que realice las FFAA con carácter de secreto e incluye el Proyecto de Inversión con CUI 2573425, pero no determina cual fue el ganador de la operación de compra. El costo político de este largo proceso ha sido muy grande. Una situación de impase donde se evidenció la presión de la Embajada de EE. UU, la renuncia del Canciller y del ministro de Defensa, y un mayor debilitamiento de la institución de la presidencia, en medio de una crisis electoral de proporciones. 
• b) Transparencia y control democrático. Sin comprometer información sensible, es indispensable garantizar mecanismos de supervisión y rendición de cuentas. Lamentablemente, no se ha tenido acceso a la parte estrictamente contractual donde se puedan examinar los pormenores de las obligaciones de la parte vendedora y compradora. Sin llegar a los detalles tecnológicos o propiamente de las capacidades de la plataforma, creemos necesario exigir una mayor transparencia en ese punto. Hasta lo que se tiene conocimiento, en febrero del 2026 se tomó la decisión por parte del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, COSEDENA.
• c) Coherencia estratégica. Las adquisiciones deben responder a una doctrina de defensa definida y no a oportunidades de mercado o presiones externas. Aunque eso parece estar claro en el caso peruano

Conclusión. El Perú necesita modernizar sus capacidades de defensa. Sin embargo, la oportunidad, el proceso y las condiciones bajo las cuales se adoptaron estas decisiones no son claras y requieren la atención de los órganos de control, la prensa y academia especializadas. Más que una discusión sobre plataformas específicas, el país enfrenta una definición de fondo: si su política de defensa es el resultado de una planificación estratégica soberana o de decisiones condicionadas por coyunturas políticas y presiones externas. Solo el análisis de las condiciones impuestas en un contrato hasta ahora secreto lo develarán.

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(*) Abogado peruano con más de 35 años de experiencia en análisis e investigación sobre economías ilícitas, seguridad y dinámicas geopolíticas en la región andina y amazónica.
1 https://rpp.pe/politica/gobierno/embajador-bernie-navarro-confirma-que-l...
2 https://cutt.ly/RtKLLEo0