La inútil presidenta, empoderada por el congreso y el Tribunal Constitucional, involucra a su gobierno en dos decisiones peligrosas hasta para sus ministros: el retiro del Perú del ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) bajo el trillado argumento de defensa de la soberanía nacional y; la defensa de su hermano, investigado y denunciado por muchos actos de corrupción, extendiéndole, prerrogativas presidenciales. Esta desesperada por blindarse, ella y su entorno, en los meses de gobierno que restan. Para ambas ilegalidades, el trabajo sucio, han nombrado, a uno de sus peones, en el Ministerio de Justicia, con el aval de la mafia gubernamental existente en el congreso. No tenemos gobierno en el Perú, solo autoridades intentando evadir la justicia para seguir delinquiendo.

El retiro de la CIDH es un viejo sueño, inviable, del fujimorismo y la DBA. Fujimori no lo pudo realizar en plena dictadura; en 1999, con su mayoría parlamentaria, apenas “logró” la RL 25152 de “retiro del reconocimiento de la competencia contenciosa” de dicha corte, pero no el retiro de la misma. Esa resolución fue derogada, 17 meses después, por la RL 27401, que encargó al gobierno “realizar todas las acciones necesarias para dejar sin efecto los resultados que haya generado dicha Resolución Legislativa, restableciéndose a plenitud para el estado peruano la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Volver a plantear un imposible jurídico, el retiro de la CIDH, creada por el Pacto de San José, al que Perú se adhirió en 1977, reguló en 1978 (Decreto Ley 22231) y constitucionalizó en 1979 y 1993, manipulando el concepto de soberanía nacional, linda con la ignorancia, estupidez o extrema astucia.

Como el fujimorismo de los 90, el keikismo de Dina, recurre a este despropósito de aislarse del sistema internacional de protección de derechos humanos, para buscar impunidad por los asesinatos y violaciones a los derechos humanos pendientes en la corte, cometidos por su gobierno y otros existentes desde décadas atrás. La inconstitucional ley de amnistía dada por este gobierno es, usada, perversamente, como un antecedente para evadir la justicia por los asesinatos del 2022 y 2023, promoviendo, otra amnistía a los autores reales o intelectuales de dichos homicidios, incluidos Dina y sus ministros. No hay defensa de la soberanía nacional, es un interesado aislamiento del sistema de justicia internacional, soberanamente ladino, buscando impunidad.

El fujimorismo y sus aliados, han festejado, con su títere presidencial, la promulgación de la Ley de Amnistía 32419 para sentenciados, denunciados, investigados y procesados por violaciones a los derechos humanos entre 1980 y el 2000, a pesar de las advertencias de inconstitucionalidad de los jueces nacionales que la están inaplicado y el exhorto de la CIDH al estado peruano. Efectivamente la CIDH comunico, varias veces, al gobierno peruano, lo perjudicial que sería promover leyes de amnistía habiendo muchísimos casos en curso; además, en junio y julio recientes, antes de su votación en el congreso, exhortó no tramitar los proyectos de ley que van contra lo resuelto por la corte y en perjuicio de las víctimas. Aprobada la norma, la corte ratificó su oposición, exacerbando el ánimo del congreso y su títere presidencial para retirar al Perú de la CIDH alegando defensa de la soberanía nacional.

El gobierno ha creado una comisión para elaborar un proyecto de “Ley de Soberanía Nacional”, el texto de la RM 01047-2025-DE, tira la pelota al Ministerio de Defensa para ser manejado por el de justicia, es un mamarracho jurídico y expresión de soberana estupidez. 

Aprovechando la euforia de la mafia gubernamental por la amnistía, el fujimorista vicepresidente del congreso, Fernando Rospigliosi, anunció otro proyecto de amnistía para policías y militares denunciados por los asesinatos en las protestas sociales contra el gobierno de Dina el 2022 y 2023. Buscan crear una isla de impunidad mediante el aislamiento del Perú del sistema interamericano de protección a los derechos humanos, es una estrategia interesada, perversa, ladina. Ese proyecto busca salvar a Dina, sus ministros, militares y policías que asesinaron cerca de 60 personas en Ayacucho, Cusco y Puno y violaron los derechos humanos de miles de personas. El keikismo de Dina Boluarte es un vil remedo del fujimorismo de los 90. Fujimori tuvo como pretexto el enfrentamiento al terrorismo, hoy no necesitan pretextos, son los criminales que nos gobiernan decidiendo su protección. Extremadamente ladinos, soberanamente perversos. 

El encargado del trabajo sucio, cual “antonegra” de una mafia, es el prontuariado nuevo ministro de justicia, hace poco, censurado, ministro del interior. El dirigirá el inconstitucional intento de retiro del Perú del ámbito de la CIDH, armará la estrategia y mecanismos para la impunidad de Dina, su hermano Nicanor, ministros y el mismo. Jugará en pared con el congreso. Es experto defensor de prontuariados, es el ministro chochera de la presidente oficial Dina y el presidente clandestino Nicanor. El gabinete Arana, “Gabinete Nicanor”, está repleto de operadores del presidente clandestino, para seguir corrompiendo, blindarse de todas las acusaciones e investigaciones fiscales y judiciales, para favorecer la reelección congresal y continuación gubernamental de todos los mafiosos que hoy gobiernan. El cuello blanco que funge de premier, necesita un refuerzo más avezado, hoy tiene al prontuariado de justicia, peón de la presidencia fraternal. 

Tan cierto es este nefasto panorama, que el nuevo allanamiento judicial a las casas del presidente clandestino Nicanor y a la oficina de su peón, el prontuariado ministro de justicia, ha provocado una defensa inaudita del gobierno en pleno, la presidenta y su gabinete, con comunicado de la PCM, invocan las prerrogativas presidenciales, de la última resolución del TC blindando a la presidenta de las investigaciones fiscales, para extenderlas a su hermano. Este despropósito, monumental inconstitucionalidad, es abierto reconocimiento de que el gobierno de Dina es de 2, ella y su hermano, una inconstitucional presidencia fraternal. 

El comunicado de la PCM, ratifica que el gabinete actual es el “gabinete Nicanor”. Confirma que somos gobernados por un presidente clandestino avalado por la mafia congresal que busca su reelección congresal y continuidad gubernamental. Mafia integrada por Keiko y Fuerza popular, Acuña y APP, Cerrón y PL, López Aliaga y Renovación Popular, Acción Popular con sus niños y sus aliados Avanza País, Somos Perú y Podemos. Es el gobierno, ilegítimo e ilegal, de la podredumbre que debemos desterrar. Dina y Nicanor terminaran presos con algunos peones ministeriales, nos corresponde evitar que la mafia congresal sea reelecta. El Perú nos exige dignidad para independizarnos de la mafia criminal que gobierna desde el congreso, ejecutivo, demás poderes y organismos constitucionales. Recuperar dignidad ciudadana es nuestro derecho, recuperar dignidad patriótica nuestro deber.