Las lecciones que debemos aprender

Dice un viejo refrán que “el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones” Es decir, a veces se adoptan, y aplican medidas como las expropiaciones o nacionalizaciones de las empresas privadas que explotan recursos naturales no renovables como el petróleo, gas natural o mineros, buscando incrementar la participación fiscal en la riqueza producida para alcanzar un mayor bienestar social. La aspiración es loable más los resultados no son sustentables en el largo plazo.

Es decir, en el largo plazo el remedio resulta más caro que la enfermedad. Los ejemplos más recientes los muestra la crisis boliviana con el gas natural, donde se verifica una disminución dramática de la producción y reservas probadas, dando fin a la denominada “bonanza fiscal”, que permitió mayores recursos para sostener el gasto social, mayores subsidios a los precios de los combustibles, pero esto no duró mucho tiempo.

Es decir, el manejo estatal o mayor participación del estado en la riqueza en los sectores extractivos desincentiva la actividad exploratoria y como resultado no se reponen las reservas consumidas, por tal motivo disminuye la producción, los ingresos fiscales se derrumban, y el resultado es una mayor crisis fiscal, un mayor endeudamiento externo y la falta de credibilidad internacional que terminan en sistemáticas crisis políticas, por las dificultades económicas, por la disminución de los impuestos y regalías que antes percibían los nueve departamentos en Bolivia.

El modelo boliviano instaurado por Evo Morales en el 2006 ha colapsado y ello explica en gran parte la crisis económica y política de la actual situación donde se han derrumbado los ingresos fiscales bolivianos provenientes de la exportación del gas boliviano al Brasil, y la propia Argentina que con la explotación de los yacimientos de “Vaca Muerta” se ha liberado de la dependencia del gas boliviano. 

Sin mayores reservas internacionales, con crisis fiscal, falta de dólares y menores inversiones de capital sobre todo externos, la situación interna tiende al agravamiento de allí, los fallidos “golpes militares” y la creciente división entre los departamentos andinos, sobre todo La Paz con el Oriente en especial con Santa Cruz, y Tarija donde subyacen los recursos gasíferos.

En sustancia el modelo de nacionalización de Evo Modelo y del actual presidente Luis Arce, que antes fue ministro de economía del líder cocalero, el estado por medio de la empresa petrolera YPFB resulta siendo el responsable del 100% de la comercialización de los hidrocarburos tanto a nivel interno y externo, donde la producción sigue bajo responsabilidad de las empresas privadas (Pluspetrol, British Petroleum, Repsol etc.), que no han tenido los incentivos suficientes para financiar las actividades exploratorias, y como resultado las reservas probadas de gas en Bolivia han disminuido, y apenas tienen gas natural para el propio consumo.

El fundamento de la capacidad de decisión a la boliviana tiene su origen en el Decreto Supremo 28701 de mayo del 2006 expresión de la nacionalización de los hidrocarburos realizado por el presidente Evo Morales, que ahora es cuestionado por la propia realidad.

Así en el artículo 1º se señala que “En ejercicio de la soberanía nacional, obedeciendo el mandato del pueblo boliviano expresado en el Referéndum vinculante del 18 de julio del 2004 y en aplicación estricta de los preceptos constitucionales, se nacionalizan los recursos naturales hidrocarburíferos del país.
El Estado recupera la propiedad, la posesión y el control total y absoluto de estos recursos.

Artículo 2º A partir del 1 de mayo del 2006, las empresas petroleras que actualmente realizan actividades de producción de gas y petróleo en el territorio nacional, están obligadas a entregar en propiedad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, toda la producción de hidrocarburos. YPFB, a nombre y en representación del Estado, en ejercicio pleno de la propiedad de todos los hidrocarburos producidos en el país, asume su comercialización, definiendo las condiciones, volúmenes y precios tanto para el mercado interno, como para la exportación y la industrialización”

Por tanto, desde el  2006 a la fecha, gracias a la nacionalización sobre los hidrocarburos, el país altiplánico ha tenido en la explotación del gas natural una palanca para un crecimiento económico mientras se gozaron de los altos precios de los hidrocarburos, con mayores ingresos fiscales en relación a la renta petrolera, con una creciente masificación interna que integra a las principales ciudades bolivianas, y una industrialización con mayor valor agregado, teniendo como protagonista central a la petrolera estatal YPFB.

Sin embargo, dicho modelo está colapsando, está haciendo agua. Así que mejor que citar al propio Presidente de Bolivia Luis Arce que en un acto público llevado a cabo en la ciudad de Oruro el 29 de agosto del 2023 , afirmaba lo siguiente: “ De un tiempo a esta parte hay una declinación, desde 2014 más o menos, hay una declinación en la producción, que lamentablemente ha ido cayendo hasta tocar fondo(…) Hemos perdido muchas reservas de gas durante todo este tiempo, no se han repuesto esas reservas de gas y el país por lo tanto no tiene capacidad para producir más. Para producir gas hay que tener reservas, hay que identificar el pozo; hay que saber dónde hay gas para poder extraerlo”

Cifras al canto 

La producción viene disminuyendo sistemáticamente luego de un crecimiento donde se “comieron las reservas”. Así en el 2006 la producción neta de gas natural según el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, era de 505 billones de pies cúbicos, para trepar a los 784 billones de pies cúbicos en el 2014, el punto más alto con los mejores precios internacionales por el gas sobre todo el exportado. Para el 2023 se estima que la producción neta ha sido de 473 billones de pies cúbicos, es decir han retrocedido a los niveles anteriores a la nacionalización.

A nivel de las reservas probadas de gas natural según la fuente de prestigio internacional “Statistical Review of World Energy Data 2023”, pues las fuentes bolivianas no son actualizadas, las reservas probadas en el 2007 alcanzaban los 7 trillones de pies cúbicos, para trepar en el 2012 a los 10.8 trillones de pies cúbicos y al 2023 se estima que las mismas reservas probadas apenas están por los 6.7 trillones de pies cúbicos, es decir a los niveles anteriores a la nacionalización del 2006. Es decir, se comieron las reservas y no han sido repuestas. ¡Algo parecido puede pasar en el Perú, si es que no se renegocian los contratos de Camisea! 

En el mismo sentido los ingresos de exportación del gas boliviano hacia Argentina y Brasil que fueron pactados con precios favorables para el país altiplánico por la necesidad que tenían los argentinos y brasileños de superar una crisis energética, tuvieron al principio una tendencia creciente. Así, en el 2007 los ingresos de exportación de gas natural fueron de US $ 1,971 millones de dólares, para en el 2012 arribar a los US $ 5,479 millones, llegar a un pico de US $ 6,113 millones en el 2013, y luego mantener una tendencia declinante para sumar en el 2019 los US $ 2,720 millones de dólares, y seguir cayendo en el 2023 para llegar a los US $ 2,047 millones de dólares. ¡Es decir, los ingresos de exportación se han derrumbado!

La misma situación se reproduce en relación a las regalías que percibe el Gobierno General por la actividad de hidrocarburos según el propio Ministerio de Economía y Finanzas de Bolivia. Así, las regalías en el 2009 sumaban los US $ 346 millones de dólares, para trepar en el 2014 a los US $ 858 millones y derrumbarse en el 2019, es decir el año previo a la pandemia del “corona virus” y llegar a los US $ 350 millones de dólares y mantenerse en el 2022 sobre los US $ 390 millones.

La crisis del modelo boliviano de nacionalización de los hidrocarburos nos debe servir de lección para no repetir los mismos errores y horrores, para hacer del Estado el principal protagonista de la actividad de hidrocarburos, donde el factor riesgo en la inversión exploratoria tiene una importancia fundamental y debe ser un compromiso del capital privado.

De allí, la urgencia de renegociar los contratos de Camisea, en especial de los lotes 88 ligado al mercado interno y del lote 56 destinado a la exportación. Ambos lotes operados con una relativa eficiencia por la empresa transnacional argentina Pluspetrol Plus Corporation. (PPC)

En el lote 88 desde el 2004 al 2023 se estima que se han consumido más de 3.2 trillones de pies cúbicos, en un promedio de 700 millones de pies cúbicos diarios. Es el único contrato que tiene un precio regulado, entiéndase barato, que fue firmado en el año 2001 durante el gobierno del doctor Paniagua, y su fecha de termino es el año 2040, y no se han repuesto las reservas consumidas. De allí la importancia de renegociar dicho contrato, donde se reinyectan más de 300 millones de pies cúbicos para obtener cada vez menos volúmenes de líquidos de gas natural, que constituye la base para obtener gas licuado de petróleo (GLP), diésel 2 y nafta que se exporta a precios internacionales.

En el mismo sentido el contrato de exportación del lote 56 ha consumido más de 2 trillones de pies cúbicos de gas natural, que tampoco han sido repuestas. Es más, el contrato de exportación tiene como fecha de termino el 2028, es decir está a la vuelta de la esquina.

Por ello, desde el punto de vista nacional y del interés público dada la importancia que tiene la explotación y consumo interno del gas natural en nuestro país, en la matriz energética, en la generación eléctrica, consumo industrial, parque automotor y en más de 1.8 millones de hogares de Lima, Callao e Ica, es importante renegociar con pragmatismo y dignidad dichos contratos.

No podemos reproducir los errores del modelo boliviano en relación a la nacionalización y/o expropiación de los capitales privados, pues ello sería una pésima señal en el fomento de las inversiones privadas tanto nacionales como transnacionales. Nuestro país necesita las inversiones de riesgo, para reponer las reservas probadas consumidas. Por ello, no podemos reproducir los errores del modelo boliviano que ha colapsado en la práctica. ¡Ser de izquierda no significa ser tonto!