El pasado 11 de abril, el Poder Judicial (PJ) y el Ministerio de Cultura firmaron un acuerdo que pone en grave riesgo al Archivo General de la Nación (AGN), pues establece un cronograma para el desalojo de la documentación republicana y notarial de su actual ubicación en el Palacio de Justicia.

No es este un problema nuevo. Sucede que, desde hace unos 10 años, el Poder Judicial decidió demandar al Archivo General de la Nación por ocupar espacios que supuestamente le pertenecerían al PJ. Lo históricamente cierto es que, desde los planos del edificio, se estipuló que esos espacios estarían dedicados a ser sede del AGN, autónoma e independiente del PJ. Cuando se anuncia la construcción, o cuando se da cuenta de la inauguración, los discursos políticos del momento dejaron muy en claro esta división en el dominio y la propiedad de ambas instituciones. Pruebas como éstas, y varias más, obran en el expediente judicial. ¿Cree usted, querido lector, que el AGN tenía alguna posibilidad de ganarle al PJ que actuaba, en este caso, nunca mejor aplicada la frase, como juez y parte?

No insistiré en este tema, pues resulta completamente cierto que el AGN perdió el proceso judicial incluso en última instancia, y que los fallos judiciales se respetan. No obstante, una mudanza en agosto, según reza el acuerdo firmado, a un local temporal, para luego trasladar nuestro Patrimonio Documental nuevamente a su ubicación definitiva, no sólo no es una solución técnica, sino que resulta la menos adecuada, y es inédita “en la historia de nuestro país, y en la historia de la conservación documental de América Latina y el Mundo”, como dice el reciente pronunciamiento de seis ex Jefes Institucionales del AGN, que yo mismo firmé.

No podemos negar que las condiciones en las que se conserva actualmente nuestro patrimonio no son las correctas, que enfrenta no pocos riesgos, y que las condiciones de trabajo de nuestros sacrificados archiveros son terribles. Ello es prueba viva de la desidia con la que el Estado ha tratado al AGN. Esta institución ha intentado consistentemente obtener presupuesto adicional para mejorar esas condiciones y para construir un nuevo local, pero el Ministerio de Economía y Finanzas ha sido muy indolente, y ha negado sistemáticamente los recursos suficientes, por lo que siempre se ha tenido que parchar.

Siendo completamente cierto lo anterior, no es menos verdad que existen demasiados riesgos asociados a la mudanza de nuestra documentación histórica porque el destino es un almacén, ubicado en una zona industrial del Callao, contiguo a una fábrica de insumos químicos. Además, los expertos en conservación del papel se han pronunciado señalando que el cambio brusco de temperatura de todo traslado, y la humedad del puerto, podrían tener consecuencias irreversibles para los documentos. Asimismo, las inevitables pérdidas que existen en cualquier mudanza deberían ser una alerta roja para no seguir insistiendo en ese camino. Historiadores, investigadores y todos los expertos en el tema, han mostrado su oposición. 

Llama la atención que la actual gestión del AGN, que tiene a la cabeza al señor Ricardo Moreau, persista tercamente en la mudanza, pese a los riesgos y costos económicos del alquiler que, en total, superan los 12 millones de soles; a lo que habrá que sumar el costo del transporte. Igualmente, habría que preguntar al señor Moreau si su despacho se va a mudar o no al Almacén. 

Quiero creer que la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, no ha sido suficientemente advertida de lo que está en juego con esta decisión. Seguir avalándola, sería su peor equivocación en el sector. Como su equipo cercano de trabajo carece absolutamente de experiencia en el ramo, no han sido pocos los errores en su paso por el Ministerio. Pero ninguna como ésta. No hay ni un solo escenario en el que este traslado resulte sin contingencias.

La Contraloría General de la República (CGR) debe intervenir. Una revisión exhaustiva de las bases y del contrato no se puede esperar. La CGR debe pronunciarse sobre si se están usando correctamente los recursos del Estado. ¿No sería más eficiente invertirlos en mejorar las condiciones actuales en el Palacio de Justicia que en un alquiler a privados? ¿Para la fecha del traslado se habrá completado la catalogación? No sólo inventarios, sino catálogos, sin los cuales nunca sabremos con certeza qué documentación se perdió en la mudanza, y se va a perder. Es vital que la CGR averigüe si la actual gestión del AGN tiene un plan de conservación para la mudanza; debe opinar sobre si hay la seguridad requerida en la sede temporal de destino. El Contralor Shack debería disponer lo necesario sin mayor dilación.

Lo más correcto, desde el punto de vista de la administración pública, era que estas dos instituciones estatales llegaran a un acuerdo más razonable, y realizar un solo traslado, directamente al nuevo local del Archivo General de la Nación, que se calcula estará listo en tres años. El presidente del Poder Judicial debería, por su propia voluntad y unilateralmente, dar al AGN los tres años que necesita para hacer una sola mudanza. Sería muy triste el papel que le tocaría en la historia al señor Javier Arévalo, pues sería recordado como el que ejecutó la expulsión, cual inquilino precario, de la memoria del Estado peruano. 

Pero, el sitial sería muy distinto si Arévalo concede el plazo, a cambio de que, por ejemplo, se inviertan en la infraestructura del Palacio de Justicia que alberga nuestro Patrimonio Documental, esos 12 millones de soles que el AGN tiene ya previstos, en vez de usarlos para pagar un alquiler a privados.

¡No permitamos el traslado! 

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(*) Historiador y Vicerrector Académico de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya