Han pasado seis días desde que se inició las protestas contra el proyecto cuprífero Tía María en la provincia de Islay, departamento de Arequipa.

Hasta el momento, los manifestantes mantienen bloqueado un tramo de la Panamericana Sur mientras que tres mil policías estarían a punto de ejecutar un operativo de desalojo, tal como se advirtió en un reciente spot televisivo, en el que se deslegitima esta protesta y se acentúa la polarización entre el gobierno y los manifestantes.
¿Otro Baguazo?
Como se observa, el guión de este conflicto se repite constantemente. ¿Qué lecciones podemos aprender de lo que sucede actualmente en Islay? 
                                                                                         
· Este no es un conflicto nuevo, pues la Defensoría del Pueblo ya lo registraba desde agosto de 2009 (Ver Reporte N° 66), es decir, hace más de medio año que estaba en agenda y no fue atendido. 
· Este “conflicto por el agua” pone en agenda un problema que en los próximos años se agudizará como consecuencia del cambio climático. Hace un mes, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) identificó 244 conflictos sociales vinculados a los recursos hídricos, entre los cuales destacaba el de Islay por su nivel de conflictividad. Asimismo, el ANA señalaba que 108 de los conflictos se encontraban en estado latente o de formación; 105, en estado moderado y 22, en estado crítico. 
· Según la Defensoría del Pueblo, el 60% de los conflictos llegan al diálogo tras hechos de violencia. Este conflicto en Islay demuestra dicha tendencia pues, como en otras ocasiones, el Ejecutivo ha permitido que los manifestantes radicalicen sus demandas y utilicen medidas de fuerza para, luego, calificarlos como una “minoría” que no quiere el desarrollo del país y tildar su acción como “terrorismo vial”.
· Este conflicto expone la necesidad de contar con una real norma de consulta ciudadana. En la actualidad, se desvirtúa y limita el tema de la participación ciudadana al proceso de explicar a la población los alcances del proyecto y sus beneficios. Con esto, como ocurre en Islay, se minimiza el proceso de consulta popular realizado el año pasado en cinco distritos, donde la mayoría de los participantes se pronunció en contra de Tía María. 
· Se observa una radicalización del discurso ciudadano como viene ocurriendo en el caso de Islay, donde el Ejecutivo tendrá que negociar con un rotundo “¡NO a la minería!”. ¿Por qué sucede esto? Los pobladores ya no creen en las “buenas intenciones” del gobierno y de las empresas, por lo que las posibilidades de negociar y llegar a consensos se dificulta cada vez más. A pesar de esto, los pobladores sí consideran que las mesas de diálogo, en el momento adecuado, son mecanismos válidos para discutir sus demandas. 
Finalmente, para canalizar las demandas del conflicto en Islay, el gobierno deberá sentarse a la mesa para escuchar las demandas de los pobladores y proponer alternativas que satisfagan a las partes y no solo a la empresa minera. Al respecto, sería importante que se dé una respuesta veraz sobre el uso de los recursos hídricos en el proyecto Tía María y las demás repercusiones que este tendría en la zona.