Cuando hablamos del golpe del cinco de abril de 1992 no nos estamos refiriendo a cualquier golpe de Estado sino a una acción delictiva de gran magnitud que dio un giro trágico a la historia peruana.

 
Esta acción delictiva tuvo dos dimensiones, por un lado significó una ruptura del orden constitucional y, por otra, fue una ruptura que tuvo como objetivo, como comprobaríamos amargamente años después, convertir al Estado Peruano en una maquinaria al servicio de una organización criminal encabezada por Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.
Pero el golpe no fue solo una acción de Fujimori y Montesinos, ellos fueron los líderes de una coalición de intereses que incluyó a la cúpula de las Fuerzas Armadas de aquel entonces, así como a varios grupos empresariales importantes, nacionales y extranjeros, además de los organismos financieros internacionales: el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La razón del golpe no fue, como se ha repetido hasta la saciedad, imponer el ajuste estructural de la economía en aplicación de la receta neoliberal, que ya se había producido en agosto de 1990, ni tampoco la derrota de Sendero Luminoso y el MRTA, que se encontraban ya en un momento de defensiva estratégica.
La razón del golpe fue establecer una relación perversa entre economía y política en el Perú que sobre la base de una masiva expropiación de bienes públicos y sociales, por la vía de la cancelación de los derechos y el remate de empresas públicas, reconcentrara la propiedad y los ingresos en muy pocas manos sin importar el bienestar de la mayoría de la población y el desarrollo del país.  La regla de oro de esta relación entre economía y política pasó a ser que la fuente de la ganancia empresarial no fuera la productividad de los factores económicos sino la relación de los negocios con el poder de turno. Esto configuró un “capitalismo de amigotes” como el arreglo económico-político dominante, que ha trascendido la dictadura de los noventas y regimenta la democracia actual.
No queremos con esto señalar que el uso patrimonal del Estado no hubiera existido antes en la historia peruana o que no exista en otros países. Lo que nos interesa subrayar es que jamás se lo llevó a los niveles alcanzados durante la dictadura de marras. No está demás recordar que hace pocos días un procurador del Ministerio de Justicia de este gobierno estimaba en seis mil millones de dólares la dimensión del robo al Estado ocurrido durante el régimen de Fujimori y Montesinos.
La fuerza del golpe del cinco de abril ha pasado así a ser su influencia en la reconfiguración del Estado y la sociedad y su duración en el tiempo. Si bien hoy ya no vivimos en las condiciones de dictadura de la década pasada, los dos gobiernos elegidos, el de Alejandro Toledo y el de Alan García, han mantenido  la relación perversa entre economía y política que instituyó el golpe, es decir el capitalismo de amigotes que diseñó Montesinos entre rumas de billetes en la salita del SIN y que continúa García recibiendo consejos de los grandes empresarios  en sus reuniones de los jueves por la noche.
Esta relación perversa es la que hace la actual democracia precaria ya que promueve una gran influencia de unos pocos –los grandes empresarios que lucran con el modelo  e impide la participación democrática de otros muchos descontentos que se ven obligados a salir a la calle y cortar carreteras para ser escuchados. Por esta razón el gobierno aprista ha continuado con el proceso de “criminalización de la protesta” aprobando leyes que convierten en delito las movilizaciones populares y persiguen a sus dirigentes. Por ello podemos decir que los ecos del cinco de abril se escuchan en las matanzas de Bagua y de Chala y en cada una de las casi 70 muertes ocurridas durante este gobierno.
Es fundamental, por todo esto, terminar con la influencia económica, política e institucional del golpe del cinco de abril. Este es un requisito para que podamos desarrollar y profundizar la democracia en el Perú, ya no como el orden limitado y precario que nos quieren vender Toledo, García y los demás intercambiables (Lourdes, Kouri, Castañeda, Keiko, Kuczynski, Del Castillo) sino como un orden participativo y representativo en el que quepamos en igualdad de condiciones todos los peruanos.