Un golpe certero contra la institucionalidad democrática. Comisión de Justicia aprueba remoción de toda la Junta Nacional de Justicia.

Eso es lo que acaba de perpetrar en menos de dos horas el Congreso de la República a través de su comisión de “Justicia” al aprobar -con cargo a redacción- un nuevo informe, presentado a último minuto, que recomienda al Pleno del Legislativo defenestrar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por “falta grave”. 

Con quince votos a favor, tres en contra y dos abstenciones (incluida la de su presidenta Janet Rivas de Perú Libre) aprobó el nuevo informe promovido por las bancadas de derecha, desestimando el informe que apenas 24 horas antes habían aprobado donde no se encontraba indicios de falta grave en ninguno de los puntos presentados en la moción de Patricia Chirinos (Avanza País). 

El informe anterior señalaba que no había indicios de falta grave en la supuesta intromisión de la JNJ con la publicación de un comunicado donde exhortaban al Congreso a reflexionar frente a la destitución de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos. Asimismo, desestimaban indicios de falta grave en la supuesta presión ejercida al presidente del Poder Judicial y los miembros de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para pronunciarse frente al mismo caso. 

El único punto en el que dejaban una posibilidad de intervención de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, era en el referido a la interpretación del numeral 3 del artículo 156 de la Constitución Política sobre el límite de edad para ejercer el cargo de integrante de la JNJ. 

La nueva versión del informe aprobado señala que SÍ EXISTIÓ causa grave tanto en la interpretación del artículo en mención como en el incumplimiento de su deber constitucional de presentar un informe anual al Congreso de la República. 

El informe recomienda que el Pleno del Congreso debata el informe para -se entiende- una posterior remoción de todos los miembros de la JNJ.

Un objetivo claro: Copar todo 

Llama la atención que el informe haya sido, en primer lugar, ingresado con tanta celeridad el nuevo informe, incluso a cargo de una futura redacción, desestimando su propio informe anterior, con presiones de las bancadas de derecha que buscan a como dé lugar defenestrar a los integrantes de la JNJ. 

En segundo lugar, resulta sorprendente que los congresistas que votaron a favor de aprobar el nuevo informe, pertenezcan a partidos que hoy están siendo investigados por presunta organización criminal, que sus líderes estén procesados judicialmente o prófugos de la justicia con sentencia firme y que sean ellos los que hoy hablen de dignidad y faltas graves. 

El objetivo, se viene diciendo desde hace tiempo, es un solo: copar todas las instituciones constitucionalmente autónomas, en especial la JNJ con la intención de lograr un objetivo mayor, apoderarse de los organismos electorales. 

Recordemos que es la Junta Nacional de Justicia la que define quiénes serán los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), es decir todo el sistema electoral que puede darles -de ser el caso- una mano amiga en los futuros comicios, adelantados o no. 

Además, la JNJ se encarga de refrendar o separar a los jueces y fiscales los mismos que hoy están viendo casos peliagudos en el sistema judicial y que -como dijimos líneas arriba- implican a más de un dirigente político y uno que otro congresista actual. 

Así las cosas, estamos rodeados por un congreso que hace rato desequilibró la balanza de la separación de poderes, que tiene un poder ilimitado y que hace y deshace de acuerdo a lo que mejor le conviene. Mientras, la ciudadanía sigue aletargada discutiendo si estuvo bien o no alentar a una selección que no sea la peruana. Así estamos.