“No hay quien no tenga algo de complicidad con esa mentalidad despreciadora, autoritaria, que inclusive, es capaz de matar por ganar prestigio, como ha sucedido con las mujeres que han sido asesinadas porque un varón tiene que demostrar que nadie le saca la vuelta. Esas costumbres que están tan arraigadas, tenemos todos y cada uno de nosotros, que revisarlas”.

Esas palabras, que van más allá del quinto mandamiento (no matar), fueron soslayadas por los medios de comunicación. Fue un mensaje descarnado y directo, que llegó al fondo del problema de los hombres que creen que el emparejamiento da derecho sobre la vida de la mujer. Las pronunció en su Homilía del Domingo de Ramos el arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo.

Dos días antes, contra la palabra expresada con crudeza y sin anestesia por el arzobispo limeño, fue presentado un nuevo proyecto para cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer, elaborado por Renovación Popular, partido ultraderechista que nada tiene de renovador y mucho menos de popular y que volvía a la carga en la cruzada por hacer regresar al Perú al medioevo, cuando las mujeres eran patrimonio de sus maridos,

El proyecto del partido de los antediluvianos congresistas Jorge Montoya y José Cueto, contó con las firmas de parlamentarios del inefable fujimorismo y de Avanza País, que con RN conforman el tridente del mal, y del socio menor del trío, Alianza para el Progreso. El proyecto es breve y terminante y ni siquiera tiene considerandos ni fundamentos: Artículo Único “Declárase de interés nacional el cambio de denominación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por la de Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables”.

Horrendos crímenes 

Está demás decir que, si les fuera posible, los ultradrechistas echarían por tierra las conquistas logradas para dejar atrás afrentas como la de no votar, no poder firmar contratos sin la autorización del esposo o de los padres y ni siquiera trabajar sin la venia del verdadero “amo de la casa”.

Y presentaron el infausto proyecto cuando tres hechos que conmocionaron al país entero confirmaron que el Ministerio de la Mujer, logro del movimiento feminista, debe tener como prioridad la defensa de la mujer, niña, joven, madre y adulta, que necesita protección ante el creciente feminicidio y los casos masivos de violencia contra las mujeres.

Lanzaron el proyecto machista y misógino al día siguiente que la salvaje violación y mutilación  sufrida por una enfermera de EsSalud Puno y cuando la policía buscaba con escasa eficiencia al venezolano Sergio Tarache, el asesino que echó gasolina prendió fuego a la jovencita Katherine Gómez Macharé, solo porque, en uso de su derecho como mujer, decidió terminar la tóxica relación que mantenía con el criminal y, en la flor de la vida, seguir adelante con sus sueños de ingresar a la Escuela Naval.

Mientras los congresistas ultraconservadores firmaban el infausto proyecto de ley, se debatía entre la vida y la muerte una niña de 11 años al que el depravado Yeison Lucano Leyva le estaqueó la cabeza en Ucayali, con dos clavos oxidados que dañaron gravemente su cerebro, porque la pequeña se resistió al intento de violación.

No merecemos esta ministra 

Ante esos casos, como siempre, hubo declaraciones iracundas y lastimeras, pedidos de pena de muerte o cadena perpetua, pero de ninguna manera nuestras autoridades ni los congresistas de la mayoría oficialista aliada a Dina Boluarte, reflexionaron sobre la gravedad del problema y la verdadera causa del machismo estructural que concibe a la mujer solo como instrumento sojuzgado de placer y la cosifica al convertirla en propiedad del varón, que se siente por tanto con derecho a golpearla y hasta matarla.

Sobre el caso de la joven Katherine, la ministra de la Mujer, Nancy Tolentino -una funcionaria sin trayectoria de lucha por los derechos de las mujeres y la igualdad de género- hizo una declaración repudiable que virtualmente justifica el crimen y que fue condenada por quienes hemos ejercido el mismo cargo, exministras de diversas ideologías que coincidimos en el repudio a sus palabras: “Quisiéramos que las jóvenes elijan bien con quienes  están, ellas deben estar conscientes que merecen estar libres: de violencia”, sugiriendo así que la: responsabilidad recaía sobre Katherine Gómez por haber escogido mal a su pareja, ¡cuando, justamente, cuando se dio cuenta de que el hombre no era el indicado, eligió bien, eligió romper con él.

La falta empatía de la señora Tolentino con la víctima nos muestra que su negacionismo conservador le impide reconocer un Perú machista, autoritario y violento, por lo cual las mujeres peruanas no merecemos tenerla como ministra de la Mujer y debería renunciar sin esperar la censura parlamentaria (improbable, a la luz del blindaje a los ministros del Interior y de Educación) por parte de la mayoría oficialista, único sustento político del Gobierno de Dina Boluarte.

La ministra de la Mujer ni siquiera observa que la Policía deje de lado el Fortalecimiento del Sistema Especializado de Justicia para casos de Violencia y el ministerio a su cargo tiene un espacio mínimo y relegado en el decreto supremo recientemente presentado que aprueba la Política General del Gobierno.

Dos feminicidios diarios 

Además, su estrategia en el sector es totalmente errada al no decidirse con claridad a la defensa de las víctimas y responsabilizarlas de su situación y de los agravios que sufren.

La estadística oficial indica que hasta el 13 de marzo se registraron 37 feminicidios, es decir casi dos por día, lo que, proyectado a todo el año, de mantenerse ese ritmo podría llegar a 700 o más. Y la ultraderecha quiere eliminar el Ministerio de la Mujer, siendo el cambio de nombre solo el paso inicial hacia ese objetivo. 

Ante la inacción del Gobierno de Dina Boluarte y sus aliados utraconservadores, habría que preguntarle, como la canción que le ha dedicado el pueblo de Puno: ¿cuántas muertas quieres para que renuncies?

Alto a la impunidad 

La lucha de la Policía y el sistema de justicia contra el feminicidio está en cuidados intensivos. Al asesino de Katherine Gómez la desidia policial le habría facilitado salir del país, pues su búsqueda comenzó días después del crimen y la ministra Tolentino prefirió decir que la chica debió elegir bien, en vez de reclamar y presionar por la captura del criminal, pues es un hecho que los feminicidas son los “menos buscados”.

Larga es la lista de agresores impunes, inclusive hay suboficiales del Ejército como Luis Genaro Esteves principal sospechoso del feminicidio de Marisol Alva en Villa El Salvador. Y hay 30 acusados que se encuentran en el Programa de recompensas” del Ministerio del Interior.

Es también un hecho que, ante la vista y paciencia de la ministra, que proviene del fujimorismo, la política de igualdad de género sigue en franco retroceso y está convirtiéndose en política anti derechos de las mujeres con una responsable del sector en silencio cómplice de la política del gobierno, de violación de los derechos humanos, con un saldo indecoroso de 68 muertes. 

La erradicación del feminicidio debe llevarse adelante como estrategia de Estado y me honra el aporte de mi gestión, de haber logrado la tipificación de ese crimen como delito, logro de una lucha de larga data y la concretamos a contracorriente de los sectores más conservadores que hoy están a la ofensiva.

Las muertes de Katherine Gómez y antes de Eydi Agreda, quemadas vivas públicamente, son casos emblemáticos que no quedarán impunes, ni las otras mujeres que han perdido la vida, no a manos de enfermos, ni psicópatas, que devendrían en inimputables, sino de hijos naturales del sistema patriarcal que todos debemos comprometernos en deconstruir día a día, para el bien de la sociedad y de la patria.

Este 11 de abril cayó en Colombia, Sergio Tarache, que quemó viva a Katherine.  También ese mismo 11 falleció la enfermera que fue víctima de agresión sexual en Puno. No a la impunidad. Que les caiga todo el peso de la ley a los feminicidas.

(*) Ex ministra de la Mujer, Ex Embajadora del Perú en el Uruguay