En conferencia de prensa realizada el pasado martes, los representantes legales de Alianza Lima, Universitario, Boys, Melgar, Municipal, Binacional y Cusco FC, manifestaron que no se presentarán en la primera fecha del Descentralizado si no se retira una medida cautelar interpuesta por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) –presidida por el cuestionado Agustín Lozano– para suspender la ejecución de los derechos adquiridos por el Consorcio de Fútbol Perú (Gol Perú) para transmitir televisivamente los partidos correspondientes a la Liga 1. Por su parte, la FPF –que recibió durante años el 10% de los derechos televisivos de cada equipo que contrató con Gol Perú– adelantó que declarará como “derrota por walkover” a los equipos que no se presenten a sus respectivos partidos, amenazando con la perdida de categoría a los clubes que se ausenten dos fechas o más. 

Sobre esta controversia –que involucra principalmente a la FPF y al recientemente aparecido Consorcio 1190– se viene escribiendo y diciendo mucho en los últimos días, pero se carece de una mirada objetiva sobre el tema. Por el contrario, el manejo interesado y tendencioso de la información en la TV, diarios y redes ha generado cierta confusión en la ciudadanía y el público interesado, que espera con expectativas el inicio del campeonato este fin de semana, sin contratiempos ni postergaciones. La mayoría se pregunta, ¿Cómo es que se llegó a esta situación? 

El problema tiene su origen en la decisión de la FPF de ejercer las competencias estatutarias que le permitiría administrar la cobertura televisiva de la liga profesional. En virtud de ello, la gestión de Lozano decidió convocar el 2022 a una licitación pública en Santiago de Chile para ofrecer los derechos de transmisión del campeonato profesional peruano. El precio base que se esperaba recibir era una oferta mayor US$ 60 millones, monto que nunca se supo cómo fue calculado ni en función de qué parámetros. Curiosamente, la licitación en tierras foráneas fue declarada desierta, no se presentó ningún postor. Sin embargo, al poco tiempo, la FPF le otorgaría la buena pro en adjudicación directa al Consorcio 1190 Sports, una compañía con domicilio en Miami que gestiona –según su página web– los derechos de transmisión internacional de la Liga Profesional de fútbol Argentina y las Series A & B del Campeonato Brasileirão. Esta decisión sorprendió a moros y extraños, siendo 1190 Sports una empresa que, según ha trascendido, habría ofrecido a Movistar –actual socio de Gol Perú– la “tercerización” de transmisión televisiva de la Liga Local. 

Esta decisión de la FPF fue prontamente cuestionada por los clubes mencionados. No solo por motivos relacionados con el contenido del nuevo arreglo ofrecido por 1190 Sports, por considerarlos desventajosos, sino también por las características y legalidad del proceso. Es decir, por ir en contra de la legalidad contractual vigente y por clara inconveniencia con los intereses de las instituciones deportivas –calificadas por la FPF y algunos medios afines– como “rebeldes”.

Las razones esgrimidas por los ocho clubes declarados en huelga, son múltiples y contundentes. Para comenzar, el esquema propuesto por la FPF no ofrece seguridad jurídica ni sustento técnico a los equipos profesionales. La compañía 1190 Sports no ha sido capaz de informar –oportunamente y en detalle– el Plan de Negocios con el que asumirá la administración de las transmisiones televisivas. Además, ha planteado –en términos muy generales y poco claros– un contrato de “asociación en participación”, de renovación anual, donde el operador se asigna un 30% de comisión y deja el 70% de los dividendos para repartir al conjunto de equipos profesionales (19 en total). En este esquema no se precisan los montos de distribución por equipo ni los criterios de asignación (¿deben recibir lo mismo Alianza, Universitario y Cristal (los más de mayor audiencia) que Cantolao, San Martín o Unión Comercio, por mencionar algunos?). Pero, además, con este modelo el riesgo de la inversión es compartida por el operador y los equipos profesionales, condición que resulta desventajosa si se compara con los términos en que se acordaron los derechos televisivos con el Grupo Gol TV.

Un segundo problema está relacionado con la legalidad de los contratos suscritos por la FPF y 1190 Sports, por un lado, y por los clubes profesionales y el Grupo Gol Perú, por otro. Clubes como Alianza Lima, por ejemplo, que tenían una relación comercial con el Grupo Gol Perú de hace más de una década, decidieron hacer valer la cláusula de preferencia con esta empresa, apostando por la certidumbre y seguridad que garantiza el background de años de experiencia en el giro, con buenos resultados económicos para los clubes. A esto se suma que el contrato de la FPF con 1190 Sports entraría en colisión con los suscritos por Universitario, Boys y Municipal con su actual operador, vigentes hasta el 2025, los cuales están interesados en honrar por las ventajas que supone frente al modelo de la federación.

Esto nos lleva a un tercer aspecto crucial: ¿Qué conviene más a los clubes profesionales? Por lo expuesto en la conferencia de prensa de los clubes “disidentes”, las condiciones planteadas por Gol Perú son largamente más favorables que las dispuestas en la propuesta de 1190 Sports. Para comenzar, Gol Perú ofrece contratos de mediano plazo (de 8 a 12 años), pagando montos fijos anuales (son más altas del promedio regional) que se irán incrementando gradualmente a partir del sexto año. Un esquema que favorece, por donde se mire, a clubes que invierten anualmente fuertes cantidades de dinero en fortalecer sus equipos competitivos, sus divisiones inferiores, mejorar su infraestructura, marketing, proyección social y servicios diversos, gastos que no serían posibles solventar sin la inyección regular de recursos que garantiza el contrato con Gol Perú o con el nivel de incertidumbre del contrato con 1190 Sports. 

Quienes defienden la posición de la FPF alegan que el convenio con 1190 Sports va a “democratizar” la disponibilidad de recursos para los clubes menos populares y con menor recaudación por taquilla y publicidad. Y que la supuesta “solidaridad” de los equipos “grandes” con los equipos “chicos”, contribuiría a reducir las “brechas de competitividad” del torneo local. Este argumento tampoco se sostiene. Es preciso recordar que un grupo significativo de equipos profesionales son, en realidad, propiedad de empresas privadas, cuyas finanzas internas no son fiscalizadas por un Directorio de Socios, prestándose a manejos discrecionales y poco transparentes, ajenos al potenciamiento de sus respectivos equipos, como ha sucedido en varios casos. Otro grupo pertenece a universidades privadas, que se valen de los beneficios tributarios del sector para rentabilizar la “inversión” deportiva de sus equipos. En esta ecuación, clubes grandes (algunos de los cuales constituidos en organizaciones sin fines de lucro) con mayores ingresos por entradas y publicidad colocada, terminarían subsidiando a otros clubes menos populares, con menores taquillas, pero que sin embargo cuentan con el respaldo financiero obtenidos de los negocios privados de sus respectivos dueños. 

Desde Otra Mirada hacemos votos porque prime la sensatez y se ponga en una balanza las implicancias deportivas, institucionales y económicas de las decisiones adoptadas por la FPF y los clubes de fútbol profesional, a fin de preservar la ilusión de millones de hinchas que esperan con expectativas el inicio del campeonato. Que así sea.