Toca sacar lo más seriamente posible las lecciones de lo que ha sucedido en Chile con los resultados negativos para las fuerzas progresistas, no sólo de ese país sino de toda América Latina. Por ello, creo que no vale la pena concentrarse hoy sobre lo hecho por la derecha, ellos defienden sus intereses y actúan en consecuencia. Prefiero considerar en primer lugar los errores de la izquierda, para no cometerlos una y otra vez. Me refiero a los errores que transformaron una mayoría de 79%, que quiere una nueva constitución, en una minoría del 38%, que es la que apoyó en el referéndum de salida el proyecto elaborado por la Convención Constitucional. Todo ello en casi dos años de turbulencia política.

Hago esto desde un país vecino, el Perú, lo que seguramente no me permite tener todos los elementos a considerar, pero ello no inhibe que haya observado el proceso y tenga una opinión al respecto sobre lo que considero es un punto fundamental.

Primero, parto de un principio central en la política: el todo no es igual a la suma de las partes. Una es la demanda que hace un grupo específico con una agenda determinada y otra la síntesis que hace una organización política de las diferentes demandas parciales. Síntesis no es igual a la suma, porque la agencia política sistematiza las demandas para hacer un planeamiento al conjunto de la sociedad.

Segundo, creo por ello que se confundió una mayoría social aparecida en una coyuntura específica de gran movilización popular, con el establecimiento de una mayoría política duradera en las instituciones. La movilización social es parte de la política, pero su traducción en un régimen democrático no es automática ni, paradójicamente, necesaria. Esta traducción suele ser incierta y depende de la dinámica propia de la política.

Tercero, la movilización popular y la mayoría de los dirigentes que la condujeron parecen haber entendido que la renovación de la política pasaba por construir una coalición de movimientos identitarios sin un eje programático claro que los articulara. Ello contribuyó al desorden de la Convención Constitucional y a no priorizar una visión transformadora que abarcara también al centro político.

Cuarto, la traducción de lo social a lo político necesita de organizaciones específicas que la expresen, en este caso de los partidos. El que los partidos políticos estén en crisis y se hayan convertido en muchos casos en coto de intereses particulares no debe llevar a descartarlos sino a reformarlos o crear nuevos, pero no a reemplazarlos por organizaciones de otro carácter, no políticas, al fin y al cabo.

Quinto, creo que se menospreció innecesariamente a los partidos ya que en lugar de profundizar su democracia interna y fortalecer su capacidad de canalización de las demandas populares, se apuntó a buscarles una competencia coyuntural con una gran capacidad de ver el árbol, como es la característica de los movimientos sociales, pero muy poca de ver el bosque, que se supone es la función del partido político.

Sexto, en esta línea se equivocó la política de alianzas necesaria para una constitución progresista, sobre estimando la fuerza de la movilización popular y creyendo que ella era suficiente para lograr una constitución cualitativamente superior a la de Pinochet. En otras palabras, se creyó que se podía pasar a una transformación de carácter identitario sin tomar en cuenta la tradición liberal progresista en el país del sur.

Séptimo, esta confusión entre lo social y lo político llevó a diseñar un sistema de representación tipo mosaico con el sano propósito de darle mayor representación a los excluidos, tanto grupos específicos como organizaciones de “independientes” paralelas a los partidos. Este tipo de representación, sin embargo, dio lugar al protagonismo de “minorías intensas” que como vemos por los resultados electorales impusieron sus agendas sectoriales por encima de la mayoría ciudadana.

Octavo, de esta manera vino la “venganza” ciudadana que vio en el resultado un texto constitucional que satisfacía a muchos sectores particulares, pero no recogía a una mayoría nacional, en otras palabras, un texto hecho para creyentes, pero no para ciudadanos. Como diría Carlos Franco un texto que apuntaba, más allá de la voluntad de sus redactores, a un régimen representativo particularista y no a uno que pretendiera la representación universal de los electores. 

Ojalá que este tropiezo permita a las fuerzas democráticas y a la izquierda chilena retomar el proceso constituyente y brindarle finalmente a su país una carta magna que recoja la voluntad de transformación expresada repetidamente en las urnas en los últimos años.