En una gesta histórica, y con una participación masiva en medio de la pandemia, la ciudadanía chilena ha expresado su rotundo rechazo a la actual Constitución, promulgada en 1980, durante la dictadura presidida por el general Augusto Pinochet (1973-1990). Casi 79% de los electores aprobaron su modificación y, un porcentaje similar, optó para que la nueva Constitución sea redactada por un Convenio Constituyente —cuyos delegados representados en igual número por hombres y mujeres— serán elegidos el 11 de abril del próximo año y tendrán un plazo máximo de once meses para concluirla. Así, la nueva Constitución dará sepultura a la actual, que le atribuyó al Estado un carácter mínimo, y un rol subsidiario, en comparación con el principio de Estado solidario o de bienestar vigente en la Constitución hasta antes de la establecida por el general Pinochet.

El eje central de debate durante el proceso de su redacción será sin duda el papel del Estado en el ámbito económico y social. Probablemente la noción de Estado Social de Derecho como doctrina que reconoce y ampara un conjunto de derechos económicos y sociales a las personas, prevalecerá sobre la del rol subsidiario del Estado o Estado mínimo, que se sustrae de proveer bienes públicos de manera digna. 

El principio del rol subsidiario del Estado establece que este solo puede participar en aquellas actividades que no son rentables para el capital privado puesto que se considera que este es un mal administrador. Si bien este principio no se menciona explícitamente en la Constitución chilena, como sí es el caso en la Constitución del Perú, las normas que se derivan de este principio ampararon la liberalización y desregulación económica, sobre todo financiera; la privatización de los servicios públicos, incluida el agua; así como la privatización de las empresas estatales.

La consulta ciudadana sobre la validez de la Constitución chilena es el resultado del estallido social iniciado, el 18 de octubre del año pasado. Recordemos las imágenes iniciales de jóvenes saltando por encima de los molinetes, para rechazar el alza de las tarifas del metro de Santiago, a las que luego se sumó el país entero y terminaron por cercar al presidente Piñera. Su nivel de aprobación, en caída libre, y las masivas protestas que muchas veces terminaban en actos vandálicos, no podían ser controlados. Si bien la ciudadanía chilena autoconvocada se manifestaba de forma pacífica, el descontento y frustración acumulados por años dieron lugar a que grupos de anarquistas encontraran el espacio para producir incendios, barricadas y actos de pillaje con el fin de crear caos.

Mientras los mandos militares presionaban al presidente para ejercer mano dura frente el descontrol ciudadano, se acumulaban las denuncias por violación a los derechos humanos. La ONU denunció el uso arbitrario e indiscriminado de balines y perdigones para contener las protestas y pidió a las fuerzas de seguridad del país que dejaran de usar esos proyectiles de manera “inmediata”.  Además, llamó la atención por “la gran cantidad de muertos y heridos” e hizo una exhortación para “alinear las acciones de control de la violencia a los estándares internacionales existentes, ratificados por el Estado chileno”.  En este escenario, Piñera tuvo que ceder a la presión popular y el 16 de noviembre anunció la realización de un plebiscito sobre la validez de la Constitución para abril de 2020. Debido a la pandemia, tuvo que postergarse para el 25 de octubre. La ciudadanía, sectores académicos y de la Iglesia Católica, atribuían la profunda desigualdad que motorizaban las protestas, a la definición del rol del Estado en la Constitución. 

¿Pero por qué esa explosión social en Chile en un país presentado por el establishment y el poder mediático internacional como el ejemplo a seguir en América Latina? Su estabilidad macroeconómica, un crecimiento económico sostenido y la reducción importante de los niveles de pobreza sustentaban esas afirmaciones. 

Sin embargo, hasta antes de las revueltas del año pasado, el 50% de la población económicamente activa ganaba menos de 550 dólares mensuales, siendo el salario mínimo equivalente a 414 dólares. Abrumada en su andar por la estrecha franja que la separa de la línea de la pobreza, una parte importante de la población vivía con el temor de ver caer sus ingresos. Como señala Farid Kahhat, la movilidad social descendente en Chile es mayor a la movilidad social ascendente, y es precisamente la primera la que suele propiciar la protesta política en mayor proporción que la pobreza misma.

El tema más álgido que exacerba la desigualdad, es probablemente el sistema de pensiones vigente en el país desde 1982, diseñado durante el gobierno militar. El mecanismo previsional no ha cumplido con las expectativas de los chilenos. Según la agrupación No+AFP (No más administradoras de fondos de pensiones), que en 2016 convocó a una marcha de 600 mil personas, se trata de “bancos encubiertos de los empresarios más ricos de nuestro país que utilizan los fondos previsionales para que estos puedan expandir sus inversiones y concentrar aún más el capital en pocas manos». El promedio de la pensión de los jubilados es de 286 dólares mensuales y el 80% de ellos recibe pensiones menores al sueldo mínimo». El monto de las pensiones es en promedio cercano al 40% de los ingresos de las personas al momento de retirarse.

La educación es el segundo gran tema que retroalimenta la inequidad. En 2006 y 2011 tuvieron lugar grandes movilizaciones estudiantiles que exigieron una profunda reforma del sistema educativo, caracterizado por la enorme brecha entre la educación pública y privada. Esto se explica por el retiro del Estado de sus funciones como generador, regulador y supervisor del sector educativo. A la vanguardia de las reformas neoliberales en la región, Chile inició este proceso en los años ochenta.

Detrás de las estadísticas estables y los altos promedios de crecimiento per cápita, fue incubándose una enorme desigualdad y concentración de la riqueza que mostró de forma dramática sus profundas grietas con las protestas iniciadas el octubre del año pasado. Chile es la décimo segunda economía más desigual del mundo.

Las grietas no solo tuvieron lugar en la esfera económica sino también en los ámbitos político y social. El sistema económico neoliberal necesita una democracia excluyente y limitada, que Chile construyó exitosamente en las tres décadas de democracia desde el fin de la dictadura militar en 1990. Por largos años, se sostuvo un sistema electoral binomial diseñado en la dictadura para propiciar la participación de dos bloques políticos que se alternaron el gobierno y que dio lugar a la concentración del poder en una élite reducida. 

Uno de esos bloques fue la Concertación de Fuerzas por la Democracia, de centro-izquierda (denominada Nueva Mayoría, desde 2011) mientras que el otro, de centro derecha, es la Alianza por Chile (desde 2009, Coalición por el Cambio). Salvo el anterior periodo de gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014), y el actual (2018-2022), el gobierno ha estado en manos de los partidos de la Concertación. En esencia, nunca se alejaron del modelo, lo que dio lugar a una estabilidad política y económica que gobernó para las necesidades del mercado, pero no de la ciudadanía. En el libro La violence des riches, Michel y Monique Pinçon describen un fenómeno similar ocurrido en Europa, en particular en Inglaterra y en Alemania, en el que los dirigentes socialistas se unieron al neoliberalismo y adoptaron ese modelo. 

Los autores señalan que lo que le interesa al poder económico es preservar el orden y que las clases medias y populares no lo cuestionen. Por eso el modelo se presenta como natural y eterno, como el sol que calienta o la luna que brilla. No obstante, advierten, esta situación puede cambiar. “Ello solo es posible cuando se pierde el respeto a esa jerarquía, cuando la ciudadanía se reconoce como ser humano y se pregunta si yo no trabajara, ¿qué harían ellos? No podrían lograr nada. Es entonces que, a los cuestionamientos a esa suerte de aristocracia del dinero, le siguen el caos y la rebelión”. Es lo que ocurrió en Chile.

La explosión social ha derrumbado no solo el frágil pedestal sobre el que se erigió el supuesto éxito de su modelo económico, sino también su rol articulador con los países aliados de Estados Unidos en la región. Lejos ha quedado el protagonismo del gobierno chileno en el Grupo de Lima; su papel en la desactivación de la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur) y su reemplazo por el Foro para el Progreso y Desarrollo de Sudamérica (Prosur) estrenado en Santiago en marzo del año pasado; así como su rol en la abortada trama de ayuda humanitaria a Venezuela organizada por Estados Unidos para ser entregada a través de la frontera con Colombia que tuvo en vilo a la región en febrero de 2019. 

Asimismo, ha desnudado la imagen de bienestar y mostrado a una sociedad herida, que ahora suma temas pendientes de solución como los juicios por violación de derechos humanos, la reparación a las víctimas de la violencia y la situación de los presos políticos durante las protestas. La nueva asignación que se dará al rol del Estado en la nueva Constitución —para dejar de lado la actual, que garantizó a los grupos de poder el control económico y político de la sociedad, por cuatro décadas— será el paraguas que permitirá realizar reformas para construir una sociedad más justa e incluir a las minorías. El camino no es fácil, pero este es un gran paso en esa dirección. Habrá que ver cuál es el grado de respeto a la democracia que tiene el poder económico, que verá amenazados sus intereses.