A tres días de la celebración de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el candidato Gustavo Petro, del izquierdista Pacto Histórico, y Rodolfo Hernández, la versión colombiana de Jair Bolsonaro y Donald Trump de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, definirán el destino de ese país durante los próximos cuatro años en una de las elecciones más reñidas de la historia. Las últimas encuestas muestran un empate técnico entre el exalcalde de Bogotá y senador de la República, Petro, y el millonario exalcalde de Bucaramanga, Hernández, supuestamente un outsider de la política.

Colombia es el más importante aliado y bastión para Estados Unidos en América Latina y el Caribe. Estratégicamente ubicada, cuenta con el mayor número de bases militares en la región. El reciente nombramiento de Colombia como aliado estratégico de la OTAN ha sido calificado por Iván Duque como "histórico" y que ello confirma que su país es el aliado número uno de Estados Unidos al sur del Río Bravo.

La aparente derrota del uribismo

En las elecciones del 13 de marzo, cuando se eligió al nuevo Congreso y a los candidatos de los partidos –en una suerte de primarias– Federico Gutiérrez del Equipo por Colombia, apoyado por el uribismo, logró la segunda votación detrás de Gustavo Petro. Esta tendencia se mantuvo hasta tres semanas antes de la primera vuelta electoral, cuando se produjo el vertiginoso ascenso de Roberto Hernández, quien duplicó su intención de voto del 10 al 20%. Ya entonces, algunas encuestadoras avizoraban que Petro solo podría perder las elecciones frente a este candidato.

Conscientes de que el respaldo ciudadano al candidato uribista no sería suficiente para el triunfo, las elites del poder no dudaron en sacrificar a Gutiérrez y apostaron a una carta que defendiera sus intereses sin que la población lo percibiera. Sabían perfectamente que a Gutiérrez le jugaba en contra representar la continuación del régimen de Iván Duque quien, en abril del año pasado propuso, en plena pandemia, una reforma tributaria que afectaba mayormente a las clases medias y populares. Ello dio lugar al Paro Nacional, un conjunto de movilizaciones, las más importantes de las últimas décadas por su convocatoria y duración, que fueron brutalmente sofocadas al dejar 83 muertos y decenas de heridos.

En abril de este año tuvo lugar la primera audiencia organizada por la Jurisdicción Especial para la Paz, un tribunal creado como parte del acuerdo de paz de 2016 celebrado entre el gobierno colombiano y las FARC. En él, un general del ejército, otros nueve funcionarios militares y un civil reconocieron haber cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad. En efecto, durante el gobierno de Uribe se produjeron los denominados “falsos positivos”. Solo entre 2002 y 2008 las fuerzas militares asesinaron a 6.400 civiles inocentes a los que presentaron ilegítimamente como guerrilleros muertos en combate, a cambio de premios y recompensas en el marco de la denominada “seguridad democrática” impulsada por el expresidente. 

El alto número de sindicalistas asesinados es otro de los temas que preocupa a los colombianos. Michel Forst, relator especial para los derechos humanos de la ONU, dijo en marzo de 2020 que Colombia “sigue siendo el país con el mayor número de personas defensoras de estos derechos asesinadas en América Latina, y las amenazas en su contra se han disparado, en un contexto de altos índices de impunidad”. Según la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, durante el gobierno de Iván Duque se produjeron importantes retrocesos en la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC. El informe de esa entidad señaló también que, desde la firma de los acuerdos de paz, fueron asesinados 1.313 líderes sociales y las masacres y homicidios selectivos se incrementaron.

El expresidente Uribe tiene más de 70 investigaciones por la justicia por sus nexos con paramilitares, narcos, por delitos de corrupción, fraude procesal, compra de testigos falsos, entre otras. En enero de 2020 surgieron denuncias que lo vinculan con los carteles mexicanos narcotraficantes y la Administración Federal Antidrogas estadounidense (DEA) en una conspiración para traficar grandes cantidades de cocaína a México entre 2006 y 2008. 

En este contexto, nada mejor que apostar por la figura de un outsider y luchador contra la corrupción –a pesar de estar acusado por la Fiscalía por corrupto cuando fue alcalde de Bucaramanga– que la de Rodolfo Hernández, quien finalmente desplazó al candidato apoyado formalmente por el uribismo. 

Hernández empezó la carrera por la segunda vuelta con ventaja. Así lo reflejaron las primeras encuestas. A los casi 6 millones de votos que obtuvo en la primera vuelta (28,15%) se sumaban los 5 millones que el derrotado líder del uribismo, Federico Salazar, le endosó inmediatamente. Petro partía solo con sus 8.5 millones de votos obtenidos (40,32%) pues Sergio Fajardo, líder de la Coalición Centro Esperanza, que tuvo una pésima performance, al obtener solo el 4% de los votos, declaró su abstención. 

Sin embargo, las últimas encuestas muestran un empate técnico, resultado de la caída de respaldo a Rodolfo Hernández. A esa disminución de votos ha contribuido el voto femenino –dice que las mujeres deben quedarse en casa y no participar de la política–, la acusación de la fiscalía por corrupción, la denuncia de compras de inmuebles de su esposa en La Florida, la difusión de declaraciones pasadas en las que se declaraba admirador de Hitler, entre otras perlas.

Las diferentes propuestas

La fórmula presidencial conformada por Gustavo Petro y la líder medioambientalista, Francia Márquez, plantea un cambio de modelo económico y considera que “hay que superar el neoliberalismo como un sistema de ideas dominante para abrirle paso a la garantía real y efectiva de los derechos de la gente”. Las medidas anunciadas contemplan una reforma impositiva que incluye mayores impuestos a los activos improductivos de las 4.000 personas más ricas del país; renegociar los Tratados de Libre Comercio; proteger los ecosistemas y recursos naturales (Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo); transición energética de la matriz dependiente del petróleo y el carbón a las energías renovables (detendrán los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera)

En política exterior propone, entre otros, impulsar un "frente americano de lucha contra el cambio climático, que incluye rescatar la selva amazónica". Plantea también "desmilitarizar la vida social" a través de una reforma de las Fuerzas Armadas en la que el servicio militar dejará de ser obligatorio; que todos los integrantes de las Fuerzas Armadas accedan a la educación superior; eliminar los fueron penales militares; traspasar la Policía Nacional del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior o de Justicia con el fin de recuperar su carácter civil; y desmontar el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) por su papel en la violenta represión durante las protestas sociales. El programa de gobierno contempla medidas para promover la igualdad de las mujeres; acatar la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto; políticas específicas para minorías que históricamente han sido vulneradas, entre otras.

Rodolfo Hernández, en cambio, no ha tratado en profundidad las propuestas de su partido, le ha huido al debate y solo se ha centrado en su discurso contra la corrupción. En lo que sí coinciden ambos candidatos es en la profundización de los Acuerdos de Paz alcanzados con las FARC durante la administración de Juan Manuel Santos (2010-2018), extenderlos hacia sus disidencias y alcanzar acuerdos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Ambos priorizan también el restablecimiento formal de las relaciones diplomáticas con Venezuela, suspendidas desde 2010 a partir de las acusaciones del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010) contra el expresidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013) de albergar células de guerrillas de las FARC y el ELN en territorio venezolano.

Encrucijada

Gustavo Petro tiene posibilidades de convertirse en el primer presidente de izquierda de la vida republicana en Colombia. La elección de Petro, y un triunfo de Lula en octubre, potenciarían una posición regional más autónoma frente a los poderes hegemónicos en pugna en el ámbito internacional. Si Hernández se alzara con el triunfo este representaría, en la práctica, la continuidad del uribismo. Populista de derecha y autoritario, no difiere significativamente de dicho camino.

En un país con niveles de abstención que normalmente ronda el 50%, y con una participación inusualmente elevada en primera vuelta (récord desde 1974), el destino de Colombia está en manos de los indecisos y de la transparencia en el conteo de votos. Al respecto, la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA) encabezada por el excanciller Eladio Loizaga, publicó un informe sobre las elecciones colombianas en el que insta a las autoridades a mejorar su recuento de votos y realiza recomendaciones de cara a la segunda vuelta. Entre estas menciona un mayor acceso de las partes en contienda a los sistemas de procesamiento de resultados y métodos de administración y almacenamiento de datos más seguros. 

En el informe lamenta que, en la aliada estratégica de la OTAN, se haya producido violencia en algunas regiones, así como el hecho de que las propuestas previas a la primera ronda electoral no hubieran sido suficientemente discutidas. Sugiere también reforzar la seguridad informática de las computadoras usadas en el recuento y procesamiento de los votos, hacer más homogénea su configuración y reforzar la capacitación de los jurados de mesa.
Colombia se encuentra en la encrucijada de reproducir y, probablemente. intensificar el drama de la violencia o iniciar una senda que explore nuevos caminos para poner fin a sus dolorosos conflictos.