Más allá del fantasma del “comunismo” de la post-Guerra Fría y el neoliberalismo. 

En el debate político colombiano es frecuente escuchar que algunos sectores califican a figuras públicas como “comunistas” con un tono acusatorio, polarizante y de siembra de odios. Uno de los casos más ilustrativos es el del senador Iván Cepeda Castro, hoy candidato a la presidencia de la República. 

Este señalamiento suele aparecer en el marco de la disputa electoral o del debate ideológico, pero pocas veces se examina con rigor histórico y conceptual. Cuando se hace ese ejercicio, resulta evidente que la acusación pertenece más a los imaginarios de la Guerra Fría que a las realidades políticas del siglo XXI y que el propósito es sembrar miedo y odio con fines electorales.

Durante gran parte del siglo XX la política mundial estuvo marcada por la confrontación entre dos grandes sistemas geopolíticos: el capitalismo occidental, encabezado por Harry S. Truman y sus sucesores, y el socialismo estatal liderado por la Unión Soviética. Ese periodo histórico, conocido como la Guerra Fría, generó una estructura bipolar del mundo donde las identidades políticas se simplificaban en dos categorías: “capitalistas” o “comunistas”.

En América Latina, esa lógica se trasladó a la política interna. Los conflictos sociales, las luchas por la tierra, las demandas sindicales o las reivindicaciones estudiantiles fueron con frecuencia interpretadas bajo el prisma de esa confrontación global y el calificativo del enemigo interno. 

En ese contexto, la palabra “comunista” adquirió una función política particular: no describía necesariamente una doctrina concreta, sino que se utilizaba como un mecanismo de estigmatización para deslegitimar a opositores o movimientos sociales.

Colombia no fue ajena a ese clima ideológico. Durante décadas, cualquier propuesta de reforma social profunda podía ser asociada con el “peligro comunista”. Ese discurso se convirtió en un recurso recurrente dentro de la retórica política, especialmente en momentos de polarización electoral.

Sin embargo, el mundo que dio origen a ese lenguaje político dejó de existir hace más de tres décadas. El colapso de la Unión Soviética en 1991 significó el fin del sistema internacional bipolar que había estructurado la política mundial desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Con ese derrumbe también desapareció el llamado “socialismo real”, es decir, el modelo de Estados centralizados que afirmaban representar la transición histórica hacia el comunismo.

Este hecho histórico tuvo consecuencias profundas. En primer lugar, demostró que el llamado “comunismo” como sistema político plenamente realizado nunca llegó a existir en la práctica histórica. Incluso los propios Estados que se proclamaban comunistas reconocían que estaban en una fase de transición socialista hacia una sociedad futura sin clases ni Estado.

En segundo lugar, el fin de la Guerra Fría transformó las dinámicas internacionales. Durante la década de 1990 se habló de un mundo unipolar dominado por Estados Unidos; posteriormente emergieron nuevas potencias y configuraciones regionales que hoy conforman un escenario multipolar. En este nuevo contexto, las categorías ideológicas rígidas del siglo XX han perdido gran parte de su capacidad explicativa.

Las disputas contemporáneas ya no se organizan únicamente en torno a la oposición capitalismo-comunismo, sino alrededor de debates sobre democracia, derechos humanos, desigualdad, sostenibilidad ambiental, participación ciudadana y justicia social.

Este cambio histórico también transformó los imaginarios políticos. Las corrientes progresistas contemporáneas en América Latina no se definen necesariamente por la construcción de modelos estatales inspirados en las viejas doctrinas marxistas-leninistas, sino por la defensa de derechos y por la ampliación de la democracia.

En este sentido, el eje de la discusión política se ha desplazado hacia otros principios: la defensa de los derechos humanos; la participación democrática; la igualdad social; la diversidad cultural y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Estos principios se han convertido en el lenguaje político dominante en gran parte del mundo contemporáneo. Incluso sectores liberales, socialdemócratas, progresistas o cristianos sociales comparten hoy muchos de esos marcos normativos.

Por esa razón, el uso del término “comunista” como etiqueta política suele resultar anacrónico. En muchos casos no describe una posición ideológica concreta, sino que reproduce categorías heredadas de un conflicto global que terminó hace más de treinta años.

La trayectoria pública de Iván Cepeda Castro se inscribe en ese nuevo marco político. Su actividad se ha caracterizado principalmente por la defensa de los derechos humanos, la búsqueda de la verdad sobre los crímenes del conflicto armado y la promoción de procesos de paz en Colombia.

Su trabajo político ha estado ligado a la defensa de las víctimas de la violencia, a la investigación de estructuras paramilitares y a la promoción de escenarios de reconciliación nacional. En el Congreso colombiano, sus intervenciones han girado en torno a temas como la memoria histórica, la justicia transicional, la reforma social y el fortalecimiento de la democracia.

Estos ejes de acción no corresponden a un proyecto político que pretenda la instauración de un sistema comunista, al contrario, se construye sobre la recuperación de una agenda liberal democrática que es lo que ha hecho el Pacto Histórico. 

Se relacionan con corrientes contemporáneas de pensamiento que buscan ampliar la democracia y garantizar los derechos fundamentales. Por esa razón, una categoría más precisa para describir su pensamiento y su acción política podría ser la de que, Iván Cepeda Castro, es en lo esencial un humanista democrático y popular.

El humanismo democrático parte de una idea central: la política debe orientarse a garantizar la dignidad humana y el pleno ejercicio de los derechos. En lugar de priorizar la lógica de los sistemas ideológicos cerrados, coloca en el centro a las personas, las familias y las comunidades.

Esta perspectiva reconoce que la democracia no puede limitarse a procedimientos electorales, sino que debe traducirse en condiciones reales de libertad, igualdad y participación para toda la ciudadanía.
El componente “popular” de ese humanismo se refiere al reconocimiento de los sectores históricamente excluidos de la vida política y económica: campesinos, trabajadores, comunidades indígenas, afrodescendientes, víctimas del conflicto armado y movimientos sociales. Desde esta perspectiva, la política democrática debe incluir activamente a estos sectores en la construcción del proyecto nacional.

Persistir en el uso de etiquetas ideológicas heredadas de la Guerra Fría empobrece el debate público. Las sociedades contemporáneas enfrentan desafíos mucho más complejos que los esquemas binarios del pasado: desigualdad social, crisis ambiental, transformaciones tecnológicas, migraciones masivas y crisis de legitimidad institucional.

En este escenario, la discusión política debería centrarse menos en etiquetas ideológicas simplificadoras y más en los contenidos concretos de las propuestas: cómo fortalecer la democracia, cómo reducir la desigualdad, cómo garantizar los derechos y cómo construir sociedades más justas.

Calificar automáticamente como “comunista” a quien defiende reformas sociales o políticas de derechos no solo resulta conceptualmente impreciso, sino malintencionado. Reproduce un lenguaje político que pertenece a una época histórica pasada.

El señalamiento de Iván Cepeda Castro como “comunista” debe entenderse, en gran medida, como un eco de los imaginarios políticos de la Guerra Fría. Ese mundo bipolar desapareció con el derrumbe del socialismo real y con la transformación del sistema internacional y el señalamiento se hace de manera perversa y malintencionada, con fines de desprestigio político.

En la actualidad, la política se organiza alrededor de nuevos ejes conceptuales centrados en la democracia, los derechos humanos y la justicia social.

Dentro de ese marco, la trayectoria de Cepeda puede interpretarse con mayor precisión como la de un humanista democrático y popular, comprometido con la ampliación de la democracia y con la defensa de los derechos de las personas, las familias y las comunidades.

Comprender esta transformación histórica es fundamental para elevar el nivel del debate público. Solo así será posible superar las categorías ideológicas del siglo XX y abrir espacio a discusiones políticas más rigurosas, más honestas y más acordes con los desafíos del presente en este agitado periodo electoral.