El alcalde Luis Castañeda Lossio está decidido a acabar con la Reforma del Transporte iniciada por la anterior gestión. Y no es mera retórica: ya fue aprobada la ordenanza que autoriza a los buses a seguir transitando por las vías concesionadas y Protransporte viene incumpliendo con los pagos a las empresas que operan en el Corredor Azul. En esta emprendida lo legal y lo ilegal se confunden para desterrar el último esfuerzo por poner orden en el transporte limeño.
 
Corredor azul
 
El corredor Tacna-Garcilaso-Arequipa, también conocido como Corredor Azul, fue el primero de un grupo de doce corredores que ya fueron licitados. Durante su corta existencia, ha permitido que estas avenidas queden libres de buses y combis que funcionaban con el sistema comisionita-afiliador, el mismo que propicia la informalidad en el transporte urbano en otras zonas de la ciudad.
 
Según Castañeda, este corredor no está incluido en la Ordenanza Nº1876, cuyo fin es extender por cuatro años las rutas al servicio regular de buses y que en la práctica supone mantener el modelo actual. Es decir, un transporte urbano sin choferes en planilla, tarifas reguladas, contratos de concesión, concursos públicos para poder otorgar las rutas, etc.
 
“No se ha considerado el Corredor Azul, sin embargo la Vía de Evitamiento o Brasil, que debieron haber sido corredores, sí se han tocado. Y así el Municipio de Lima dice que no se van a afectar los corredores. Mentira: sí se van a afectar”, explica el regidor Augusto Rey, quien evalúa exigir la derogatoria de dicha ordenanza en la próxima sesión del Consejo Metropolitano.
 
La actual gestión además ha encontrado otra manera de boicotear el Corredor Azul. Como denunciaran los concesionarios de dicha ruta, Protransporte incumplió con los pagos de enero y febrero por kilómetro recorrido. Una manera muy eficaz y a la vez desvergonzada de ahogar financieramente a estas empresas y obligarlas a retirarse de dichas avenidas. 
 
Corredores complementarios
 
Un segundo paquete incluía los corredores que serían implementados en las rutas La Marina-Javier Prado, Vía de Evitamiento y la avenida Brasil. Todo ello ha quedado en suspenso luego de la ordenanza, ya que Castañeda ha desconocido la concesión ganada por las empresas en sendos concursos públicos. A cambio, hará que estos compitan con los buses y combis en vías que ya habían sido licitadas para uso exclusivo.
 
El regidor Augusto Rey afirma que esta decisión va a traer múltiples problemas a la comuna limeña. “Se activarán las clausulas por incumplimiento y el Municipio tendrá que pagar millones de soles en indemnizaciones, los mismos que saldrán de los impuestos de todos los limeños”, afirma.
 
Según los propios concesionarios de la Panamericana y San Juan de Lurigancho, la Gerencia de Transporte Urbano (GTU) les ha propuesto desistir de la concesión ganada a cambio de devolverles la licencia en sus anteriores rutas. Una invitación explícita a continuar en la informalidad para seguir subsistiendo. Y todo porque el Municipio de Lima es incapaz de garantizar la formalidad en el transporte.
Castañeda no parece tomar en cuenta los índices que sitúan a Lima en los últimos lugares en transporte y contaminación ambiental en la región ni el número de muertos que provocan las combis cada año (solo en el 2015 ya suman 80). 
 
En cambio, sí tiene los sentidos bien afinados cuando de encuestas se trata, como aquella que arroja que el 53% de limeños pide la suspensión del Corredor Azul. Siempre atento a las marejadas de la opinión pública, Castañeda optará una vez más por el efectismo y la improvisación, algo que se intentó corregir en la anterior gestión pese a la oposición y la grita popular.