Hay que terminar con la subsidiariedad del Estado 

Hace ya varias semanas que los altos precios de los combustibles golpean los bolsillos de los transportistas, del público en general y, también, de los hogares. Los responsables del gobierno nos dicen que nada se puede hacer y debemos resignarnos al alza de los precios internacionales. Pero hay muchas cosas que sí se pueden hacer pero que no se hacen porque el Estado ha abdicado de sus responsabilidades energéticas debido al concepto neoliberal de la subsidiariedad del Estado. Vamos por partes. 

El alza de los precios internacionales… y del dólar

Los precios de las materias primas han subido fuerte debido a la recuperación de la economía mundial por la salida de la pandemia (no se sabe si será duradera) debido a las políticas (estatales) de impulso fiscal y monetario. Así, el precio del petróleo WTI está ahora cercano a los US$ 70/barril, 80% más que hace unos meses. También ha subido el precio del GLP, que cuesta más de un dólar por galón en Mont Belvieu (Texas), 100% más que el año pasado.

El Perú es importador neto de petróleo (en gran cantidad) y, también, de GLP: el 80% es producción nacional del Consorcio Camisea (CC) y el 20% es importado. Como en Perú los precios de los combustibles se rigen por oferta y demanda, es decir, por los precios internacionales, el alza se transmite de inmediato a los precios internos. Esto vale, tanto para las gasolinas, como para el GLP.

Hay otro factor que encarece esos precios: el alza del dólar, que ha subido 10% en los últimos dos meses y ahora está cerca de los 4 soles. El alza del dólar se debe, en lo fundamental, al “ruido político” que se deriva del proceso electoral. Y, también, al hecho que el BCR ha hecho poco por evitar la “volatilidad” del tipo de cambio entrando a vender dólares en el mercado cambiario, a pesar que sus reservas propias (posición de cambio) son bastante altas: US$ 58,000 millones.

Alza del GLP debido a “la escasez”

En las últimas semanas los funcionarios del gobierno nos dicen que el alza del GLP se ha visto amplificada por los grandes maretazos y las “mareas anómalas”. Según la Dirección General de Capitanías y, Guardacostas de la Marina de Guerra (DICAPI), se cerraron más de 100 puertos, lo que incluye las caletas de pescadores. 

Estos maretazos forman parte del cambio climático de proporciones que está afectando el planeta. La última demostración la acabamos de ver en Europa, donde las inundaciones han causado más de 100 muertos y múltiples daños a las ciudades. Si esto sucede en el Primer Mundo, que cuenta -supuestamente- con excelente infraestructura para hacer frente a estos fenómenos, ¿qué podemos esperar en países como los nuestros? 

Es por eso que la política energética debe tomar en cuenta en toda su dimensión y encaminarse hacia la transición energética, priorizando las energías renovables, la energía solar y la energía eólica (1).

Volvamos a las “mareas anómalas”. Ya no son tales. Han pasado a ser “normales”. Desde el 2002 hasta el 2017, los días con cierre de puertos se han cuadruplicado (ver Gráfico #1), lo que ha continuado hasta la fecha. Estos maretazos han tenido un fuerte impacto en el precio del balón de GLP, lo que se ha sumado al alza de su precio internacional. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de GLP que abastece a Lima y otras ciudades proviene de la planta de GLP del consorcio Camisea, situada en Pisco. Ese GLP va en buque al Callao, donde están los “almacenes” de varias empresas, siendo Repsol la más importante. De su lado, el GLP importado también llega por vía marítima, tanto a Talara como al Callao. 

Aquí la pregunta que uno se hace es: el GLP que viene de otros países tiene (subrayado nuestro) que venir por transporte marítimo. Lógico. Pero eso no tiene razón de ser con el GLP de Camisea (el 80% del consumo nacional) que se refina en Pisco. Y sin embargo viene por barco, a pesar que desde hace años se han planteado diversas iniciativas -privadas y estatales- para construir un ducto que transporte el GLP de Pisco a Lurín. Agreguemos que esa es la política que aplican Argentina, Bolivia, Colombia y México. ¿No les parece lo más lógico? 

Con este ducto se acabaría el problema de los maretazos y las mareas anómalas (hoy, normales), sobre todo para el abastecimiento de Lima). Entonces, ¿por qué no se ha hecho? La respuesta es que sí ha habido iniciativas 

Del 2007 al 2010 hubo una iniciativa privada del consorcio GyM y Oiltanking, que se aprobó con el DS-2008-EM de Alan García. Esta iniciativa fracasó y, finalmente, terminó en arbitraje. 

En el 2011 el Estado retomó el proyecto y Proinversión anunció varias veces un Concurso Público. La última vez fue en el 2014 (ver Gráfico # 2), donde se consigna una inversión de US$ 250 millones para 2,800 TM/día (70% de la demanda de Lima). Pero no hubo licitación. Hoy, el proyecto de ducto duerme en alguna gaveta en Proinversión.

¿Por qué? El gobierno no ha dado una razón explícita. Sin embargo, una podría ser que el CC no lo considera conveniente, ya que el GLP llega al Callao, donde varias empresas, entre ellas Repsol, tienen ya construidas plantas de almacenamiento y distribución (costo hundido importante). Si llegara a Lurín, serían necesarias nuevas inversiones. Así, el CC mantuvo su preferencia por el transporte marítimo al Callao, debido a razones comerciales de su propio interés empresarial (ver “El imposible ducto Pisco-Lurín, 05/02/2020).

Esto debe terminar. Se debe recuperar la soberanía sobre el destino de los recursos energéticos. Si el Estado considera que el GLP debe ir por ducto de Pisco a Lurín, eso se debe realizar. Igual, por ejemplo, con el gas natural del Lote 58 de la estatal china CNPC en Camisea: si el Estado decide que ese gas debe alimentar el gasoducto al sur, pues así debe ser.

Para ello, el gobierno debe respetar el precio pactado en el contrato y/ó renegociar con la empresa. Lo que no puede seguir sucediendo es que no se pueda decidir sobre el destino de la molécula. Hoy en día, por ejemplo, es probable que el CC esté dispuesto a abastecer de GLP al ducto Pisco-Lurín (si se volviera a licitar). Muy bien, Pero no se trata de eso, de la “disposición de la empresa”. Se trata de recuperar la soberanía sobre el destino de los recursos naturales.

Hay más. En todo el Perú solo hay almacenaje de GLP en Talara y el Callao. Nada más. El resto del país, en Costa y Sierra, se abastece por camiones cisterna, la mayoría de los cuales salen de Pisco. No hay esferas de almacenamiento de GLP en Chiclayo, Trujillo, Ilo, Mollendo, Nazca (ver otra vez el Gráfico # 1). 

Peor aún. No existe una red de ductos y gasoductos que conecte los centros productores (Pisco) o puertos de importación (Callao) con las principales ciudades del Perú. Dicho de otro modo, todos se ven afectados por las mareas anómalas. Y los que se conectan con Pisco vía camiones cisterna recorren miles de kilómetros con camiones cisterna, que representan un peligro para la seguridad ciudadana, como lo demostró la explosión del camión cisterna con GLP en Villa El Salvador, que le costó la vida a 34 personas en enero del 2020.

La alternativa inmediata

Hasta abril del 2020, el GLP envasado (los balones) formaba parte el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, lo que impedía su alza por encima de un precio determinado. Cuando los precios van a la baja, entonces los comercializadores recuperan sus ingresos: se les compensa. Pero en abril el gobierno sacó al GLP del fondo.

La razón real es que quieren el “libre mercado”, donde se benefician, en lo esencial, las tres más grandes empresas envasadoras, que controlan el 70% del mercado: SolGas, Lima Gas y Zeta Gas (tema que abordaremos en un próximo artículo).

La razón esgrimida: que los vendedores de GLP a granel (para uso comercial o industrial), que no estaban en el Fondo, se coludieron con algunos envasadores de GLP (en balones): les compraban el GLP “estabilizado” por el Fondo (más barato) y lo vendían a precios más caros a sus clientes. Contrabando interno.

Hoy, justos pagan por pecadores (los malos envasadores y los contrabandistas de gas a granel). Si bien el gobierno otorga un vale de 20 soles por balón de GLP a 1.9 millones de familias pobres (lo acaba de aumentar), el alza actual ha rebasado todos los límites. Más aún cuando, debido a la pandemia, se han perdido millones de empleos e ingresos.

Por tanto, la salida de corto plazo es que todo el GLP (envasado y también a granel, para evitar el contrabando) debe volver al Fondo que no es un subsidio. Eso hará que los precios bajen de inmediato. El “libre mercado” no puede seguir atentando contra millones de peruanos.

La alternativa de largo plazo 

La salida de largo plazo es la masificación domiciliaria del gas de Camisea del Lote 88, que tiene precio regulado: es más barato que el GLP y no se rige por el “libre mercado”. Chau dependencia de los “precios libres”. Asimismo, el Gas Natural Vehicular (GNV) contamina menos y es 62% más barato que la gasolina (ver Gráfico # 3). 

No solo eso. El gas de Camisea paga al Estado una regalía de 37% y el 50% del impuesto a la renta se asigna al gobierno regional del Cusco. Eso no sucede con el GLP importado, que no paga regalías, ni canon. Esta es otra razón por la cual se debe priorizar el consumo del gas de Camisea, sobre todo para los hogares.

Sin embargo, la masificación a nivel nacional ha fracasado, salvo en Lima, donde hay grandes industrias y centrales eléctricas. Desde el 2006 Proinversión no puede masificar el gas en la Sierra Central. Y desde el 2015 tampoco en Arequipa, Moquegua y Tacna porque los precios del gas son el doble que, en Lima, y más caros que el GLP. Por eso la concesionaria española Naturgy se ha ido al arbitraje internacional contra Perú en el CIADI. ¿Se imaginan que la gasolina cueste 10 soles/galón en Lima y 20 soles en Arequipa?

La razón del fracaso es la masificación “a puchos” con las APP que, claro, quieren el retorno de su inversión. Eso no se puede pues la masificación, en ciudades y pueblos de la sierra, tiene rentabilidad social, no económica. Eso no lo entiende el “chip” neoliberal del gobierno. La masificación necesita una administración central y una red nacional de gasoductos como en Argentina, Bolivia y Colombia. Y una tarifa “estampilla” en el transporte, para que cueste lo mismo en todo el Perú.

Concluyendo 

Si bien el alza de los precios internacionales es real y somos un país importador neto de recursos energéticos, no se trata de permanecer inmóviles frente a las circunstancias y obedecer los “mandatos del libre mercado”. Se puede construir el ducto de Pisco a Lurín. Se puede construir una red de ductos y de gasoductos en el territorio nacional. Debe haber una política de Estado para masificar el gas domiciliario, como en Argentina, Bolivia y Colombia(2).

El GLP, envasado y a granel debe volver al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Debe haber mayor competencia en el mercado de GLP. Debe quedar claro que el principal energético de los hogares debe ser el gas natural y que, salvo en zonas rurales y alejadas, el consumo de GLP tendrá un rol secundario. El Estado debe recuperar la soberanía sobre sus recursos naturales y decidir el destino de la molécula.

El cambio climático ya está aquí con sus maretazos, deshielo de los glaciares, huaycos e inundaciones. Debemos comenzar la transición energética, lo que implica salir de los combustibles fósiles impulsando el consumo de las energías renovables, sobre todo la solar y la eólica. Volveremos sobre el tema en un próximo artículo.

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(1) Ver nuestro artículo, “Transición energética y energías renovables en un contexto incierto”, en https://bit.ly/3ksKQnI
(2) Humberto Campodónico, La República, 24/04/2021, https://larepublica.pe/economia/2021/04/24/recuperar-la-soberania-sobre-...