Asistimos a una nueva agresión al proceso de afirmación de los Derechos Humanos en el país, esta vez contra el Santuario de la Memoria La Hoyada en Ayacucho, cuya construcción está en proceso por iniciativa de las organizaciones de víctimas del Conflicto Armado Interno, en particular por la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desparecidos del Perú (ANFASEP) han transcurrido casi 4 décadas desde que se iniciara este fenómeno el de la lucha y sufrimiento de los familiares de las víctimas de desaparición forzada y aún tienen que seguir soportando la intolerancia e insania de personajes y sectores sociales y la acción errática y desarticulada del Estado en el tratamiento de las deudas sociales pendientes de nuestro pasado de violencia reciente.   

Con respecto a la desaparición forzada de personas, los hallazgos aportados por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación CVR y complementados por otros estudios posteriores, dan cuenta que se trata de una de las expresiones más graves del conflicto armado interno, tanto por su cuantía como por su profundidad. El Informe Final CVR, registro 8,558 casos de desaparición forzada entre 1980 y el 2000, con posterioridad, un estudio realizado por organismos privados, dan cuenta de la existencia de 15,751 mil personas víctimas de desaparición. Así mismo, la CVR dio cuenta de la identificación de 4,644 lugares de entierro en el territorio nacional, a los que se sumaron 1,800 lugares de entierro adicionales identificados por la ONG COMISETH solo en Ayacucho. 

En consecuencia, hasta el momento son más de 6,400 los lugares de entierro, lamentablemente los avances y su tratamiento son aún muy iniciales. Sin duda, fue Ayacucho la región más afectada por el Conflicto Armado Interno, en este escenario se reportaron el 40% de las víctimas, por casos de desaparición forzada de personas, con más de 3,782 desaparecidos, 11,354 muertos, el total de víctimas inscritas en el Registro Único de Víctimas RUV que supera los 45,569 (IDEHEPUC).

Es muy importante destacar en este proceso, la voluntad, fuerza organizativa y la capacidad articuladora de los familiares de las víctimas y sus organizaciones, levantaron tempranamente banderas y demandas orientadas principalmente a la búsqueda de sus desaparecidos, la defensa de los DDHH y la implementación de medidas de reparación simbólica, como bálsamo para la elaboración del dolor, el duelo y la sanación de sus heridas. Las iniciativas y propuestas fueron muchas, pero lo más relevante es que siempre terminaron convocando e involucrando a diversos actores con competencia en la materia principalmente el Estado, el sector privado y la academia. 

Sin embargo, este proceso de lucha de las víctimas y sus organizaciones no estuvieron exentas de ataques, agresiones y hostigamiento: estigmatización como terroristas, destrucción de pequeños monumentos y murales de carácter simbólico (Ayacucho, Huánuco y Lima 2002),  atentados contra el Santuario del Ojo que Llora (setiembre 2007 y febrero 2017), el Congresista Carlos Tubino acusa al  Museo de la Memoria de ANFASEP “Para que no se repita” de hacer apología al terrorismo (2017) y hasta voluntades de desprestigio y descalificación del LUM (Congresista Donaire disfrazado, mayo 2018). 

El Santuario de la Memoria de “La Hoyada” de Ayacucho, es, seguramente el Proyecto de mayor contenido estratégico levantado por las organizaciones de víctimas y familiares, en respuesta a una de las expresiones más graves y oscuras de crímenes y violación de DDHH cometidos en el contexto de violencia. La CVR en su Informe Final da cuenta de la constatación del caso de cuartel BIM N°51 del Ejercito del Perú, Los Cabitos, donde se han constatado casos de detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual, desaparición y ejecución extrajudicial de por lo menos 136 personas entre hombres, mujeres e incluso menores de edad (IDEHPUC). Se sabe también que a inicios de 1985 el Jefe Político- Militar, Wilfredo Mori ordenó la construcción de hornos de suficiente tamaño para incinerar la gran cantidad de cuerpos provenientes de Los Cabitos, convirtiéndose así en el símbolo de la violencia extrema y la impunidad (IDEHPUC). En este mismo escenario, las víctimas y sus organizaciones, plantaron sus banderas e iniciación la construcción del Santuario de la Memoria, involucrando progresivamente a otros actores incluido el Estado. 

El Estado, asumió tardíamente la atención de estas demandas (2006 dos décadas después) y con resultados todavía modestos, debido principalmente a la falta de voluntad política para asignar los recursos necesarios. En el caso específico de la construcción del Santuario de la Memoria la Hoyada, la disposición del Estado desde el Ministerio de Justicia, sector con competencia en la materia, fue clara: se autoriza el uso del terreno de la Hoyada para este fin, y se hace la entrega respectiva como parte de la reparación simbólica, reconocida como política de Estado por la Ley PIR 28592 y se acuerda la transferencia extraordinaria de 400 mil soles para la construcción del Santuario. 

Sin embargo, se ha producido un giro lamentable en el accionar del Estado en los últimos tiempos, asumiendo decisiones y medidas contrapuestas a todo lo actuado hasta el momento. A petición del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales, mediante la resolución Nº 0428-2020/SBN-DGPE-SDDI, dispone la afectación de 17,379.56 metros cuadrados del área destinada a la construcción del Santuario de la Memoria de La Hoyada, para destinarlas a la ampliación del aeropuerto de Ayacucho «Alfredo Mendívil Duarte». Por su parte Martha Chavez, ha señalado al respecto: “este espacio sería utilizado por las organizaciones de afectados del Conflicto Armado Interno de 1980 al 2000, para desinformar sobre la historia del Perú”.  No está claro de que se trata, es un cambio de patrón de comportamiento del Estado o simplemente se trata de una acción errática y desarticulada frente a un tema históricamente marginal para el Estado. 

Es hora de deponer la indiferencia y el silencio, respaldemos la protesta de las organizaciones de víctimas y de la CNDDHH, preservación y continuidad de este proyecto es de interés nacional, no solo como un justo tributo a memoria del dolor y la dignidad de las víctimas, también porque será el histórico recuerdo de los crímenes atroces que no deben repetirse jamás, como un sustento fundamental para la reconciliación nacional. Exigir el retiro inmediato de las disposiciones emitidas que autorizan la afectación del espacio asignado para la construcción del Santuario, más aún cuando el espacio fue declarado intangible desde el 2007 y que el estado garantice el cumplimiento pleno de los compromisos asumidos a través del Ministerio de Justicia y en general saldar la deuda social pendiente con este segmento de población, hoy también impactada por el Covid 19 y sus secuelas.