Y eso es lo que está pasando desde hace varios años con los sucesivos gobiernos, que no solo les tiembla la mano, sino hacen lo indecible para re-interpretar la ley y cuando no resulta entonces apelan a la conciencia, tal como lo hizo la ministra Sasieta, de quienes se supone tienen obligación y, sobre todo, dependen asuntos tan vitales como la salud, la vida, la educación, la seguridad entre otros temas fundamentales.

Desde hace algunos años, ante la impotencia de no poder romper el círculo férreo de la impunidad, ante la inexistencia de una instancia que vele por los derechos de las personas dentro de la instituciones, la sordera selectiva de los primeros ministros, en temas como el aborto terapéutico, fundamental para preservar el daño a la salud, la anticoncepción oral de emergencia (AOE), que puede hacer la diferencia después de la relación sexual no protegida o el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, cuyo matrimonio es absolutamente válido y aplica el principio de reciprocidad, como es el caso de los esposos Ugarteche-Aroche peruano y mexicano respectivamente, hemos tenido que recurrir a la justicia, imaginándonos como el último recurso para exigir un derecho que sí opera para otros y que no existe razón para negarlo.

Estoy absolutamente consciente que a quien estamos apelando, no sólo es la última ratio para obtener justicia, sino también es una arena muy complicada, porque si bien deberían tener al menos claro el principio de no discriminación ante la ley, no son especialistas en las materias que debaten, pero aquellos que si lo son, no solo pasan de largo, sino obstruyen y lo que es peor sin rendir cuentas a nadie, pues hacen de sus despachos ministeriales, de sus direcciones generales, de sus jefaturas, consultorios, hasta de su silla, su feudo o su chacra y se comportan como dueños de su verdad y sus limitaciones. 

De hecho, el abuso y la impunidad pueden darse en cualquier campo y caso, más aún cuando quien demanda o solicita es considerado/a ciudadano/a de segunda clase, pero estos hechos son mucho más frecuentes cuando estos temas se tratan de sexualidad y reproducción y todo lo que sea salir de la caja de la heterosexualidad y de los estereotipos.

Lamentablemente, en estos temas se termina la evidencia, se terminan las lógicas razonadas y se da pase al supuesto libre albedrio o a la ausencia del término especifico (la trampa de siempre), aunque el sentido de la norma, vaya por un camino distinto. 

Con esto no quiero decir que la solución sea sencilla, pero si me hace pensar en la obligación de los y las funcionarias y lo que está fallando de manera sistemática en nuestro tan alicaído Estado y es la dificultad de lograr que la igualdad de género sea efectivamente uno de los enfoques que delinee las políticas y no simplemente la mención obligatoria de todos los documentos oficiales y que muy poco o nada se traduce en su implementación. Pues si se aplicara el enfoque de género, no hubiese sido posible un spot como el de “La Historia de Lucha” de la Campaña de la Presidencia del Consejo de Ministros, (PCM) #LuchaPeru, que edulcora la historia de una mujer pobre, que se valió de sus propios medios para salir adelante y que para ella, y para las miles de adolescentes, jamás llegó el Plan Multisectorial de Reducción del Embarazo en Adolescentes ni los servicios para que pudiera ejercer su derecho a la educación, pues todo hace suponer que ella y su madre se lo pagaron solitas, pues es muy conocido que cuando más pobre eres, es más difícil todo.

Así que este llamado, no solo es para los y las juezas cuyas sentencias nos llenan de vergüenza e indignación por juzgar a las víctimas el color de la ropa interior que llevan, o una fiscal se atreve a acusar a una niña de 12 años de auto infringirse un aborto para declararla infractora, ni tampoco al juez de declaró incapaz de violar a un hombre por declararlo impotente con la prueba que el mismo aplicó (no me pregunten como llegó a esa conclusión por favor) o lo que hacen una mayoría, eso no me toca a mí, le toca a usted, mientras tanto, quienes necesitan de ese vital insumo, se quedan en ascuas, como viene pasando con la píldora de Anticoncepción Oral de Emergencia- AOE y que ahora será nuevamente el Tribunal Constitucional el que decidirá si nos ponemos a tono con la ciencia y la razón o nos quedamos en el oscurantismo. 

Como se habrán dado cuenta no he hablado de los “ConMisHijosNoTeMetas”, ni de “alas sin componenda”, que tienen en su comité consultivo al pobre San Martin y, a Santa Rosa de Lima, porque ellos estarán allí y seguirán presentes con sus partidos políticos, sus congresistas y ahora sus candidatos. El problema en realidad no son ellos, sino las autoridades que nos representan y que claudican, eso es lo inadmisible, así que, para empezar a mejorar el país, necesitamos que las autoridades sean sólidas, que aprendan a diferenciar entre sus creencias religiosas, sus traumas o su moralidad y el ejercicio público, que su quehacer este sujeto a la rendición de cuentas con indicadores claros. 

Es un hecho que necesitamos cambiar el trato, necesitamos un compromiso distinto y necesitamos funcionarios y funcionarias que no se laven las manos cuando de sus obligaciones se trata para evitar que la impunidad siga deteriorando e impidiendo el acceso a la justicia en nuestro país.