¿Desde hace cuánto tiempo sabemos que los trabajos en las grandes cadenas de comida rápida, centros comerciales, teleoperadoras y supermercados son explotación pura? Hace más de 20 años, por lo menos. Son esos trabajos a los que miles de jóvenes acuden como el camino más rápido para ganar algo, "es lo que hay" y ese, es el problema de fondo.

Y, a ese problema, lo concebimos como normal. Cuando ocurren desgracias como las Malvinas, Larcomar, Mesa Redonda y ahora lo de Mc Donald´s, los grandes lobbies comerciales, sus millonarios estudios de abogados y sus opinólogos defensores, recurren, rápidamente, a culpar a la informalidad. Olvidando que inclusive la informalidad, es consecuencia de algo mucho mayor y macabro: la política del “cholo barato”, del “trabajador fusible” o del paraíso de la “mano de obra barata”. Sino apelan a la excusa del contexto económico para no avanzar en derechos sociales fundamentales básicos.

Lo real es que vamos a cumplir tres décadas desde que esta política laboral de recortar cada vez más el empleo en condiciones decentes y dignas, por favorecer a las grandes compañías privadas, permitiéndoles contratar personas en condiciones cada vez más flexibles; inició en los años noventa con la dictadura fujimorista. La misma que destruyó las bases de derechos sociales fundamentales como la negociación colectiva, por ejemplo.

Y precisamente, en estos últimos años se han producido los hechos más dolorosos que revelan la negligencia, responsabilidad y omisión tanto de las entidades estatales encargadas de fiscalizar e inspeccionar a estas empresas, como de éstas mismas que, tras la fachada de ser formales, son aquellas que no cumplen ni respetan la ley. 

En el 2011 falleció Christian Alza Torres de 22 años. Murió una madrugada luego de recibir una fuerte descarga eléctrica cuando realizaba labores de limpieza en el restaurante de comida rápida, Bembos en San Isidro. Los familiares declararon que hubo negligencia “El cableado de la máquina estaba suelto, estaban pelados y esto ya había sido reportado anteriormente y no se había solucionado, solo se le puso una cinta aislante”, denunció Luis Celis, tío de la víctima al noticiero ‘Primera Edición’.

En el año 2016 fallecieron cuatro personas, murieron asfixiadas, en el incendio del cine UVK de Larcomar en el distrito de Miraflores. La municipalidad y la empresa se disputaban responsabilidades incumplidas. La entonces, subgerente de Fiscalización y Control de Miraflores, quien debía supervisar las medidas de seguridad del cine, las había calificado de “excelentes”. Sin embargo, el abogado de una de las víctimas denunció que “no había un sistema de rociadores en salas ni pasillos. Los detectores de humo tampoco funcionaron a tiempo”.

Y en el 2017, nos estremecimos con la agonía de Jovi Herrera y Jorge Luis Huamán, ambos de 19 y 21 años de edad, respectivamente. Murieron quemados en un conteiner de la galería Las Malvinas en el Cercado de Lima, mientras los hacían falsificar fluorescentes. Los únicos responsables condenados es la pareja dueña de esa tienda, pero ningún funcionario ni responsable político ha sido sancionado. El Ministerio de Trabajo y Sunafil llegaron tarde, una vez más. 

Y si retrocedemos algunos años, el incendio de Mesa Redonda cobró la vida de 277 personas entre niños, mujeres, ancianos, y más de 500 familias afectadas con quemaduras, económica y psicológicamente. Este 29 de diciembre se cumplen 18 años y todo sigue igual. Debería llamarse Bomba Redonda al peligro en el que trabajan miles de familias en uno de los acopios comerciales más conocidos de nuestra ciudad. A lo largo de estos años, muchas mafias se han reorganizado para explotar ambulantes, chantajear empresarios, traficar con animales e incluso con trata de personas, como lo han señalado informes periodísticos. Ni un responsable. Por el contrario, todo igual.

Veamos, ¿qué es lo común entre estas tragedias? En primer lugar, no decir las cosas por su nombre es mentir. En todos los casos mencionados, hubo negligencia, precariedad laboral normalizada e incapacidad de los entes fiscalizadores e inspectores. No es mucha la distancia entre los empresarios informales y las grandes cadenas comerciales formales, su ley compartida es el enriquecimiento a partir de la explotación y precarización de la fuerza de trabajo de sus mal llamados colaboradores. Los llaman así para generarles la sensación de independencia y reducir la voluntad de reclamo ante alguna injusticia o abuso. 

Fueron los jóvenes los que han pagado con sus vidas la romantización de la pobreza en la que se escuda esta teoría hipócrita del “emprendedurismo”. Son las élites de nuestro país las que nos hacen pagar las responsabilidades de sus decisiones. Las mismas que son incapaces de asumir cierta responsabilidad en las injerencias que tienen en muchas de las leyes anti-laborales que impulsan sin desparpajo. ¿Recuerdan la Ley Pulpín? Si no fuera por el gran movimiento juvenil, del cual formé parte y del conjunto de la ciudadanía, se hubiera dado un mayor marco legal para seguir explotando a los jóvenes. 

Millones de jóvenes nos vemos reflejados en Alexandra y Gabriel. Ganar un sueldo mínimo que no nos garantiza en lo absoluto, condiciones mínimas para llevar una vida digna. No alcanza para vivir, estudiar y disfrutar de nuestras familias. Terminamos aceptando estos empleos porque no exige mayor calificación, los horarios pueden que nos faciliten hacer otras cosas como estudiar o simplemente ayudar en los gastos de la casa. Y ojo, en la investigación “Trabajo Decente en América Latina”, de RedLat, a la que pertenecen siete países, reveló que en Perú el 50% de los trabajadores recibe menos del salario mínimo, el peor nivel en la región.

Es pocas palabras, cada vez que escuches argumentos a medias, recuerda que el problema es estructural y que tiene un marco legal en la Constitución de 1993, que hay que destrabar. La tan cacareada formalización a la que tanto aluden los opinólogos neoliberales, solo nos alcanza para seguir siendo pobres.  

Que desafortunado que desgracias de este tipo persigan a la Ministra de Trabajo. Primero las Malvinas (donde estuvo a cargo de Sunafil) y ahora McDonald’s. Responsabilidad política le llaman cuando un funcionario público tiene que responder por los errores y responsabilidades que ocurren en su ámbito y dentro de sus funciones. 

El problema está diagnosticado. Se han desarrollado muchos planes juveniles y el problema sigue estando ahí. O se toman medidas estructurales, como el desarrollo de competencias profesionales, de prácticas, becas o la formación profesional acorde al avance de la tecnología y nos ponemos de acuerdo para llevar a cabo una reforma educativa y laboral que ponga en el centro al ser humano en políticas de empleo, o no funcionará. 

El mercado nos elige jóvenes. Diga algo ministra, el silencio es como la justicia que tarda, pero nunca llega.