En medio de la confrontación Ejecutivo-Legislativo, y el posible adelanto de elecciones (o la renuncia de Vizcarra), se ha abierto la posibilidad de un gobierno de la CONFIEP, justo en el momento en que más lo necesitan las grandes corporaciones.

El distanciamiento de la segunda vicepresidente, Mercedes Aráoz, del presidente Vizcarra, y su insistencia de que no renunciara, abre en el actual escenario esta posibilidad, sobre todo si tiene el apoyo de grandes poderes económicos y mediáticos. Esta fórmula podría resultar una "salida negociada" que provoque la renuncia de Vizcarra y que haga asumir "constitucionalmente" la presidencia a Aráoz. La jugada es posible aunque arriesgada.

Existe entonces la posibilidad de que se forme un nuevo triángulo de poder elitista con Aráoz a la cabeza en coordinación con el Congreso. El plan exige que el Congreso siga presidido por el gran empresario vitivinícola Pedro Olaechea-Álvarez Calderón (grupo Tacama), con apoyo de la coalición fujimorista, que tiene detrás a Roque Benavides Ganoza (grupo Buenaventura, Yanacocha, Cerro Verde), el principal grupo minero nacional-extranjero del país; y que Mercedes Aráoz (segunda vicepresidenta, amiga de PPK y parte del grupo de consultoras corporativas que llegó al poder a las justas el 2016) no renuncie y asuma el poder.

La manera como Vizcarra le ha sacado el cuerpo a Tía María ha indignado a los inversionistas, que exigían a través de sus voceros (como en Las Bambas), una salida represiva presentada como "defensa del Estado de derecho", lo que vuelca a la CONFIEP y las corporaciones que están detrás, banqueros y mineros, a buscar otra opción de gobierno que apoye su política de mano dura y no más investigaciones. De ese modo se articularía el Ejecutivo con el Legislativo para demorar o descarrilar las investigaciones en curso del Poder Judicial, rechazando el acuerdo con Odebrecht para de esa manera impedir que fluyan las pruebas, que es parte del arreglo de esta gran coalición que afecta a importantes sectores de la gran empresa. En paralelo, se pondría énfasis en “la estabilidad” y “el retorno a la senda del crecimiento”, al mismo tiempo que se perfilarían medidas represivas.

Sería un gobierno provisional de la CONFIEP, que se forma justo en el momento que caen sus ganancias y se acrecientan sus temores, estando preocupados por el "ruido político" y las investigaciones judiciales que tocan a todo el Club de la Construcción, a varios de los principales estudios de abogados de asesoría corporativa, a numerosos tecnocracias que aprobaron los proyectos en la hasta ahora intocada Pro Inversión. Ello sin dejar de mencionar al propio PPK, de quien hasta ahora se le tolera su detención domiciliaria como un preso más especial y cuyas investigaciones también pueden parar. 

Es muy importante para las elites abogadiles y empresariales evitar por todos los medios que se juzgue un caso de conflicto de intereses en la medida que ocurre con notable frecuencia con la puerta giratoria. Hay que bloquear que se tenga un precedente.

El problema de esta opción es que desnuda el poder y podría generar una crisis de régimen si se genera una amplia oposición popular ante las influencias más abiertas de la CONFIEP, el freno a los esfuerzos anti corrupción y las medidas represivas.