El 31 de diciembre de 2018, el Gobierno peruano aprobó oficialmente, mediante el Decreto Supremo No. 345, la Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP) elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la cual a través del Consejo Nacional de Competitividad y Formalización (CNCF), conducirá esta política que será de cumplimiento obligatorio hasta el 2030 para todas las entidades de los diferentes Poderes del Estado, Organismos Constitucionales Autónomos y de los diferentes niveles de gobierno. Esta política consta de nueve objetivos prioritarios, donde cada uno de ellos contiene lineamientos de política, así como indicadores y responsables de estos indicadores.

En mi despacho del Parlamentario Andino hemos realizado un análisis crítico de esta política. Este balance pone en evidencia que el Gobierno pretende impulsar políticas para continuar con el mismo modelo que ha regido en nuestro país desde los años noventa. Esta estrategia no condujo al país al desarrollo sostenible, y no ha superado asimetrías y desigualdades que afectan a la población, especialmente a las más pobres.  El documento  publicado  aquí, hace un análisis de cada objetivo de la PNCP, la cual discute, señalando limitaciones y lineamientos alternativos de política.

De acuerdo con el objetivo prioritario 1, dotar al país de infraestructura económica y social de calidad, el MEF propone seguir impulsando la modalidad de ejecución de infraestructura mediante APPs sin ningún cambio o mejora que permita superar los problemas financieros, de gestión y de corrupción involucrados. 

Con respecto a los objetivos prioritarios 2 y 3, fortalecer el capital humano y generar el desarrollo de capacidades para la innovación, adopción y transferencia de mejoras tecnológicas, el Gobierno plantea garantizar una educación de calidad, así como consolidar el ecosistema de innovación y absorción de tecnologías. Sin embargo, no considera aumentar los recursos necesarios para alcanzar este fin. 

De acuerdo al objetivo prioritario 5, crear las condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo para la generación de empleo digno, la PNCP limita los derechos laborales, para así aumentar la competitividad y la formalidad. Se olvida que desde los años 90 se han venido implementando medidas de flexibilización laboral, y la informalidad no se ha reducido significativamente. 

Los objetivos 6 y 7 se encuentran relacionados con el desarrollo productivo de nuestro país, generar las condiciones para desarrollar un ambiente de negocios productivo y,  facilitación del comercio exterior y mejora del desempeño de la cadena logística. Pero, el MEF sigue insistiendo equivocadamente, en la facilitación del comercio y un entorno favorable de negocios basados en nuestras ventajas comparativas, asumiéndose que con medidas de simplificación, estándares de calidad y los instrumentos de proveedores y otros existentes, bastan para una diversificación productiva, y la internacionalización de las pymes. 

Por otro lado, en el objetivo prioritario 9, promover la sostenibilidad ambiental en la operación de actividades económicas, no se menciona el impacto ambiental que ha tenido la reducción de los estándares dados por el Gobierno en los últimos años, para promover la inversión privada. Tampoco se aplican sanciones por los daños ambientales generados por las empresas, sino solo se mencionan criterios preventivos.

Las políticas pueden tener buenos objetivos en varios casos, pero malos o insuficientes instrumentos. Se insiste en la profundización del modelo primario-exportador excluyente, en vez de proponer cambios estructurales hacia una diversificación productiva, basada en la innovación, ciencia y tecnología con nuevos motores de crecimiento y empleos realmente dignos y sostenibles. 

Se requiere recursos que deben salir de un nuevo pacto fiscal, que combata la elusión y evasión fiscal, aumentando la presión tributaria como porcentaje del PBI, que permita un crecimiento sostenible, redistributivo y en beneficio principalmente, de la población más vulnerable.