El presidente Vizcarra, anunció el envío de un proyecto que permita adelantar las elecciones  presidenciales y del Parlamento. Es una medida adecuada para salir de la crisis institucional en que se encuentra el país, acompañada de una asamblea constituyente, tal como hemos planteado en su momento.

Pero, no se trata solo de cuanto avanza la “reforma” política o judicial, ese ha sido el argumento, o pretexto, para anunciar tal medida. En el discurso de Fiestas Patrias, resaltó que había conducido una transición democrática exitosa 

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El gobierno ha fracasado en reactivar la economía, y ha priorizado la meta inflación y el ajuste para reducir el déficit fiscal. Pero insistió en señalar que creceríamos 3.5%, que la recaudación tributaria se ha recuperado, que apoyará a pymes y las compras públicas serán un mecanismo. Se espera casi 5 millones de turistas, que se impulse la red vial departamental con 20,000 millones de soles en 5 años, desarrollo social, universidades públicas. Sin duda uno de los anuncios más importantes, fue la implementación del acceso universal a salud, junto con la transformación digital del estado y el avance en la descentralización (todos muy positivos). Pero, nada de combatir la elusión y evasión tributaria, que darían recursos para implementar tales medidas.

Plan de competitividad y productividad

Pero, un tema clave es este plan 2019-2030 (publicado el mismo 28 de julio), igual que el plan nacional de infraestructura, que pretenden tener una dimensión territorial. Sin embargo, el 50 % de obras estará en Lima metropolitana, el 83 % está concentrado en transporte y comunicaciones y el 66% son APPs. Estas medidas buscan implementar las políticas aprobadas el 31 de diciembre del año pasado. Lejos de la diversificación productiva anunciada para tres sectores (forestal acuicultura y turismo), se consolida una estrategia primario-exportadora, para lo cual se están impulsando medidas de facilitación de comercio, un clima adecuado para los negocios, infraestructura económica y social con más APPs, recortes de derechos laborales, flexibilización de estándares ambientales. En suma, la profundización del modelo económico.

Así lo confirma el titular del MEF, en una muy transparente entrevista (Gestión, 30/7/19). Señala que tienen solo un año para implementar estas medidas, pero lo prefiere a años de incertidumbre, y que espera hacerlo armoniosamente con el nuevo titular del Congreso, que comparte el enfoque.

También señala que tiene la expectativa que salga pronto la renovación de la ley de promoción agraria, la simplificación del régimen tributario (muy similar a propuesta de la CCL, declara), zonas económicas especiales, plan de desarrollo sobre el corredor del oleoducto norperuano, una nueva ley de minería acorde al modelo (sin consulta previa vinculante). Calculan que unas 20 (de las 84) medidas deben pasar por el Congreso, pero que el resto son regulaciones internas principalmente de los ministerios. Espera que no se dé marcha atrás en el proyecto Tía María, y confiesa que aceptar la petición de revisión de la licencia es un trámite administrativo, pero que demostrarán que esa decisión se hizo en el marco de la ley y es correcta.

Adelanto elecciones y modelo

Por tanto, queda claro que el gobierno buscará acelerar la profundización del modelo en este año, en alianza con el nuevo presidente del Congreso. Que no se dará marcha atrás en temas demandados por la población como Tía María, que avanzarán a toda velocidad porque la mayoría de las normas se pueden implementar desde los ministerios.

En vez de dedicarse a reactivar la economía en el corto plazo, y dejar que sea el pueblo quien decida con su voto si se profundiza o no el modelo económico en curso, lo están blindando.
Esto es un engaña-muchachos. Aquellos que dan loas a Vizcarra, sobre todo del campo progresista, deberían reflexionar y reaccionar. Se debe exigir que las medidas estructurales respecto a la economía, las defina el nuevo gobierno y Congreso elegidos. 

No hacerlo, sería una burla a la demanda de los gremios laborales y agrarios, a las comunidades afectadas por la contaminación, a los reclamos de las regiones, a los trabajadores y usuarios de salud y educación que ven deteriorada su calidad de vida, mientras otros hacen negocios con lo que son derechos universales. Se necesita una coordinación urgente y deponer legítimos intereses personales y particulares, para construir una plataforma programática y política que ofrezca al país una alternativa para el desarrollo sostenible y el bienestar sobre todo de los menos favorecidos. No se debe tolerar que sigan “meciendo” al pueblo.