La semana pasada, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó el Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (“media aprobación”) y se la pasó al Senado para su discusión final.

Con este nuevo proyecto de ley, el Estado argentino da un paso importante para garantizar el derecho de sus ciudadanos a la información y a la libertad de expresión, pues la radiodifusión no debe ser entendida como un simple negocio comercial, sino también como una forma de derecho a la información y la cultura.
Este proyecto de ley fue presentado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y obtuvo un importante apoyo de las agrupaciones políticas de centro- izquierda después de que se modificara el mismo, prohibiendo que las empresas de telefonía posean propiedad sobre los medios audiovisuales y otorgándole mayor pluralismo a la nueva Autoridad Federal de Comunicación Audiovisual. Si bien este proyecto tiene como principales detractores a la derecha y a los grandes monopolios mediáticos, hasta el Relator para la Libertad de Expresión de la ONU, Frank La Rue, se ha pronunciado a su favor, pues es, según dice “lo más avanzado que he visto en el continente y en el mundo en cuanto a telecomunicaciones”. (Ver entrevista completa a La Rue en el diario argentino Página 12).
¿Cuáles son las novedades de esta ley? En primer lugar, como ya se mencionó, se crea la Autoridad Federal de Comunicación Audiovisual, organismo descentralizado y autónomo, entre cuyas facultades destacan las de fiscalizar y aplicar sanciones a las empresas que presten servicios de radiodifusión, sean públicas o privadas. Además, se crea la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual para canalizar las consultas, reclamos y denuncias del público usuario. Pero eso no es todo. Esta nueva ley pone fin a los monopolios de las grandes empresas privadas de radiodifusión en Argentina, pues ahora las prestadoras de servicios serán de tres tipos: estatales, privadas con fines de lucro y privadas sin fines de lucro. De esta manera, se le otorga espacios radiales y televisivos a las ONG y a las organizaciones sociales. Más aún, con esta nueva ley, las empresas de radiodifusión privadas estarán obligadas a emitir un mínimo de setenta por ciento (70%) de producción nacional durante su programación.
La nueva Ley de Radiodifusión de Argentina es una experiencia interesante de imitar en el Perú, pues actualmente el Estado Peruano no cuenta con un mecanismo autónomo de vigilancia sobre los medios de radiodifusión, ya que si bien la mayoría son empresas privadas, el servicio que brindan es público. Además, esta carencia permite que hechos lamentables, como la cancelación de la autorización de funcionamiento de Radio La Voz de Bagua, sucedan. ¿Quién protege a Radio La Voz?
Ni siquiera el Consejo Consultivo de Radio y Televisión – CONCORTV puede intervenir, pues este no es un ente autónomo, sino adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Por tanto, el CONCORTV no cuenta con la capacidad para elaborar normas ni políticas y menos para sancionar o defender a los medios de radio y televisión, pues su opinión no es vinculante. Se necesita que el Estado recobre su capacidad de garantizar el derecho de la gente a acceder a una información completa y veraz, defendiendo la libertad de expresión, pues  los servicios de radiodifusión no deberían ser bandera política del gobierno, sino educar a la gente.