Parece ser que la táctica optada por el gobierno de Ollanta Humala en las últimas semanas es la huida hacia delante. Pero se trata de una huida pobre, insistiendo en los mismos temas y aliados que lo han llevado a una situación de repliegue en este año pre electoral. Insiste en los errores, arma patrañas, insulta y defiende lo indefendible. Por ello la novedad son las formas, aunque estas sean feas, no algún cambio que nos podría revelar una reflexión sobre el fondo de las cosas. En esta dinámica parece darse la convocatoria al pleno del Congreso para que debata el futuro de la ley Pulpín.

¿Qué le puede dar otro escenario aparte de la indudable sorpresa para los adversarios? La esperanza, aunque suene inverosímil, de desmarcar al movimiento social. Cuatro marchas han sido sucesivos golpes al plexo y quiere evitar los efectos de una quinta que se había programado para el día miércoles 28. De allí la importancia de que continúe la movilización ciudadana y especialmente juvenil, que se ha convocado para hoy 26 en la mañana, para que haya un resultado favorable.

En el terreno parlamentario, además, el pleno del Congreso se convierte en una cancha nueva en la que el gobierno piensa que puede maniobrar mejor que en la Comisión Permanente donde daba la impresión que había perdido la partida. Los toma y daca serían en esta evaluación más factibles en el pleno, donde están todos los congresistas, que en la Comisión, tomando en cuenta además que el Poder Ejecutivo suele tener los recursos para conseguir los votos que necesita, por lo menos es lo que ha ocurrido hasta ahora.

Por lo que sabemos a pocas horas de iniciar el debate no hay síntomas de que el gobierno haya cambiado de actitud respecto a la ley de marras ni que se haya conmovido por el movimiento de los jóvenes. Primero, ha tratado de engañar con supuestos cambios en el reglamento de la ley y luego ha querido postergar el debate legislativo, pero ante el nulo efecto de estas maniobras podría querer recomponer alianzas y plantear la modificatoria de la norma. El movimiento juvenil está claro que cualquier planteamiento de modificatoria es querer cambiar algo para no cambiar nada y por lo tanto insiste en su pedido original. Sin embargo, varios grupos de derecha que votaron a favor de la ley al ver el masivo repudio de los jóvenes se cambiaron primero a pedir la modificatoria antes de plegarse al movimiento en las calles y exigir la derogatoria. La esperanza para el gobierno sería volver a un escenario de modificatoria y lograr una mayoría en ese sentido.

El consenso social y político en torno a la derogatoria es de tal magnitud (76% de la población en contra de la norma según las últimas encuestas) que será difícil que el gobierno consiga una mayoría para modificar y evitar derogar. En cualquier caso, si lograra una mayoría que le permita salirse con la suya sería un triunfo pírrico por el repudio que se ha generado ya en la sociedad. Si, por el contrario, se logra imponer una mayoría que exprese a las calles y se derogue la ley, se habrá logrado un triunfo muy importante y se le habrá dado un golpe significativo al modelo neoliberal que tiene en la informalidad y el trabajo sin derechos a algunos de sus pilares fundamentales.

En cualquier caso la resistencia a la ley Pulpín no termina en el debate de hoy día en el Congreso. Es fundamental que un debate sobre el trabajo con derechos, es decir el trabajo decente, ocupe el centro de la discusión electoral que debe empezar hacia fin de año con la campaña para las elecciones generales de 2016. El que un debate sobre un tema que toca el corazón del neoliberalismo haya surgido con esta fuerza es un excelente presagio para que las elecciones de 2016 no sean más de lo mismo sino que muestren alternativas de fondo que permitan avizorar un Perú distinto para la mayoría de los peruanos.